Comentarios a la Constitucion de los Estados Unidos de América
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Title: Comentarios a la Constitucion de los Estados Unidos de América
Author: James Kent
Translator: J. Carlos Mexia
Release date: September 5, 2014 [eBook #46771]
Most recently updated: October 24, 2024
Language: Spanish
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*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK COMENTARIOS A LA CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ***
Nota del Transcriptor:
Errores obvios de imprenta han sido corregidos.
Páginas en blanco han sido eliminadas.
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Las notas del traductor fueron movidas desde el final del libro hacia
el lugar del libro donde son referidas.
COMENTARIOS A LA CONSTITUCION
DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
POR
JAMES KENT
OBRA TRADUCIDA DEL TEXTO ORIGINAL
ADICIONADA Y ANOTADA
POR
J. CÁRLOS MEXÍA
Abogado
de los Tribunales Mexicanos
[Ilustración]
MÉXICO
IMPRENTA POLÍGLOTA DE CÁRLOS RAMIRO
Calle de Santa Clara, esquina al callejon
1878
ES PROPIEDAD DEL TRADUCTOR.
PROLOGO
Apesar de que se han publicado muchas y muy buenas obras sobre derecho
constitucional de pocos años á esta parte, creemos prestar un servicio á
cuantos en nuestro país se dedican al estudio de las instituciones
democráticas, facilitándoles la lectura de los Comentarios á la
Constitucion de los Estados Unidos que escribió el canciller Kent,
traducidos hoy al español por primera vez, segun creemos. Ellos son
estimados como una de las mejores obras que se conocen sobre esa
importante materia en los Estados Unidos, tanto que allí sirven de texto
en las escuelas de Jurisprudencia.
Kent escribió su obra despues de haber desempeñado por espacio de
veinticinco años la magistratura en el Estado de Nueva York, y de haber
consagrado gran parte de su vida á la enseñanza del derecho
constitucional en el colegio de Colombia, perteneciente á dicho Estado.
Sus elucubraciones deben considerarse, por tanto, como el fruto de sus
meditaciones y larga experiencia. Si á esto se agrega el estilo claro,
conciso y muchas veces elegante que emplea al desarrollar sus doctrinas;
el sistema metódico segun el cual ha expuesto los grandes principios del
derecho constitucional, y la vasta erudicion con que enriqueció su obra,
se comprenderá la importancia que ésta tiene, conviniendo en que el
autor pudo decir con justicia: «He pagado el tributo que, segun Bacon,
debe todo hombre á su profesion.» Hemos procurado presentar exactamente
los conceptos del autor, mediante una traduccion tan literal cuanto ha
sido posible, supuesta la diversa índole de ambos idiomas; y como la
obra ha sido anotada por su autor y sucesivamente por sus editores, el
traductor ha creido conveniente colocar las suyas al fin del volumen.[1]
Para mayor claridad de las doctrinas de Kent, damos en un apéndice el
texto igualmente traducido de la acta de Independencia, de los artículos
de Confederacion y de la Constitucion actual de los Estados Unidos de
América, con sus adiciones y reformas.
México, Julio 15 de 1878.
_J. Cárlos Mexía._
[1] De esta obra se han hecho ya catorce ediciones en los Estados
Unidos. El Traductor consultó la última para formar el presente
trabajo.
CAPÍTULO I
HISTORIA DE LA UNION AMERICANA.
_RESUMEN. Párrafo I. Confederacion de las Colonias de la Nueva
Inglaterra.--II. Congreso de 1754.--III. Congreso de 1765.--IV.
Congreso de 1774--V. Declaracion de Independencia.--VI. Artículos
de Confederacion.--VII. Su ineficacia.--VIII. Convencion de los
Estados de 1786.--IX. Convencion general de 1787._
El gobierno de los Estados-Unidos fué instituido por el voto libre y la
voluntad uniforme del pueblo americano para su propia defensa y
felicidad. Sus facultades están en relacion con los grandes intereses
que como nacion tiene ese pueblo, y que en cuanto á su estabilidad y
proteccion penden de que se consolide la Union. Está investido de los
atributos principales de la soberanía política, y es considerado con
justicia como el guardian de nuestros mas caros derechos, la fuente de
nuestros deberes civiles y políticos mas importantes, y el medio seguro
de conseguir nuestro engrandecimiento nacional. La constitucion y
jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos merecen el mas
minucioso exámen, y éste se facilitará con la reseña histórica del
orígen y progreso de la Union, y del establecimiento de la actual
constitucion, fruto necesario de aquella, pues dará á conocer el
carácter y la excelencia del gobierno, preparando la inteligencia del
lector estudioso, para pasar á investigar las facultades que aquel
tiene.
La asociacion del pueblo americano en un solo cuerpo político tuvo lugar
cuando todavía era colonia y debia fidelidad y obediencia á la corona
británica. Mucho antes de la guerra de independencia y de las exigencias
del Parlamento británico que la produjeron, ya habia sido generalmente
reconocido que la union de las distintas partes que componian este país
era indispensable para su propia conservacion, prosperidad y
engrandecimiento.
I. Confederacion de las colonias de la Nueva Inglaterra.
Desde muy al principio de su fundacion, las colonias de la Nueva
Inglaterra tenian la costumbre de coligarse para su defensa comun. Eran
inducidas naturalmente á formar alianzas estrechas, porque eran unos
mismos su orígen, sus intereses, sus necesidades y aspiraciones, y
estaban animadas de un mismo espíritu, siendo además, muy semejantes sus
costumbres, su religion, sus leyes é instituciones civiles. Ya desde
1643, las colonias de Massachusetts, Plymouth, Connecticut y New-Haven
conociendo los riesgos á que estaban constantemente expuestas, rodeadas
como se encontraban por las tribus indígenas, y á fin de auxiliarse
mútuamente contra las exigencias y avances de sus vecinos los
holandeses, formaron una liga ofensiva y defensiva, declarando que ésta
seria firme y perpétua, y que se llamaria "Colonias Unidas de la Nueva
Inglaterra." Segun los artículos de esa confederacion, cada colonia
debia ejercer una jurisdiccion privativa sobre su propio territorio, y
en caso de guerra, suministrar un contingente de hombres y dinero
proporcionado á su respectiva poblacion. Anualmente debia reunirse un
Congreso compuesto de dos comisionados por cada colonia con facultades
para discutir y decidir todos los asuntos referentes á la guerra, á la
paz y á los intereses generales; y las determinaciones que fuesen
aprobadas por las tres cuartas partes de los miembros de la asamblea,
debian ser obligatorias para toda la confederacion.
Puede considerarse este pacto de asociacion como la base de la série de
ensayos que se hicieron despues para conseguir una union mas extensa y
perfecta entre las colonias. Contenia algunas providencias dispuestas
cuidadosamente, con la mira de dar seguridad y estabilidad al todo. En
ella se prohibia la reunion de dos colonias bajo una sola jurisdiccion,
sin el consentimiento de todas, y se requeria asimismo su unánime
consentimiento para la admision de otra nueva. Si una colonia violaba
alguno de los artículos de la confederacion, ó perjudicaba á otra
colonia, los comisionados de las demás debian conocer del asunto y
decidirlo. En virtud de este arreglo y bajo la autoridad de esta union,
las colonias de la Nueva Inglaterra procedian de hecho como Estados
independientes y libres de toda intervencion de un poder superior, lo
cual se debió á que toda la atencion de la madre patria estaba
concentrada en los asuntos de la guerra civil en que se veia envuelta;
así es que Inglaterra no contrarió este primer paso hácia la futura
independencia, ni le dió mucha importancia y casi no lo advirtió. Con
algunas alteraciones, esta confederacion subsistió por mas de cuarenta
años, y durante una parte de ese tiempo tuvo la aquiescencia del
gobierno inglés. No fué disuelta hasta el año de 1686 en que el rey
Jaime II declaró nulas las cartas de fundacion de dichas colonias.[2]
[2] Hutchinson, Historia de Massachusetts, tomo 1, pág. 126, nota.
II. Congreso de 1754.
Despues de haberse disuelto esta primera liga, el pueblo americano
siguió presentando frecuentes ejemplos de asociacion para atender á su
seguridad. Se solia reunir un Congreso, compuesto de los gobernadores y
de otros comisionados de la Nueva Inglaterra y de las demás colonias,
con el objeto de acordar medidas para la proteccion mas eficaz de la
frontera, y en 1722 encontramos una de estas asambleas en Albany. En el
año de 1754 se reunió allí mismo un Congreso mucho mas importante. Se
componia de los delegados de New-Hampshire, Massachusetts, Rhode Island,
Connecticut, New-York, Pennsylvania y Maryland, convocados á pedimento
de los lores comisionados del comercio y de las plantaciones, á fin de
que se examinaran los medios mas adecuados para defender á la América,
en caso de que estallara la guerra con Francia, que entonces era
inminente. El objeto que se propuso la administracion inglesa al
convocar esta asamblea, era relativo á los tratados de amistad con los
indios; pero los colonos tenian miras mas avanzadas, y los comisionados
que formaban el Congreso, entre cuyos nombres se encuentran algunos de
los mas distinguidos de nuestra historia colonial, proclamaron algunas
verdades inestimables, que siendo debidamente aceptadas por sus
compatriotas prepararon el camino á su futura independencia y á nuestra
actual grandeza. Una de las colonias (Massachusetts) dió instrucciones
terminantes á sus delegados para que entrasen en arreglos de union y
confederacion con las demás, á fin de atender á la seguridad general,
tanto en tiempo de paz como de guerra. La asamblea resolvió por
unanimidad, que la union de las colonias era absolutamente necesaria
para su propia conservacion. Desechó todos los proyectos de dividirlas
en confederaciones separadas, y propuso un plan de gobierno federal, el
cual debia formarse de un Consejo General de delegados que habian de ser
electos cada tres años por las asambleas provinciales, y un presidente
general nombrado por la Corona. Se facultaba á este consejo para
declarar la guerra y celebrar la paz con las naciones de los indios,
sujetándose al veto inmediato del presidente y al eventual del rey con
su consejo, debiéndose comprender en la confederacion á todas las
colonias que entonces existian, desde New-Hampshire hasta Georgia. El
Consejo debia tener la facultad de expedir leyes para el gobierno de las
nuevas colonias que se formaran en los terrenos que se fueran comprando
á los indios, de levantar tropas, construir fuertes, y aun armar buques
de guerra que guardasen la costa y protegieran el comercio, tanto en el
mar como en los lagos y rios. Debia tambien estar autorizado para
decretar y cobrar los derechos, impuestos y contribuciones generales que
fueran necesarios para esos objetos. Pero aun no habia llegado la
época, ni los ánimos estaban bastante ilustrados para un plan tan vasto,
y á este atrevido pensamiento de union continental le toco la suerte de
ser desechado, no solo por la Corona, sino tambien por todas las
asambleas provinciales. Por parte de aquella se supuso probablemente que
la union de las colonias les enseñaria el secreto de su fuerza y los
medios adecuados para emplearla y dirigirla; á la vez que éstas
recelaron de la influencia preponderante que daba á la Corona la
prerogativa real. Estábamos destinados á permanecer separados por
algunos años mas, formando hasta cierto grado repúblicas extrañas entre
sí, émulas las unas de las otras en su obediencia á la madre patria, y
en la consagracion á sus intereses, encelándose las unas de la
prosperidad de las otras y divididas todas por la política, las
instituciones, las preocupaciones y las costumbres. Eran tan poderosas
estas consideraciones y estaba tan exasperado el pueblo de las colonias
con motivo de las disputas que éstas tenian entre sí sobre sus límites y
cartas de fundacion, que en 1760 el Dr. Franklin (uno de los
comisionados al Congreso que formo el plan de union en 1754) expreso la
opinion de que era de todo punto imposible, que las colonias se ligaran
contra la madre patria, á no ser que se vieran obligadas á ello por la
mas vejatoria tiranía y opresion.
III. Congreso de 1765.
Sin embargo, la conviccion de la suma importancia de una union
federativa habia echado hondas raíces en los ánimos de los colonos,
nuestros antepasados, y la materia les era familiar. Tenian la costumbre
de formar asociaciones, con fines mas ó menos importantes, especialmente
en las épocas de sus peligros y dificultades. Se habia hecho sentir la
necesidad de la union, se habian palpado sus ventajas, se habian
explicado sus principios y señalado los medios de alcanzarla, y el
pueblo americano se veia impelido por causas irresistibles á recurrir á
ese medio de defensa y conservacion siempre que creia que peligraban sus
libertades, no tanto por el sistema de guerra irregular que le hacian
las tribus de indios, cuanto por las exigencias formidables y el poder,
todavía mas formidable de la madre patria. El haber asumido el
Parlamento británico, el derecho ilimitado de legislar para las colonias
en todos los casos, cualesquiera que fueran, y principalmente el de
imponerles contribuciones sin su consentimiento, derecho que á su vez
las colonias negaban, fundadas en que carecian de representacion, y la
pretension que tuvieron el rey y el Parlamento de compelerlas por la
fuerza de las armas, fueron las causas inmediatas de la revolucion
americana. En Octubre de 1765, poco despues del primer atentado contra
los privilegios que nos concedian las cartas de fundacion, es decir, de
la expedicion de la ley para arbitrar recursos en las colonias por medio
del papel sellado, á pedimento de Massachusetts, se reunió en New-York
un Congreso de delegados de nueve de las colonias, y redactaron un
proyecto de garantías, en el cual se declaró, que la facultad de
imponerles contribuciones residía exclusivamente en sus propias
legislaturas coloniales. Esta era una preparacion para una liga mas
numerosa y general de las colonias, la que tuvo lugar en 1774 y
estableció el fundamento de nuestra independencia y de nuestra gloria
imperecedera.
IV. Congreso de 1774.
Las exigencias todavía mas avanzadas que tuvo el Parlamento británico, y
el amago de las opresiones de la Corona durante este período crítico,
produjeron un cambio de ideas y opiniones en las doce colonias que se
extendian en este vasto continente desde la Nueva Escocia hasta Georgia,
y dieron por resultado que se unieran y mandaran sus delegados á
Filadelfia, "con facultades ó instrucciones para reunirse y deliberar
sobre los medios de atender á la felicidad comun." En ejercicio de su
autoridad los miembros de este primer Congreso continental, cuyos
nombres y conducta son familiares á la presente generacion y vivirán en
la gratitud de la mas remota posteridad, tomaron en consideracion el
estado deplorable que guardaba el país: fijaron en varias resoluciones
declaratorias los derechos inalienables que creian tener como ingleses
libres y señalaron á sus comitentes el sistema de violencias que se
preparaba contra sus derechos, ligándolos con los vínculos mas sagrados,
los del honor y del patriotismo en el empeño de renunciar á todo
comercio con la Gran Bretaña, como el medio mas eficaz para evitar
aquellas y asegurar el goce de éstos.[3] Estas resoluciones fueron
pronta y universalmente obedecidas y así continuó la union formada bajo
auspicios tan favorables, renovándose los delegados al Congreso. Durante
todos los períodos de la guerra y de nuestra revolucion política, esta
union fué estimada y respetada como el guardian de nuestra paz y el
único fundamento sólido de nuestra independencia nacional. En Mayo de
1775 se volvió á reunir en Filadelfia un Congreso investido de ámplias
facultades discrecionales. Los delegados, á semejanza de los del
anterior Congreso, fueron en parte elegidos por la cámara popular de la
respectiva legislatura colonial, y mas comunmente por asambleas del
pueblo de cada colonia. Recibieron instrucciones para "concertar,
convenir, dirigir, ordenar y emplear" los medios que creyeran mas
adecuados y convenientes para conseguir la reparacion de los agravios
inferidos á los americanos, ó en términos mas generales, para encargarse
de la defensa de las libertades del país.
[3] La mas importante de estas resoluciones es la que contenia la
declaracion de que como las colonias no estaban ni podian estar
bien representadas en el Parlamento británico, les asistia el
derecho de «ejercer por medio de sus diversas legislaturas
provinciales, el poder libre y exclusivo de legislar sobre todo lo
concerniente á sus contribuciones y gobierno interior, sujeto
únicamente al veto de su soberano.» Las colonias, desde muy al
principio de su fundacion, sostenian que estaban exentas de la
observancia de las leyes de la Gran Bretaña sobre navegacion, así
como de su sistema de monopolio comercial, [con excepcion de
Pennsylvania, cuya carta de fundacion reconocia la autoridad de
dichas leyes] y se opusieron á su cumplimiento por todos los medios
indirectos á su alcance que no fuera una resistencia abierta,
asumiendo el derecho de establecer el comercio libre. [1. Hutch.
Hist. 322.] Pero el congreso de 1774, guiado por un espíritu de
conciliacion, renunció á esa pretension, declarando que por la
necesidad en que se encontraba y teniendo presentes los intereses
mutuos de ambos países, gustosamente consentia en la ejecucion de
todas las leyes del Parlamento británico, que de _buena fé_ se
limitaran á reglamentar su comercio exterior, con el objeto de
alcanzar todas las ventajas comerciales del imperio en favor de la
madre patria, y del comercio de las partes integrantes que lo
formaban; _pero desconocia cualquiera pretension de imponer
contribuciones interiores ó exteriores á los súbditos americanos,
sin su consentimiento_. Journals of Congress vol. 1.
Poco despues de la instalacion de este Congreso, Georgia se adhirió y
completó la confederacion de las trece colonias. Ya habian comenzado las
hostilidades en la provincia de Massachusetts, y la pretension del
Parlamento británico de que poseia una soberanía absoluta é ilimitada
sobre las colonias, estaba en vía de resolverse por las armas. El
Congreso continental encargado de defender los derechos é intereses del
pueblo de las colonias unidas, investido con el poder y sostenido por el
celo y la confianza de sus comitentes, se preparó á la resistencia.
Publicó un manifiesto sobre las causas y la necesidad de tomar las
armas, y procedió inmediatamente á levantar y organizar un ejército, á
prescribir reglas para el gobierno de sus fuerzas de mar y tierra, á
contratar empréstitos, á emitir papel moneda bajo la garantía de la
Union, y asumiendo gradualmente todas las prerogativas de la soberanía
nacional, al fin el dia 4 de Julio de 1776 ocupó su puesto entre las
naciones del mundo, declarando que las colonias unidas eran Estados
libres é independientes.
V. Declaracion de Independencia.
Esta memorable declaracion, semejante á la que publicó la Confederacion
de los Países Bajos en circunstancias análogas, recapitulaba las
vejaciones cometidas por el rey británico, sosteniendo que era derecho
natural de todo pueblo librarse de la tiranía, y sus autores con la
dignidad y entereza que proporciona una conciencia recta, apelaban
solemnemente al género humano, defendiendo la necesidad de esta medida.
En virtud de esta declaracion, hecha "en el nombre y con la autoridad
del pueblo," las colonias quedaron libres de toda obediencia á la corona
británica, quedando totalmente disuelta toda conexion política entre
ellas y la Gran Bretaña. El principio de la propia conservacion y el
derecho que tiene toda sociedad á su libertad y felicidad sancionaban
esta separacion. Cuando el gobierno establecido en un pueblo llega á
ser incapaz de llenar su mision, ó contraría los fines para que fué
instituido, ese pueblo tiene un derecho, fundado en la ley natural y en
la conciencia del género humano, reconocido por las autoridades mas
sanas y demostrado con ejemplos verdaderamente esclarecidos, á
derrocarlo y á poner nuevos guardianes para su seguridad futura. Este
derecho es mas palpable, y el deber de ejercerlo aparece de una manera
mas clara é inequívoca, cuando las colonias se hallan situadas á mucha
distancia de la madre patria, y no pueden ser gobernadas sin vejaciones
ni obstáculos que continuamente van en aumento; y cuando han llegado
además al completo desarrollo de sus fuerzas y recursos, ó segun el
lenguaje que Montesquieu aplicaba precisamente á nuestro caso, "cuando
han llegado á formar grandes naciones en los bosques que fueron á
poblar." Si además de estas causas intrínsecas que gradualmente, pero de
una manera poderosa van contribuyendo á la separacion, la metrópoli con
la arrogancia de su poder y superioridad niega á las colonias las
ventajas de un gobierno propio y libre, y pretende ejercer una autoridad
discrecional é ilimitada, sin miramiento á los derechos de ellas, en la
administracion de todos sus negocios, es una consecuencia casi
inevitable que al fin se levanten y desconozcan esas exigencias,
particularmente si se trata de una raza de hombres resueltos é
inteligentes, consecuentes consigo mismos y justos para con su
posteridad.
VI. De los Artículos de Confederacion.
En todos los actos del Congreso se ve que era general la creencia sobre
la importancia y necesidad de la Union, y desde que se hizo la
declaracion de independencia, se creyó conveniente para su seguridad y
conservacion fijar en términos precisos y por medio de un instrumento
formal, la naturaleza de nuestro pacto, las facultades del Congreso y la
parte de soberanía que se reservaban los Estados. El 11 de Junio de 1776
el Congreso empezó á redactar los artículos de confederacion; pero hubo
muchas vacilaciones y demoras, y á pesar de que todos los Estados
estaban expuestos á los mismos peligros y luchaban por alcanzar el mismo
elevado objeto, el Congreso no pudo amalgamar los intereses y
preocupaciones discordantes de trece comunidades políticas distintas, ni
convenir en los términos de dichos artículos hasta el 15 de Octubre de
1777. Cuando fueron sometidos á las legislaturas de los Estados para su
exámen y ratificacion, se manifestó que eran el resultado de la
necesidad y del espíritu de conciliacion; que se habia convenido en
ellos, no por su mérito intrínseco, sino porque contenian el sistema mas
adaptable á las circunstancias de todos, lo que hacia concebir la
esperanza probable de que merecieran el asentimiento general.
Estos célebres artículos encontraron todavía mayores dificultades al ser
sometidos á la aprobacion de los Estados. La mayor parte de las
legislaturas se apresuraron á ratificarlos, demostrando con esto la
conviccion que tenian de la necesidad de la confederacion, y el espíritu
liberal de condescendencia y acomodamiento que las animaba. Pero
Delaware no los aprobó hasta 1779, y Maryland resueltamente los desechó,
dando terminantes instrucciones á sus delegados para que no los
ratificasen hasta que no se reformaran ó adicionaran por medio de un
nuevo convenio, á efecto de que se destinasen los terrenos baldíos que
se encontraban en la parte occidental de la Union á formar un fondo
comun para los gastos de la guerra.[4] Estos terrenos eran reclamados
por aquellos Estados en cuyo territorio y jurisdiccion estaban ubicados,
varios de los cuales guiados por la profunda conviccion que tenian de la
necesidad de la Union, se prestaban á ratificar los artículos sin
condicion alguna, ó en otras palabras, á constituir una Confederacion
separada que debia formarse de los Estados que los ratificasen, aunque
Maryland ú otros denegaran su asentimiento y sancion. La legislatura de
New-York por sus decretos de 23 de Octubre de 1779 y 19 de Febrero de
1780, llegó á consentir en ceder los terrenos baldíos que existian en
la parte occidental de su territorio para el uso y beneficio de los
Estados que llegaran á formar parte de la liga federal, renunciando
tanto la jurisdiccion como el derecho de tanteo que sobre ellos tenia.
La negativa en que Maryland persistió por tanto tiempo, alentó al
enemigo, fué perjudicial á la causa comun é hizo desmayar en sus
esperanzas á los amigos de la América, tanto nacionales como
extranjeros. Estas consideraciones al fin determinaron á ese Estado á
sacrificar generosamente sus pretensiones, y el 1º de marzo de 1781, á
los tres años de haber sido promulgados los artículos de confederacion,
recibieron la aprobacion unánime de los Estados Unidos.
[4] Journal of Congress, vol. 3. Las instrucciones dadas á los
delegados al Congreso Continental por los diversos Congresos,
Convenciones y Asambleas Coloniales en 1776 y antes de la
declaracion de independencia, contenian cláusulas en que cada
colonia se reservaba expresamente el poder exclusivo de legislar
acerca de su gobierno, policía é intereses locales.
Las dificultades que se presentaron en la redaccion y aprobacion de esos
artículos, cuando aun existia una calamidad terrible y general, y que al
fin solo el conocimiento del peligro comun pudo vencer, suministrarán un
ejemplo notable de la poderosa influencia que ejercen los intereses
locales y las pasiones discordantes, dándonos una leccion elocuente de
que en los consejos políticos es preciso que reine la moderacion.
Esos artículos investian al Congreso con los derechos preeminentes de la
soberanía política, los _jura summi imperii_ (aunque de una manera muy
imperfecta y bajo una organizacion la mas defectuosa), lo cual formaba
de todos los Estados una sola nacionalidad independiente, admitida y
reconocida por las naciones del mundo; y sin embargo, en realidad no
eran otra cosa que un digesto, ó mas bien una limitacion en la forma de
un pacto escrito, de aquel poder soberano, indefinido y discrecional que
el pueblo de las colonias habia delegado al Congreso en 1775, y que
habia sido libremente ejercido é implícitamente obedecido.[5] En las
actas del Congreso de fines de 1776 encontramos un caso notable del
ejercicio de ese vasto poder discrecional que hasta entonces no se habia
puesto en accion. En esa fecha los progresos que habian hecho las armas
británicas, infundian sérios temores por nuestra salvacion, y el
Congreso invistió al general en jefe por el término de seis meses con un
poder dictatorial absoluto sobre la libertad y la propiedad de los
ciudadanos de los Estados Unidos, imitando el ejemplo del Senado romano,
que en las épocas críticas de la República solia recurrir á un dictador,
_ne quid respublica detrimenti capiat_. Una autoridad tan vaga é
indefinida como la que la Union poseia al principio, era enteramente
incompatible con las nociones regulares de libertad. Una soberanía tan
extraordinaria no podia durar, á pesar de que en el caso que hemos
referido, y en otros varios, fué ejercida con las mejores intenciones y
bajo la presion de una necesidad irresistible. Necesariamente tenia que
nulificarse ó degenerar en despotismo.
[5] Existe la opinion de que el gobierno de la Union fué
revolucionario por su misma naturaleza desde que lo instituyó el
pueblo de las colonias en 1774, hasta la ratificacion final de los
artículos de Confederacion en 1781, hallándose investido con
facultades suficientes para atender á cualquiera emergencia
nacional y adecuado al objeto que debia alcanzarse (Paterson J.,
Iredell J., y Blair J., en el caso de _Penhallow versus Doane_, 3
Dallas, 80, 91, 95, 111; Dane's Abr. vol. 9, Ap. p. 1, 13, 16, 21,
25. El magistrado Wilson en su dictámen sosteniendo la ley del
Congreso de 31 de Diciembre de 1781, sobre creacion del Banco de la
América del Norte. Obras de Wilson, vol. 3, 397. Comentarios de
Story á la Constitucion, vol. 1, p. 186-191). Mr. Madison que en
esa época era miembro del Congreso, dice que entre los
representantes era general la creencia de que no tenian facultad
pera crear un Banco en virtud de los artículos de Confederacion que
acababan de ser aprobados; y que si se determinaron á crearlo, fué
debido á que lo consideraban como muy conveniente y aun necesario
para mantener la guerra y el crédito nacional. (The Madison papers,
vol. 1, 104.) Segun Mr. Dane, el gobierno de los Estados Unidos ha
tenido estas tres formas: 1ª. La revolucionaria. 2ª. La
Confederada, y 3ª. la Constitucional. La primera y la última
procedieron igualmente del pueblo, en ejercicio directo de su
soberanía.
VII. Ineficacia de la Confederacion.
Por lo que toca á los fines esenciales de la Union, tal vez habrian
bastado las dificultades que daban los artículos al Congreso si aquellas
se hubieran distribuido convenientemente en varios ramos de un gobierno
bien equilibrado, y se hubieran ejercido sobre los ciudadanos por medio
de un poder nacional, judicial y ejecutivo. Se daba al Congreso la
facultad exclusiva de arreglar nuestras relaciones exteriores, la de
hacer la guerra y la paz, y la absoluta de imponer contribuciones y
exigir el contingente de sangre; y las disposiciones que expidiera en el
ejercicio de estas facultades serian obligatorias para los Estados.
Pero, á semejanza de todas las anteriores confederaciones de Estados
independientes, tanto de la antigua Grecia como de la moderna Europa, el
Congreso comunicaba sus decretos á los Estados en su carácter soberano ó
capacidad colectiva. Este fué el defecto fundamental de la confederacion
de 1781, vicio que tendia á su destruccion: la experiencia ha demostrado
que fué pernicioso á todos los demás gobiernos que lo adoptaron como
principio. El gobierno llega á verse en la dura alternativa, ó de
tolerar que se desobedezcan las leyes de la Union, lo que es su ruina, ó
de apelar á las armas para hacerlas cumplir. Aunque los individuos
acaten y obedezcan la suave influencia del magistrado civil, éste nunca
será respetado por las sociedades organizadas que conocen su fuerza y
están sujetas á las pasiones. La historia de los gobiernos federales de
Grecia, Alemania, Suiza y Holanda presentan tristes ejemplos de
asoladoras guerras civiles producidas por la desobediencia de sus
miembros divididos. Para probar mi intento, solo mencionaré un caso
tomado de los anales de los cantones suizos, que en lo general han
llamado poco la atencion. En virtud de uno de los artículos de la
Confederacion Helvética, los cantones deben someter á la decision de
árbitros todas las diferencias que se suscitaren entre ellos. En el año
de 1440 se originó una disputa entre Zurich por una parte, y los
cantones de Schweitz y Glaris por la otra sobre ciertas pretensiones de
territorio. Zurich se negó á acatar la decision que se dió en su contra,
y las partes contendientes apelaron á las armas. Toda la Suiza, por
supuesto, se armó contra el miembro refractario, Zurich. Esta provincia
buscó proteccion en su antigua enemiga la Casa de Austria, y la
contienda no terminó en favor del decreto federal, sino despues de seis
años de una guerra cruel y destructora.[6] Si durante el régimen de la
Confederacion el gobierno de los Estados Unidos hubiera tenido la
suficiente energía para llevar adelante las exacciones constitucionales,
ésto habria sido fatal á las libertades públicas, porque el Congreso,
tal como estaba constituido entonces, era el depositario menos capaz y
seguro del poder público, puesto que toda la autoridad de la Nacion se
habia conferido á un solo cuerpo, en un conjunto complicado de
facultades jurisdiccionales. Fué ciertamente una fortuna, como los
hechos vinieron á probarlo despues, que las legislaturas de los Estados
se hubieran negado á conceder al Congreso el derecho de imponer y hacer
efectiva una contribucion general, á pesar de que entonces se creyó que
era una verdadera calamidad, y lo sintieron profundamente los amigos
inteligentes de la Union. Si hubieran condescendido, tal vez no se
habrian hecho esfuerzos para enmendar la confederacion, y el pueblo
americano, víctima desgraciada de una union débil é ineficaz, estaria
resintiendo sus consecuencias hasta el dia. En los artículos de
confederacion no habia disposicion alguna que autorizara al Congreso
para dar sancion penal á sus leyes. Bajo este aspecto la forma de
gobierno era mas defectuosa que otros sistemas de federacion que
encontramos en la historia. El Consejo de los Amfictiones en Grecia
tenia facultad para multar y castigar á los Estados refractarios.
Lacedemonia y Focia fueron sentenciadas ante ese Consejo, (que era el
representante de las doce naciones de la Grecia) y se exigió formalmente
á todos los Estados, que hicieran cumplir esa disposicion. La Dieta
germánica, tal como existió al principio, podia suspender los derechos
de los miembros que la formaban, en cuya virtud sus propiedades eran
confiscadas, y para hacer cumplir las leyes habia un Poder Judicial de
la Federacion y un Jefe Ejecutivo. Segun la antigua Confederacion, el
Congreso, á semejanza de los Estados Generales de la Confederacion
holandesa, no podia ejercer ninguna facultad en virtud de una simple
interpretacion, por necesaria que se la considerase para el ejercicio de
las que expresamente se le habian concedido. De ninguna facultad expresa
podia inferirse la concesion de otra como implícita, y fácilmente se
percibirá que el atenerse estricta y rigorosamente á la letra de una
atribucion, sin poderla interpretar de una manera liberal y equitativa
para llevar adelante los fines benéficos del gobierno, en muchos casos
debia frustrar enteramente los objetos de esa atribucion. Un gobierno,
cuyas atribuciones están demasiado restringidas para el cumplimiento de
su elevado encargo, tiene que nulificarse ó ser usurpador. De esto
tenemos ejemplos en la Confederacion de los Países Bajos antes de que
sucumbiera á los actos de violencia de la revolucion francesa. Mientras
que los actos de ese gobierno se ciñeron á sus límites constitucionales,
fué el mas débil de los que han existido. Los Estados Generales no
podian declarar la guerra, hacer la paz, celebrar alianzas, ni imponer
contribuciones sin el consentimiento de cada provincia, ni éstas podian
darlo sin haber obtenido antes el de todas las ciudades que tenian voz
en sus asambleas. La consecuencia de esto fué que el jefe de la
Confederacion, estrechado por una imperiosa necesidad, frecuentemente se
veia en la tentacion de asumir facultades que no le concedia la carta
fundamental de la Union, y de dispensarse el requisito de la unanimidad
que aquella exigia. Así sucedió en los años de 1648, 1657 y 1661, y es
todavía mas notable el precedente de 1668 dado por Sir William Temple,
de que él mismo fué autor.[7]
[6] Hist. de la Confed. Helv. par Wateville, liv. V. Planta's Hist.
of Switzerland vol. I, chap. últ. La Confederacion suiza fué
reformada por la ley federal de 1815 y hoy la forman veinticinco
cantones. La Dieta federal se compone de un diputado por cada uno
de los veintidos cantones, teniendo un voto cada canton, y
solamente medio voto cada uno de los tres nuevos cantones que
resultaron de la subdivision. La facultad de declarar la guerra y
la paz y la de celebrar tratados de alianza y comercio residen
exclusivamente en la Dieta general, habiendo un ejército y un
tesoro comun; pero cada canton puede celebrar convenciones y
tratados en cuanto á sus asuntos locales y municipales, conservando
íntegra su soberanía originaria para todos los negocios domésticos.
Wheaton's Elements of International Law, 3.ª edicion, p. 95. (Véase
al fin nota I del traductor.)
_Nota 1, pág. 18._--Hoy la Suiza se rige por la Constitucion de
29 de Mayo de 1874, una de las más progresistas que existen y de
la que pasamos á hacer un ligero sinópsis.
Los pueblos de los Cantones soberanos de la Suiza forman la
"_Confederacion Suiza_," que tiene por objeto asegurar la
independencia de la patria contra el extranjero, mantener la
tranquilidad y el órden en el interior, protejer la libertad y
los derechos de los confederados y fomentar su prosperidad
comun.
Los Cantones no pueden celebrar entre sí alianzas ó tratados de
carácter político; pero sí pueden hacer convenciones sobre
asuntos de legislacion, administracion y justicia, debiendo
someterlos al conocimiento de la autoridad federal, la que podrá
suspender su ejecucion si contuvieren algo que sea contrario á
la Confederacion ó á los derechos de los demás Cantones. No
siendo así, los Cantones contratantes podrán pedir la
cooperacion de las autoridades federales para la ejecucion de
dichas convenciones.
En caso de disturbios interiores en algun Canton ó cuando el
peligro provenga de otro, el Gobierno del Canton amagado dará
aviso inmediatamente al Consejo federal [_Ejecutivo_], á fin de
que convoque á la Asamblea ó proceda á dictar las medidas
necesarias dentro de los límites de su competencia. Si el caso
fuere urgente, el Gobierno del Canton amagado puede, dando aviso
inmediato al Ejecutivo federal, requerir el auxilio de los
Cantones limítrofes, los que están obligados á darlo. Y si el
Gobierno no estuviere en estado de poder invocar la proteccion
del Ejecutivo federal, éste puede intervenir sin ser requerido,
y está obligado á hacerlo así, cuando los disturbios locales
puedan comprometer la tranquilidad de la Suiza; pero en
cualquier caso de intervencion, las autoridades federales
cuidarán de que se respeten las garantías que la Confederacion
asegura á los Cantones. Los gastos que se originaren serán
sufragados por el Canton que requirió el auxilio federal si dió
lugar á la intervencion, á ménos de que la Asamblea federal, en
consideracion á circunstancias particulares, determinare otra
cosa.
DE LAS AUTORIDADES FEDERALES.
Estas son: I. _La Asamblea._ II. _El Consejo._ III. _La
Cancillería_; y IV. _El Tribunal._
I.--LA ASAMBLEA FEDERAL.
Sin perjuicio de los derechos del pueblo y de los Cantones, la
autoridad suprema de la Confederacion es ejercida por la
Asamblea federal, que se compone de dos secciones ó consejos: el
_Consejo nacional_ (Cámara de Diputados); y el _Consejo_ de los
Estados ó Cantones (Senado).
El Consejo nacional dura tres años al cabo de los cuales se
renueva en su totalidad.
Son asuntos de la competencia de estos dos Consejos ó Cámaras:
1.º Dar leyes sobre la organizacion y el modo de elegir á las
autoridades federales; 2.º Legislar sobre todos los asuntos que
sean de la competencia federal; 3.º Fijar los sueldos y
recompensas de los funcionarios públicos de la Confederacion y
crear los empleos permanentes de la misma; 4.º Elegir á los
miembros del Consejo, del Tribunal, de la Cancillería y al
General en jefe del ejército; 5.º Celebrar alianzas y tratados
con las potencias extranjeras y aprobar los tratados de los
Cantones entre sí ó con los Estados extranjeros, en los casos en
que éstos pueden hacerlos, advirtiéndose que sólo pasan á la
revision de la Asamblea federal los tratados hechos por los
Cantones cuando el Consejo federal ó algun Canton así lo
pidiere; 6.º Dictar medidas para la seguridad en el exterior,
como tambien para el mantenimiento de la independencia y
neutralidad de la Suiza; declarar la guerra y hacer la paz; 7.º
Cuidar de que sean efectivas las garantías que otorgan las
constituciones y de la integridad del territorio de los
Cantones; tomar las medidas necesarias para la seguridad
interior de la Suiza y para conservar la tranquilidad y el
órden; conceder ó negar amnistías ó indultos; 8.º Dictar medidas
para hacer respetar la Constitucion federal y la de los
Cantones, y cuidar de que cumpla la Federacion los deberes que
tiene. 9.º Disponer del ejército federal; 10. Formar el
presupuesto anual, aprobar las cuentas de la Confederacion y dar
leyes para autorizar los empréstitos; 11. Ejercer la alta
vigilancia sobre la administracion y la justicia federales; 12.
Conocer de las reclamaciones contra las decisiones del Consejo
federal relativas á contiendas administrativas; 13. Resolver los
conflictos de competencia entre las autoridades federales; 14.
Revisar la Constitucion federal.
Las leyes federales se someterán á la aprobacion del pueblo en
caso de que así lo pidieren 30,000 ciudadanos ú ocho Cantones
por lo ménos; la legislacion federal determinará las formas que
deban observarse en las votaciones populares.
Cada Consejo ó Cámara delibera separadamente; pero cuando se
trate de las elecciones de los funcionarios de que se ha hablado
ya, de ejercer el derecho de indulto ó de resolver sobre los
conflictos de competencia, los dos Consejos se reunirán para
deliberar en comun, bajo la direccion del Presidente del Consejo
nacional, decidiendo la mayoría de los votos de los dos
Consejos. Por regla general, todas las sesiones son públicas.
II.--DEL CONSEJO FEDERAL.
Ejerce el Poder Ejecutivo de la Confederacion un Consejo federal
compuesto de _siete miembros_. Estos son nombrados por las dos
Cámaras reunidas y duran _tres años_ en su encargo. El Concejo
federal se renueva íntegramente cada vez que se renueva el
Consejo nacional. El Presidente del Consejo es Presidente de la
Confederacion Suiza, y tanto este funcionario como el
Vice-presidente son nombrados por la Asamblea federal de entre
los siete miembros que forman el Consejo federal, durando en sus
respectivos encargos _un año_, sin poder ser reelectos en el año
inmediato. El _quorum_ para las deliberaciones del Consejo
federal se compone de cuatro miembros. Los miembros del Consejo
federal tienen voz consultiva en las dos Cámaras, pudiendo
presentar proposiciones en los asuntos que estén á discusion.
Las atribuciones del Consejo federal son: 1. Dirigir los asuntos
federales conforme á las leyes de la Confederacion. 2. Velar
sobre la observancia de la Constitucion, leyes y concordatos
federales. 3. Cuidar de que se observen las garantías que
otorgan las constituciones cantonales. 4. Iniciar leyes á la
Asamblea federal y dictaminar sobre las proposiciones que le
sometieren los Consejos ó los Cantones. 5. Cuidar de la
ejecucion de las leyes y de las decisiones del Tribunal, lo
mismo que de las transacciones ó sentencias arbitrales sobre
diferencias entre los Cantones. 6. Hacer los nombramientos de
los funcionarios públicos que no estén sometidos á la Asamblea,
al Tribunal ó á otras autoridades. 7. Examinar los tratados de
los Cantones entre sí ó con las potencias extranjeras, y
aprobarlas cuando esto sea de su resorte. 8. Cuidar de los
intereses de la Confederacion en el exterior, especialmente de
sus relaciones internacionales. 9. Cuidar de la independencia y
neutralidad de la Suiza. 10. Cuidar asimismo de la seguridad
interior de la Confederacion y de la conservacion de la
tranquilidad y del órden. 11. En caso de urgencia y cuando no
esté reunida la Asamblea federal, el Consejo está autorizado
para levantar las tropas necesarias y disponer de ellas, á
reserva de convocar inmediatamente á los Consejos, si el número
de tropas que se levanten pasare de dos mil hombres ó deban
permanecer más de tres semanas sobre las armas. 12. Está
asimismo encargado de todo lo concerniente al ejército federal;
lo mismo que de todos los ramos de la administracion. 13.
Examinar las leyes y disposiciones de los Cantones que deban
someterse á su aprobacion, y ejercer la vigilancia en los
diversos ramos de la administracion cantonal en que deba tener
intervencion. (Contrôle.) 14. Administrar la hacienda de la
Confederacion, proponer y presentar á las Cámaras la cuenta de
las entradas y gastos del tesoro. 15. Vigilar los actos de todos
los funcionarios y empleados de la administracion federal. 16.
Dar cuenta de sus actos á la Asamblea federal en cada sesion
ordinaria; someterle una relacion sobre la situacion de la
Confederacion, tanto en el interior como en el exterior; y
recomendar á su atencion las medidas que creyere útiles para
fomentar la prosperidad comun. Debe tambien rendir los informes
especiales que le pidan la Asamblea ó cualquiera de sus
secciones.
III.--DE LA CANCILLERÍA FEDERAL.
La Cancillería federal está encargada de la secretaría de la
Asamblea y de la del Consejo federales. El canciller es elegido
por la Asamblea federal y dura _tres años_ en su encargo. La
Cancillería está bajo la vigilancia especial del Consejo. La ley
determinará su organizacion.
IV.--DEL TRIBUNAL FEDERAL.
La administracion de la justicia federal se desempeña por un
_Tribunal_ y un _Jurado_ para asuntos penales.
Los miembros y los suplentes del Tribunal federal son nombrados
por la Asamblea federal, la que cuidará de que estén
representadas en él las tres lenguas del país. La ley
determinará la organizacion del Tribunal, el número de sus
miembros y suplentes, el tiempo que deban durar en sus funciones
y su recompensa. El tribunal organiza su cancillería y nombra su
personal.
El Tribunal conoce de las diferencias de derecho civil
suscitadas: 1. Entre la Confederacion y los Cantones; 2. Entre
la Confederacion de una parte y las corporaciones particulares
de la otra, cuando los últimos sean demandantes y el litigio
tenga la importancia que designe la ley; 3. Entre los Cantones;
4. Entre los Cantones de una parte y las corporaciones ó
particulares de la otra en las mismas condiciones que determina
el inciso 2. Conoce tambien de las diferencias relativas al
_heimatlosat_ (vecindad) y de las diferencias que surjan entre
las municipalidades de diferentes Cantones.
El Tribunal federal asistido del Jurado que resuelve sobre los
hechos, conoce en materia penal: 1. De los casos de alta
traicion á la Confederacion, de insurreccion ó violencia contra
las autoridades federales; 2. De los crímenes y delitos contra
el derecho de gentes; 3. De los crímenes y delitos políticos que
sean la causa ó consecuencia de disturbios que hayan dado orígen
á una intervencion federal armada y ocasionada.
El Tribunal conoce además: 1. De los conflictos de competencia
entre las autoridades federales de una parte y las cantonales de
la otra; 2. De las diferencias que se susciten entre los
Cantones cuando estén fuera del dominio del derecho público; 3.
De las quejas por violacion de los derechos constitucionales de
los ciudadanos y de las reclamaciones de particulares por
violacion de los concordatos y tratados. Las contiendas
administrativas quedan reservadas á lo que disponga la
_legislacion federal_.
Sentimos que la índole de nuestro trabajo no nos permita
ocuparnos más detenidamente de esta notabilísima constitucion,
cuya lectura nos permitimos recomendar con especial empeño á
nuestros hombres de Estado.
[7] Temple's Works, vol. I, p. 115, 128, 337. En el año de 1781 una
comision del Congreso presentó un dictámen consultando que se
sometiera á la aprobacion de los Estados una reforma al artículo
13.º de la Confederacion que acababa de ser aprobada por todos los
Estados, en la cual se proponia que en caso de que alguno ó algunos
de los Estados Confederados, se negara abiertamente, ó fuera omiso
en sostener y obedecer las determinaciones del Congreso sobre
exacciones de hombres y dinero por contingentes proporcionados, el
mismo Congreso pudiera emplear las fuerzas de mar y tierra de los
Estados Unidos para obligarlos á obedecer, apoderándose de sus
propiedades y las de sus ciudadanos, y prohibiendo é impidiendo su
tráfico y comercio con los demás Estados y con las potencias
extranjeras. Mr. Madison y aun el General Washington comprendieron
que era necesario que la Federacion tuviera una potestad coactiva
semejante; _The Madison papers_, vol. I, p. 81, 86 y 88. Esta
facultad jamás fué formalmente propuesta á los Estados, ni fué
concedida; pero en caso de que lo hubiera sido, no se habria
ejercido, ni era posible su ejercicio sin que produjera la
destruccion de la Union.
La primera Confederacion de este país tenia el defecto de no autorizar
competentemente al Congreso para intervenir en las contiendas que se
suscitaran entre dos ó mas Estados, ni para proteger á éstos en caso de
violencia ó rebelion interior. Bajo muchos aspectos nuestra
confederacion era superior á las de Alemania, Holanda y Suiza,
especialmente en cuanto á aquellas disposiciones que prohibian
absolutamente á los Estados en particular toda alianza extranjera ó
doméstica, y el mantenimiento de fuerzas de mar y tierra en tiempos de
paz. Pero en cuanto á los principales puntos que he indicado y otros de
menor importancia, fué la obra menos acertada y del todo insuficiente
para los fines que se intentaban. Casi desde el dia en que fué
ratificada por los Estados, éstos comenzaron á no dar pronta y cumplida
obediencia á las leyes que dimanaban de ella. Conforme iba
desapareciendo el peligro, iban siendo mas frecuentes los ejemplos de
negligencia, y antes de la paz de 1783, ya la ineptitud del gobierno,
nacida de su misma organizacion, se manifestaba con una rapidez
alarmante. Las faltas de un Estado daban pretexto ó excusa para las de
los demás. Pronto se vió que era ilusoria la idea de cubrir las
necesidades pecuniarias del gobierno, por medio de impuestos sobre los
Estados. Los compromisos de la Nacion fueron enteramente despreciados.
Los dos Estados de mayores recursos tenian que sufragar casi todas las
contribuciones, aun aquellas que tenian por objeto cubrir los gastos
ordinarios del gobierno. Desde muy al principio el Congreso se dirigió á
los Estados de una manera empeñosa y persuasiva, pidiendo autorizacion
para imponer una contribucion general por un tiempo limitado, con el
exclusivo objeto de atender al pago de la deuda nacional; pero fué en
vano: nunca pudo conseguirse que ellos se unieran para tomar una
determinacion en favor de la salvacion y el honor de la patria. Las
disposiciones contradictorias sobre el comercio y los intereses
encontrados sobre propiedad territorial, estaban destruyendo los
vínculos de amistad y de interés comun que habian cimentado y sostenido
á la Union durante las árduas luchas de la revolucion. Iban aumentándose
rápidamente los síntomas de malestar y abatimiento, y apenas se pudo
mantener bastante vivo el interés de los Estados para que conservaran
sus representaciones en el Congreso á fin de que éste pudiera tener el
_quorum_ indispensable para sus sesiones. El tesoro nacional estaba
exhausto. Todo el ejército de los Estados Unidos se reducia en 1784 á
ochenta hombres, y fué necesario pedir á los Estados que facilitaran
parte de sus milicias para guarnecer los puestos militares de Occidente.
En suma, segun las palabras de los autores del _Federalista_, "cada
Estado, escuchando solo la voz de su inmediato interés y conveniencia,
fué retirando sucesivamente su apoyo á la Confederacion hasta que el
edificio, débil y vacilante, se vió á punto de caer sobre nuestras
cabezas y aplastarnos bajo sus ruinas."
La mayor parte de las constituciones federales que han existido en la
tierra han degenerado ó perecido de la misma manera y por las mismas
causas. Deben colocarse entre las instituciones políticas mas
defectuosas que hayan inventado los hombres para su bienestar. El
defecto capital é incurable de todos los antiguos gobiernos federales,
tales como las confederaciones de los Amfictiones, de la Acaya y de
Lysia en la Antigua Grecia, y la República germánica, la helvética, la
anseática y la holandesa en la historia moderna, consistia en que todas
eran soberanías constituidas sobre otras soberanías, y legislaban, no
para individuos particulares, sino para sociedades que tenian una
entidad política. La única coaccion posible en caso de desobediencia era
la fuerza física en lugar del decreto y del brazo desarmado del
magistrado civil. En una confederacion semejante, siempre que uno de sus
miembros se niegue á obedecer, la consecuencia inevitable será la guerra
civil, ó la nulificacion de la autoridad nacional.
VIII. Convencion de los Estados de 1786.
El Estado de Virginia hizo el primer esfuerzo para sacar al pueblo
americano de la postracion y decadencia en que se encontraba, haciendo
su legislatura una proposicion en Enero de 1786, á fin de que se
reuniera una Convencion de delegados de todos los Estados para
reglamentar nuestro comercio con las naciones extranjeras. La
proposicion fué bien recibida en muchos Estados, cinco de los cuales
mandaron sus delegados á la Convencion, que se reunió en Annapolis en
Setiembre de ese mismo año.[8] Como esta pequeña Asamblea era solo una
representacion de una parte de los Estados, hallándose sus miembros
profundamente convencidos de los defectos radicales del sistema de
gobierno federal que existia, creyeron que no bastaba aplicar un remedio
parcial y transitorio á nuestras calamidades nacionales, y en
consecuencia acordaron dirigir una elocuente peticion al Congreso, para
que éste convocara una Convencion general, que examinando la situacion
en que se encontraba el país, propusiera las medidas que creyese
convenientes á fin de que el gobierno federal dejara de ser como hasta
entonces habia sido, un mero fantasma, y fuera un gobierno real y
adecuado para proveer á las exigencias de la Union.
El Congreso, comprendiendo la sabiduría y pesando el patriotismo de esa
excitativa, recomendó que se formara una Convencion de delegados de
todos los Estados para revisar, reformar y modificar los artículos de
la Confederacion. Todos los Estados, con excepcion de Rhode Island,
accedieron á la propuesta y nombraron sus delegados, quienes en Mayo de
1787 se instalaron en Convencion general en Filadelfia.
[8] Aunque la convencion federal de 1787 debió su orígen
directamente á la proposicion que hizo Virginia en 1786, sin
embargo, el primero que sugirió y plenamente demostró la necesidad
de una convencion nacional ámpliamente autorizada para reformar y
reorganizar el gobierno, fué el coronel Hamilton en 1780, siendo
ayudante del general Washington. En su docta, y podemos decir,
extraordinaria carta [considerando que solo tenia 23 años cuando la
escribió] dirigida al H. James Duane, miembro del Congreso por el
Estado de New York en Setiembre de 1780, demostró en la manera mas
clara los defectos y la absoluta ineficacia de los artículos de
Confederacion, y que, para su conservacion y bienestar, los Estados
Unidos necesitaban de un gobierno nacional, investido con
suficientes poderes soberanos, como los que la Confederacion
contenia en verdad, pero solo teóricamente, sin tener funcionarios
que los desempeñaran. Esta carta se encuentra en la Vida de
Alexander Hamilton publicada por su hijo John C. Hamilton, vol. I,
p. 284-305 y en _The Hamilton papers_, [vol. I, p. 428] obra
publicada por el Dr. Hawks. Las resoluciones aprobadas por las dos
Cámaras de la Legislatura de New York el 20 y 21 de Julio de 1782,
fueron las primeras indicaciones legislativas sobre la necesidad de
una convencion para reformar el gobierno. Esas resoluciones fueron
presentadas al Senado por el general Schuyler, y decian que «la
fuente principal de la mayor parte de nuestras dificultades era la
falta de autoridad suficiente en el Congreso: que la Confederacion
era defectuosa en varios puntos esenciales, y especialmente en que
no investia al gobierno federal con la facultad de arbitrarse
recursos, ni le designaba fondos determinados y suficientes: que
sus defectos no podian ser corregidos, ni ampliadas las facultades
del Congreso por medio de las deliberaciones parciales de los
Estados separadamente, y que seria conveniente proponer al Congreso
y á cada uno de los Estados la medida de formar una asamblea
general de éstos, especialmente autorizada para revisar y reformar
la Confederacion.» New York. _Journals of the Senate and Assembly_,
July 20^{th} & 21,^{st} 1782.
Es indudable que el coronel Hamilton (como lo dice su hijo, Life of
Hamilton, vol. I, p. 405) que asistia á las sesiones de la
Legislatura cuando se aprobaron dichas resoluciones, que en su
carácter público de Superintendente de Hacienda tuvo una
conferencia con una comision mixta de las dos cámaras, y que fué
elegido delegado al Congreso por la Legislatura, fué la persona
distinguida que sugirió con sabiduría y sostuvo con su influencia
la primera disposicion autoritativa para una convencion general de
los Estados.
IX. Convencion General de 1787.
Esta fué una de las crísis mas solemnes y felices para el futuro
bienestar y prosperidad del pueblo americano. Todos los frutos de la
revolucion y acaso el final destino del gobierno republicano, debian
decidirse en el ensayo que iba á hacerse de reformar el sistema de
nuestro pacto nacional. Afortunadamente para esta nacion y tal vez para
las libertades de todo el género humano, en esta Convencion se
encontraba reunido todo lo mejor que el país tenia en cuanto á talento,
experiencia, instruccion, patriotismo, probidad y energía de carácter, y
mereció por esta razon toda la confianza pública que tales cualidades
naturalmente debian inspirar. Despues de algunos meses de una tranquila
deliberacion, la Convencion, con una unanimidad sin ejemplo, aprobó el
plan de gobierno que hoy forma la constitucion de los Estados Unidos.
Se acordó someterlo á la aprobacion y ratificacion de Convenciones
populares que debian celebrarse en cada Estado. Esta disposicion ponia
los cimientos del edificio de nuestro sistema político nacional sobre la
única base sólida que debia tener, el consentimiento de todo el pueblo.
La Constitucion sufrió una larga discusion y un exámen escrupuloso, no
solo por la prensa y los círculos políticos, sino tambien por la
multitud de ilustres hombres de Estado que tomaron parte en estas
convenciones locales. Pasó casi un año antes de que recibiera la
aprobacion del número de Convenciones de delegados del pueblo de los
Estados que se necesitaba para darle una existencia política.
New-Hampshire fué el noveno de los Estados que la aprobaron, y en virtud
de esta aprobacion, la misma Constitucion, segun uno de sus artículos,
debia considerarse como la carta fundamental de los Estados que la
habian ratificado. Su ejemplo fué inmediatamente seguido por los
poderosos Estados de Virginia y New York, y el 4 de Marzo de 1789, el
gobierno quedó debidamente instalado, y comenzó á funcionar. North
Carolina y Rhode Island tardaron mas en aprobarla. Sin embargo, sus
escrúpulos fueron gradualmente desvaneciéndose, y en el mes de Junio de
1790 la Constitucion habia recibido la ratificacion unánime de las
Convenciones populares de todos los Estados.
Si se toman en consideracion todas las circunstancias que mediaron en la
adopcion pacífica de esta forma de gobierno, se tiene un ejemplo de la
fuerza de voluntad que presidió á la deliberacion combinada con un
espíritu de amistad y mútuas concesiones que no tiene precedentes. Debe
ser un motivo de justa satisfaccion y de grato recuerdo para los
americanos, cuando sériamente reflexionen en la dificultad del ensayo,
la manera en que se hizo, su feliz resultado, y la suerte que han
corrido algunos ensayos semejantes en otras naciones.
CAPÍTULO II
DEL CONGRESO.
_RESUMEN. Párrafo I. Division del Congreso en dos Cámaras.--II. Del
Senado.--III. De la Cámara de Representantes.--IV. Atribuciones de
las dos Cámaras del Congreso.--V. Facultades del Congreso.--VI.
Reglamentos de las Cámaras.--VII. De la manera de expedir las
leyes.--VIII. Facultad del Presidente de hacer observaciones
(Negative)._
El poder de legislar es el supremo poder de un Estado, y el departamento
en que reside tiene naturalmente tanta preponderancia en el sistema
político y pesa tanto en la opinion pública, que es necesario trazar con
la mayor claridad y la mas escrupulosa precision la línea que lo separa
de las demás ramas del gobierno.
La Constitucion de los Estados Unidos logró alcanzar este objeto de una
manera feliz, y bien calculada para mantener, no solo el equilibrio
entre las diversas ramas del gobierno, sino tambien la armonía en sus
respectivas funciones. No se limitó á hacer una delegacion general de
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en cada uno de sus
respectivos departamentos, sino que señaló detalladamente á cada uno sus
facultades y obligaciones. Esto, que es indispensable para la paz y
tranquilidad en cualquiera forma de gobierno, lo es mas especialmente
en aquella en que el poder público solo tiene facultades determinadas,
que le fueron concedidas para ciertos objetos de interés nacional, y que
debe coexistir con los gobiernos de muchos Estados, que conservan el
exclusivo derecho de arreglar sus asuntos locales.
En este capítulo nos ocuparemos del poder legislativo, y lo examinaremos
bajo los artículos siguientes: 1.º Cámaras que constituyen el Congreso y
modo de elegirlas. 2.º Facultades y prerogativas que tienen, reunidas y
separadas; y 3.º modo de expedir las leyes y facultad del Presidente de
la República de hacer observaciones á los proyectos de ley.
Segun la Constitucion, todas las facultades legislativas que ella
concede se depositan en un Congreso, compuesto de un Senado y una Cámara
de Representantes. (Art. 1.º, sec. 1.ª)
I. De las Cámaras del Congreso.
La division de la Legislatura en dos Cámaras distintas é independientes
entre sí, se funda en principios tan óbvios de buena administracion, y
la recomienda tanto la voz inequívoca de la experiencia, que ha merecido
la aprobacion general del pueblo americano. Uno de los importantes fines
de esa division en dos Cámaras que funcionan separadamente y con
facultades coordinadas, es destruir los perniciosos efectos de una
exaltacion del momento y evitar que se tomen medidas festinadas,
inspiradas por las pasiones, los caprichos, las preocupaciones, las
influencias personales y las intrigas de partido, que, como una dolorosa
experiencia lo acredita, ejercen una influencia peligrosa y terrible en
las asambleas unitarias. No es probable que la resolucion precipitada de
una cámara llegue á sancionarse como ley, cuando ésta tiene que
demorarse en su curso y sujetarse á la deliberacion celosa, y tal vez á
la revision y censura de otro cuerpo rival instalado en un lugar
distinto y que tiene mas facilidad para librarse de las preocupaciones y
corregir los errores de aquella. Las legislaturas de Pennsylvania y
Georgia tenian una sola Cámara al principio. Sus actos llevaban
impresas de una manera tan clara la versatilidad y la pasion, que les
concitaron el desprecio público, y mas tarde, cuando esos Estados
reformaron sus constituciones, el pueblo estaba tan convencido de que
era defectuosa su organizacion y tenia tan presentes los males que habia
sufrido por esta causa, que en ambos Estados se instituyó el Senado.
Pero en ninguna parte de la historia política del género humano
encontramos lecciones tan instructivas sobre esta materia y pruebas tan
irrefragables de las divisiones, instabilidad y desgracias que agobian á
los Estados bajo el dominio de una sola asamblea, como en la de las
Repúblicas italianas de la edad media, muchas de las cuales se
levantaron con un esplendor efímero durante el intervalo que medió entre
la caida de los imperios de Oriente y Occidente. Todas estaban mal
constituidas con una sola asamblea sin contrapeso. Todas fueron
desgraciadas y acabaron de una manera lamentable.[9]
[9] _Adam's Defence of the American constitutions._ Vol. III, pág.
502.
En los primeros momentos de la revolucion francesa, á muchos escritores
doctrinarios y políticos teóricos les halagaba la sencillez de una
legislatura con una sola asamblea, y creian que una segunda Cámara era
inútil y dispendiosa. Esto determinó al primer presidente Adams á
escribir y publicar su notable obra titulada: "Defensa de las
constituciones políticas de los Estados Unidos," en que de una manera
muy erudita y hábil prueba la importancia y necesidad de que la
Legislatura esté dividida en dos cámaras, y que los poderes públicos se
depositen en varios departamentos. Recorrió la historia examinando la
organizacion de todos los gobiernos mixtos y libres que han existido
desde las épocas mas remotas, para deducir con mas seguridad y fuerza de
argumentacion la gran verdad práctica, de que las asambleas unitarias,
que no tienen restriccion ó contrapeso, y los gobiernos en que toda la
suma del poder está reunida en un solo centro, segun la idea de M.
Turgot, son formas fantásticas, violentas, intrigantes, corrompidas, que
constituyen el dominio tiránico de las mayorías sobre las minorías, y
que siempre han acabado su corta existencia degenerando en un despotismo
desenfrenado.
La Asamblea Nacional de Francia adoptó la idea visionaria de una sola
cámara en la constitucion que sancionó en 1791. La misma naturaleza de
las cosas, decian los políticos exaltados é inexpertos de esa asamblea,
se opone á la division del Cuerpo legislativo, pues como la Nacion
representada es una sola, uno solo debe ser tambien el cuerpo
representante. La voluntad de la Nacion es indivisible, y así debe ser
tambien la voz que la dé á conocer. Si hubiera dos cámaras y cada una de
ellas pudiera ejercer el veto sobre los actos de la otra, las dos
frecuentemente se hallarian reducidas á una perfecta inaccion. Con
semejante razonamiento, aquella asamblea, compuesta de mas de mil
diputados, despues de un corto y tumultuoso debate, casi por unanimidad
de votos desechó la proposicion de una cámara superior. Ese principio de
gobierno, falso y vicioso, prevaleció algun tiempo entre los teoristas
de ese país; y en el plan de gobierno publicado por la Convencion
francesa en 1793 se conservó el pensamiento de una sola cámara. La
instabilidad y violencia de las disposiciones que dictó esa Convencion
llenaron de asombro y horror á la Europa durante algunos años, y dieron
á conocer de la manera mas clara y sensible los extravíos á que puede
llegar una cámara única y sin restricciones, investida con todos los
poderes legislativos del Estado. Es muy creible que la Francia se
hubiera precipitado á los excesos de la revolucion, aunque hubiera
tenido mejor organizado su gobierno; pero si hubiese prevalecido el
proyecto de M. Lally Tolendal, de establecer un Senado ó Cámara
superior, compuesta de miembros elegidos de por vida, la constitucion
habria tenido mas estabilidad, y probablemente habria servido mejor para
conservar el órden y la tranquilidad en la Nacion. Al fin, el pueblo
francés, aleccionado con sus propios sufrimientos, aprendió á escuchar á
ese oráculo de la sabiduría, la experiencia de otros pueblos y de otros
siglos que habia despreciado por tanto tiempo, dominada como lo estaba
por la violencia de las pasiones. Ningun pueblo, decia M. Boissy
d'Anglas en 1795, puede atestiguar al mundo con mas verdad y sinceridad
que el francés, los peligros inherentes á una sola Cámara legislativa, y
hasta qué grado puede ser extraviada por las facciones una asamblea que
no tiene freno ni contrapeso. Debido á esto, en la siguiente
Constitucion de 1795 se estableció una division en la legislatura, y se
formó un consejo de ancianos para dar firmeza y moderacion al gobierno,
y este principio de las dos Cámaras nunca fué abandonado despues.[10]
[10] En la revolucion francesa de 1848 se volvió á ensayar el
proyecto de una sola Asamblea legislativa; pero pronto se
prescindió de él y se establecieron dos Cámaras de diputados.
II. Del Senado de los Estados Unidos.
El Senado de los Estados Unidos se compone de dos senadores por cada
Estado, (art. 1.º, sec. 3.ª) elegidos por sus legislaturas por el
término de seis años, teniendo un voto cada senador. Si por renuncia ó
cualquiera otra causa ocurre una vacante en el Senado durante el receso
de la legislatura del Estado que representaba el senador que falta, el
Ejecutivo del mismo puede hacer un nombramiento provisional mientras se
vuelve á reunir la legislatura, que procederá entonces á cubrir la
vacante. Actualmente el Senado se compone de sesenta miembros que
representan á los treinta Estados de la Union.[11] En esta disposicion
constitucional percibimos desde luego los vestigios de la antigua
Confederacion. Los Estados tienen igual representacion é influencia en
el Senado, sin consideracion á la desigualdad que pueda haber en ellos
respecto á poblacion, elementos ó extension territorial. Semejante
arreglo debe haber sido el resultado de ese espíritu de amistad y mútuas
concesiones que hacia indispensable la condicion política que
guardábamos cuando aquella se formó. Se fundaba en la idea de la
soberanía de los Estados, y en la de que todas las comunidades
independientes son iguales entre sí por el derecho de gentes y pueden á
su arbitrio dictar sus propias condiciones antes de ligarse en un pacto
social. Conforme al principio de la consolidacion de los Estados, esta
organizacion habria sido inadmisible, porque todos los Estados se
hubieran confundido en un gobierno único. Cuando se estaban discutiendo
los artículos de Confederacion, se intentó conceder á los Estados una
influencia y poder en el Congreso proporcionados á su censo y
elementos; pero era tan popular entonces la idea de Estados separados é
independientes, que la proposicion no tuvo éxito.
[11] Hoy hay setenta y seis senadores en representacion de los
treinta y ocho Estados que la forman.--_Nota del T._
La eleccion de los senadores por las legislaturas es tambien un
reconocimiento de la existencia separada é independiente de los Estados,
y produce el resultado de que aquellas sean absolutamente indispensables
para la marcha del gobierno nacional.[12] Hace algunos años se
presentaron ciertas dificultades sobre la verdadera inteligencia de la
Constitucion en este particular. A las legislaturas de los Estados toca
la eleccion de los senadores y señalar el tiempo, lugar y manera de
hacerla, pudiendo el Congreso general alterar las disposiciones que
dieren, con excepcion de las que se refieren al lugar (art. 1.º, sec.
4.ª). En vista de que las legislaturas tienen la facultad de prescribir
la manera en que debe hacerse la eleccion, en el Estado de New York,
cuando sus dos Cámaras no pueden ponerse de acuerdo en una eleccion
votando separadamente, se ha introducido la práctica de que se reunan
para hacerla, prévio acuerdo de la legislatura á ese efecto. En este
caso desaparece la importancia del Senado ante la superioridad numérica
de los votos de la Asamblea de Representantes. Mas esta práctica se ha
hecho ya demasiado expeditiva, y lleva demasiado tiempo de estar
sancionada por la aquiescencia de los senadores electos de esta manera
para que pueda interrumpirse; pero si se presentara la cuestion de
nuevo, yo sostendria que la Constitucion, al disponer que las
legislaturas hagan la eleccion, no quiso designar á los miembros de
estas _per capita_, sino á las legislaturas en su verdadero sentido
técnico, que es el de dos Cámaras que tienen una investidura y
organizacion distintas, con la facultad constitucional ordinaria de
ejercer cada una el veto sobre las disposiciones de la otra. Esta fué
una interpretacion contemporánea á la cláusula de que nos ocupamos; y se
sostuvo en las muy conocidas cartas que publicó el periódico _The
Federal Farmer_ (carta 12), en las que se analizó la Constitucion con un
espíritu escudriñador y concienzudo.
[12] Da una intervencion de tal naturaleza á los gobiernos de los
Estados en la formacion del gobierno federal, que queda asegurada
su autoridad. (_The Federalist_, núm. 62.)
Con el corto número y larga duracion de los senadores, se quiso que el
Senado fuera una salvaguardia contra la influencia de los acalorados y
apasionados arrebatos que suelen tener lugar aun en las sociedades mas
cultas, y que acompañan á las deliberaciones de las asambleas populares.
Bajo este punto de vista, un Senado dotado de firmeza é independencia,
es considerado con justicia como el áncora de salvacion en las
tempestades producidas por las facciones políticas. Por la falta de una
corporacion tan estable perecieron las repúblicas de Atenas y Florencia
al furor de las conmociones, mientras pudieron sobreponerse á ellas los
senados de Esparta, Cartago y Roma. Segun la mente de la Constitucion,
las cualidades características del Senado deben ser la prudencia y la
estabilidad. Se presume legalmente que el Senado tendrá miras mas vastas
acerca de la conveniencia pública, estará poseido de un sentimiento mas
moderado y justo de la dignidad nacional, y cuidará mejor de que haya
estabilidad en la administracion del gobierno que la otra Cámara. Verdad
es que tambien en ésta las mas veces se encontrarán dichas cualidades;
pero no se cuidó tanto de ellas en su organizacion constitucional, como
en la del Senado, porque viniendo los representantes mas directamente
del pueblo, y desempeñando su cometido por un tiempo mucho mas corto, se
presumió que participarian con mas facilidad de las tendencias y de los
caprichos que suelen dominar en determinadas épocas, y que habia mas
riesgo de que adoptaran medidas festinadas y las cambiaran con mas
ligereza. El cambio frecuente de la legislacion siempre acarrea males al
pueblo. Debilita la fuerza y aumenta la complicacion de las leyes,
perjudica el crédito y disminuye el valor de la propiedad. Este ha sido
un defecto que generalmente han tenido las instituciones republicanas y
un motivo de sérios temores é inquietudes para sus simpatizadores mas
ilustrados.[13] Parece que es un mal inherente á las asambleas populares
la manía de cambiar y multiplicar las leyes con cualquier motivo, y
estar haciendo constantes ensayos en la legislacion. Para contrapesar
por lo mismo esa propension peligrosa, mantener la debida confianza en
el gobierno y asegurar su sostenimiento y dignidad, interior y
exteriormente, fué necesario instituir otro cuerpo, que siendo tambien
del pueblo y siendo igualmente responsable por su conducta, tuviera una
base mas firme, y por su misma organizacion, estímulos para ser mas
moderada en sus debates y mas tenaz en su propósito, como un freno á los
excesos de la Cámara mas popular.[14]
[13] _The Federalist_, vol. 2, núm. 62.
[14] La Constitucion que el Estado de Rhode Island sancionó en
1843, constituyó al Senado segun los principios conservadores,
mientras que organizó á la Cámara de Representantes sobre la base
del censo, dando á cada ciudad y pueblo una representacion
proporcionada al número de sus habitantes. Cada ciudad y pueblo del
Estado da un solo senador, y esta disposicion tiene por objeto el
evitar que el poder legislativo esté manejado por la mayoría
numérica de las grandes ciudades ó pueblos manufactureros, con
opresion de las poblaciones agricultoras. Es un freno saludable y
previsor á la tiranía de las mayorías sobre las minorías.
Desde que se organizó el gobierno, el Senado para su renovacion se
dividió en tres clases, cesando en su encargo de dos en dos años los
senadores de cada clase sucesivamente, de manera que al fin de cada
bienio se renueva una tercera parte de la Cámara; cuya rotacion se
decidió al principio por la suerte. (Constitucion, art. 1.º, sec. 3.ª)
Esta disposicion fué sacada de otras semejantes de las constituciones de
los Estados, entre los que el de Virginia dió el primer ejemplo. Es una
disposicion sábia, que tuvo por objeto infundir de nuevo la confianza
pública y dar nuevo vigor al Senado cada dos años, conservando en él á
la vez un número considerable de personas que ya conocen los principios
de la política general y las formas y el giro de los negocios de la
Cámara. El vicepresidente de los Estados Unidos es presidente del
Senado; pero no tiene voto sino para decidir en caso de empate. Parece
mejor fundada la opinion de que en virtud de su oficio el presidente del
Senado tiene autoridad para hacer guardar el órden, sin necesidad de que
la Cámara le haga ninguna delegacion especial de facultades; pero por
ciertos escrúpulos que se suscitaron sobre el particular en 1828, el
Senado estableció la regla de que su presidente decida sin discusion las
cuestiones de órden, sujetándose al voto del Senado en caso de
reclamacion.[15]
[15] Comentarios de Story, tom. 2, pág. 212, 213.
La magnitud y lo delicado del encargo que se confia al Senado, punto de
que nos ocuparemos mas adelante, es la razon porque la Constitucion,
(art. 1.º, sec. 3.ª) no solo exige que los senadores sean electos por
seis años, sino además que tengan treinta años de edad y nueve de ser
ciudadanos de los Estados Unidos, debiendo ser al tiempo de su eleccion
vecinos del Estado que los elige. Esa era tambien la edad que debian
tener los senadores entre los romanos, aunque no fijaban ninguna para
los empleados del ejecutivo. _Ne ætas quidem distinguebatur quin prima
juventa consulatum ac dictaturas inirent._[16] Además; en un país que en
su orígen fué colonizado por los habitantes de varias partes de Europa,
y que ha estado dispuesto á seguir la política mas liberal para con el
resto del género humano, se creyó que los inmigrados deberian ser
elegibles al cargo de senador cuando despues de haber adquirido la
ciudadanía hubiera trascurrido el tiempo que pareció suficiente para
crear en ellos el sentimiento de adhesion á nuestro sistema de gobierno,
y proporcionarles el conocimiento de sus principios. La política inglesa
no es tan liberal, pues en Inglaterra ningun extranjero puede ser
miembro del Parlamento. Esta inhabilidad fué establecida por el _Act of
settlement_, 12, William, III, c. 2, y no se puede presentar un proyecto
de naturalizacion á ninguna de las Cámaras, que no contenga la cláusula
relativa á esa restriccion.
III. De la Cámara de Representantes.
La Cámara de Representantes se compone de miembros elegidos cada dos
años por los ciudadanos de los diversos Estados, que tienen los
requisitos legales para elegir los miembros de la Cámara mas numerosa
del Estado á que pertenecen. La legislatura de cada Estado prescribe el
tiempo, lugar y manera de hacer las elecciones; pero el Congreso,
siempre que lo juzgue conveniente, puede alterar esas disposiciones por
medio de una ley. (Art. 1.º, sec. 4.ª) Nadie puede ser representante
antes de haber llegado á la edad de veinticinco años cumplidos, haber
sido ciudadano de los Estados Unidos por siete años, y ser vecino del
Estado en que hubiere sido electo al tiempo de su eleccion.[17]
[16] Tácito, An., lib. 11, 22.
[17] Art. 1.º, sec. 2.ª El Sr. Magistrado Story en sus
«Comentarios,» tom. II, página 99 á 103, examina la cuestion de si
conforme á la Constitucion, los Estados en particular pueden
aumentar ó modificar las cualidades que deben tener los
representantes. Me parece que las objeciones que ocurren fácilmente
contra semejante facultad son de tanto peso, que no admiten
discusion.
Estas son generalmente las cualidades que deben tener los electores de
la Asamblea ó Cámara mas numerosa de las legislaturas de los diversos
Estados: ser de veintiun años de edad, hombres libres y vecinos del
Estado en que votan. En algunos se requiere que sean propietarios, y en
los mas que sean ciudadanos libres y blancos.[18] En la mayor parte de
los Estados las leyes relativas son tan ámplias que comprenden casi á
todas las personas que tienen discernimiento, se interesan en la
prosperidad del gobierno y puedan soportar las obligaciones ó cargas que
el mismo impone. Por consiguiente, se puede decir sin faltar á la
verdad, que la Cámara de diputados representa á la totalidad del cuerpo
político del pueblo americano. En las Constituciones de algunos Estados
se prescribe que los electos tengan las mismas ó mayores cualidades que
los electores en cuanto á propiedad, y en otros, que otorguen un
juramento religioso. Pero la Constitucion de los Estados Unidos no exige
pruebas sobre que los representantes tengan propiedad, ni declaracion
alguna sobre creencia religiosa. Solo requiere que el electo sea
ciudadano, tenga la competente edad y no esté sujeto á una influencia ó
dependencia inconveniente, sirviendo un empleo del gobierno de los
Estados Unidos. (Art. 1.º, sec. 6.ª)
[18] Nota 2 del Traductor, al fin.
_Nota 2, pág. 34._--Abolida la esclavitud en todos los Estados
Unidos por un artículo constitucional, los negros no tienen
impedimento alguno por razon de su cuna para ser elegidos á los
Cámaras, en las que actualmente hay varios miembros de color; ni
tienen tampoco obstáculo alguno para cualquier empleo de la
Federacion ó de los Estados en particular. Hoy están
completamente igualados á los blancos en cuanto á su condicion
política.
Por lo que ve al requisito existente todavía en algunos Estados,
de que los electores tengan alguna propiedad, está de acuerdo
con la teoría de las instituciones británicas. Era un principio
admitido entre los ingleses, que la Asamblea ó Cámara que vota
las contribuciones, debia ser elegida solo por los que
contribuyen pecuniariamente al sostén del gobierno, pues si los
que no pagan ningun impuesto al Estado pudieran con sus votos
disponer del dinero de los demás, no habria motivo alguno que
los estimulara á la economía en los gastos públicos. Por lo que
ve á los intereses pecuniarios, segun esta doctrina, cualquiera
facultad ó derecho que se dé á las personas constituidas en este
predicamento, importaria una violacion del principio fundamental
de los gobiernos libres, una separacion de la facultad de
disponer del tesoro público del interés que todos tienen en su
benéfica inversion. Equivaldría á permitirles poner las manos en
los bolsillos agenos para cualquier objeto que quisieran
calificar como de utilidad pública, lo que en algunos grandes
centros de poblacion de los Estados Unidos ha dado por resultado
una escala de impuestos locales onerosísimos y que soportan
únicamente las clases acomodadas. _Stuart Mill_, tratando de
reconciliar este requisito en la representacion, que él califica
de justo, con el carácter de universal que debe tener, opina que
convendria imponer una contribucion directa que se hiciera
extensiva hasta á las clases más pobres; una especie de
capitacion que deberia pagar todo ciudadano, para poder ser
elector, aumentándose ó disminuyéndose su tipo en proporcion á
los gastos del Estado. De esta manera, á juicio del sábio autor,
cada elector sentiria que las contribuciones que él ayudaba con
su voto á imponer, iban á afectar sus propios intereses, y
procuraria por lo mismo evitar que fuesen gravosas. Pero esto
supone un estado de cultura y bienestar en la sociedad á que muy
pocos pueblos han llegado por desgracia.
El término del encargo de representante del pueblo no debe ser tan corto
que no le permita instruirse suficientemente en los negocios públicos,
ni tan largo que por esta razon olvide la naturaleza transitoria de su
comision, y que en el desempeño de ella está sujeto á la aprobacion de
sus comitentes. Además, debe tenerse presente como una verdad
íntimamente enlazada con el buen nombre y eficacia del sistema
representativo, que la mucha frecuencia de las elecciones tiende á
desprestigiarlas, á que el pueblo vea con indiferencia el ejercicio de
sus derechos, y á fomentar el espíritu de inquietud, instabilidad y
faccion. Mientras que cuando son muy largos los intervalos que median
entre las elecciones, éstas producen demasiada exaltacion en los ánimos,
y por consiguiente demasiada rivalidad y conflicto de intereses para que
pueda conservarse sin alteracion la tranquilidad pública. La
Constitucion ciertamente no se desvió hácia este último extremo, al
disponer que las elecciones se verifiquen cada dos años. Escogió un
medio que atendidas la situacion y extension del país, probablemente
tiene tantas ventajas é inconvenientes como cualquiera otro término que
se hubiera podido adoptar.
Segun la Constitucion, el número de representantes que deben ser
elegidos por el pueblo de los Estados, será proporcionado al censo de
éstos, que para este efecto se computa agregando al número total de
personas libres, tres quintos de todas las demás personas. Entre las
personas libres se incluyen las que están obligadas á prestar sus
servicios por cierto número de años, y se excluyen los indios que no
pagan contribuciones. La misma Constitucion dispone además (art. 1.º,
sec. 2.ª) que el número de representantes no exceda de uno por cada
treinta mil habitantes; pero cada Estado tiene derecho á tener uno por
lo menos. El censo de los habitantes de los Estados Unidos debe formarse
cada diez años, y el número de representantes que deba elegirse será
proporcional al aumento relativo de la poblacion de los Estados. (Art.
1.º, sec. 2.ª) Al principio, el número que fijó la Constitucion mientras
se formaba el censo, fué el de sesenta y cinco representantes. La
proporcion que se formó segun los datos que arrojaba el cuarto censo, en
virtud del decreto del Congreso de 7 de Marzo de 1822, fué el de un
representante por cada cuarenta mil personas en cada Estado, lo que
hacia subir el número total de representantes á doscientos trece. Bajo
el quinto censo que se formó en 1831, y segun el que la poblacion de los
Estados Unidos era de doce millones, ochocientos cincuenta y seis mil
habitantes, la proporcion se fijó en un representante por cada cuarenta
y siete mil setecientas personas, lo que dió un resultado de doscientos
cuarenta representantes.[19] La regla de proporcion de los
representantes de los distintos Estados, segun el número de habitantes,
en su aplicacion ha presentado grandes dificultades en la práctica,
porque el censo de cada Estado no guarda, ni jamás podrá guardar una
proporcion tan exacta con el total de la poblacion, que pueda adoptarse
un divisor comun que no deje fraccion en algun Estado. Al fin de cada
decenio en que se ha tenido necesidad de fijar la proporcion, se ha
presentado y agitado esa embarazosa cuestion. Como es imposible que haya
una perfecta igualdad, ha prevalecido el principio de aproximacion,
distribuyendo la proporcion entre los varios Estados segun su censo,
_hasta donde sea posible_. Esto se consigue concediendo á cada Estado un
representante por cada fraccion del número de sus habitantes que exceda
de la mitad del número fijado, despreciando las fracciones que no
lleguen á esa mitad.[20]
[19] Ley del Congreso de 22 de Mayo de 1832, c. 91. En 1836 los
territorios de Michigan y Arkansas fueron admitidos como Estados de
la Union; en 1845 lo fueron los territorios de Iowa y Florida; en
1846 el territorio de Wisconsin, y en 1845 la república de Tejas.
Por el sexto censo que se formó en 1841, la poblacion de los
Estados Unidos era de 17.069,453, dando un aumento de 4.202,646
habitantes sobre el censo de 1830; esto es, mas de un 32-1/2 por
ciento en los últimos diez años, y por la ley del Congreso de 25 de
Junio de 1842, c. 47, la proporcion de la representacion se fijó en
un representante por cada 70,680 personas en cada Estado, y uno de
aumento por cada fraccion que excediera de la mitad de ese número.
Esto redujo el número de los representantes despues del 3 de Marzo
de 1843, á 223, y además un delegado por cada uno de los tres
territorios que entonces existian. Con el aumento de los
representantes de los nuevos Estados, el primero de Enero de 1847
la Cámara se componia de 230 miembros, habiendo cesado los
delegados de los territorios. Esta ley tambien dispone que los
representantes sean elegidos en cada Estado por distritos
electorales formados de territorio contiguo ó no interrumpido,
debiendo ser iguales en número al de los representantes que tocan
al Estado, y dar cada distrito un representante. Esta medida fué
dictada con fundamento de la disposicion constitucional que dice:
«La legislatura de cada Estado prescribirá el tiempo, lugar y
manera en que deban hacerse las elecciones de los senadores y
representantes, pero en cualquier tiempo el Congreso por medio de
una ley podrá alterar en todo ó en parte las disposiciones de las
Legislaturas sobre el particular, excepto las que se refieran al
lugar de la eleccion de los senadores.» (Art. 1.º, sec. 4.ª) Ya
desde antes varios Estados habian adoptado la division del
territorio en distritos electorales; pero era conveniente que
hubiera un sistema uniforme en toda la nacion, y por otra parte, la
medida en sí misma se recomendaba, porque hasta donde era posible
daba á las subdivisiones locales del pueblo de cada Estado, la
debida participacion en la eleccion de representantes, á fin de que
el conjunto de la minoría del pueblo en un Estado, que tal vez se
aproxima á una mayoría, no quede enteramente vencida por la accion
combinada de la mayoría numérica, y privada así de voz en los
consejos nacionales.
Por el censo de 1850, el número de habitantes de los Estados Unidos
era de 23.191,876, y en virtud de la ley de 23 de Mayo de 1850,
sec. 25.ª, el número de representantes que debia distribuirse
proporcionalmente entre los Estados era de 233. (Véase nota 3 del
Traductor, al fin.)
_Nota 3, pág. 36._--La poblacion de los Estados Unidos, en el
censo de 1870, pasaba de 38.000,000 de habitantes.
[20] Véanse los Comentarios de Story sobre la Constitucion (T. 2.º,
pág. 141-171) donde se discute extensamente la materia, y se
encuentran por una parte la opinion de Mr. Jefferson y por la otra
el informe de Mr. Webster al Senado en Abril de 1832. Estos
documentos contienen en sustancia todos los argumentos en pro y en
contra del principio de proporcion adoptado y sancionado por el
Congreso. La misma dificultad se presentó en la legislatura del
Estado de New York en 1791 respecto á la proporcion de la
representacion del Estado, segun el censo que se acababa de formar,
y se adoptó el mismo principio; el autor de esta nota, que era uno
de los miembros de la Cámara de Representantes, concurrió con su
voto á aprobarlo. (_Journal of the Assembly of New York_, for 1791,
pág. 26). Pero la Constitucion de New York hacia mas fácil la
regla, porque disponia que el número de senadores en cada distrito
debia fijarse en proporcion al número de electores calificados,
_hasta donde esto fuera asequible_; y en estos términos se expresó
la Constitucion reformada en 1822.
Contra la regla de proporcion establecida por la Constitucion, se puede
hacer el argumento de que para fijar el número de representantes de los
Estados del Sur, se computan las tres quintas partes de los esclavos.
Pero esta disposicion fué el resultado de la necesidad, y debió su
orígen á que de hecho existia la esclavitud doméstica en una parte de
nuestro territorio. El mal ha tenido una existencia demasiado larga,
está demasiado extendido y arraigado para que se pueda extirpar
violentamente, y aun para que se discuta, si no es con mucha cordura y
discrecion. Pero la misma regla de proporcion de los representantes se
hace extensiva á la de las contribuciones directas: de manera que si
bien es cierto que en los Estados del Sur los esclavos dan un aumento en
su representacion, tambien lo es que en el sistema aumentan la medida de
las contribuciones.
La Cámara de representantes es bastante numerosa tal como hoy existe.
Si en lo sucesivo no se amplía la proporcion cada vez que lo vaya
requiriendo la necesidad, con el tiempo podrá llegar á ser un cuerpo
demasiado numeroso y difícil de sujetarse á disciplina para sus
deliberaciones y debates. En esa Cámara debe haber el suficiente
conocimiento de los intereses locales de todas las partes que forman la
Union, y reunirse el número de representantes que baste para darlos á
conocer, discutirlos y crear simpatías en favor de las necesidades y
deseos del pueblo. Una vez conseguidos estos objetos, no se amplía la
deliberacion ni se aumenta la seguridad pública con aumentar la
representacion. Siempre se ha observado que los cuerpos muy numerosos,
aunque hayan sido elegidos con el mayor tino, se dejan guiar demasiado
por las pasiones y se impacientan con una larga deliberacion.
Creemos que los Estados Unidos con los progresos que han hecho en el
ejercicio del derecho de representacion, pueden reclamar la preeminencia
sobre todos los demás gobiernos antiguos y modernos. Nuestras elecciones
se verifican en períodos fijos, establecidos por la ley. El pueblo
generalmente vota por escrutinio secreto en pequeños distritos, y
presiden las elecciones empleados públicos que reciben los sufragios y
mantienen el órden y la legalidad.[21] Aunque la competencia entre los
candidatos suele ser acalorada y excitarse mucho el celo de los partidos
rivales, las elecciones se verifican en todas partes con tranquilidad.
La legislatura de cada Estado fija el tiempo, lugar y manera en que
deben hacerse las elecciones, con sujecion sin embargo, á las
disposiciones que dicte el Congreso federal, á quien se le concedió la
facultad de intervenir en el particular, para su propia conservacion,
presumiéndose que solo la ejercerá cuando algun Estado rehusare ó dejare
de prescribir las medidas convenientes al efecto. Como ya hemos dicho
antes tienen derecho á votar todas las personas que tengan la
suficiente aptitud por razon de su edad y la capacidad de manejarse por
sí mismas. Los antiguos griegos y romanos no solo tenian nociones muy
imperfectas acerca de la importancia de la representacion, sino que sus
asambleas populares eran tan numerosas, ejercian facultades tan ámplias
y estaban tan expuestas al desórden, que por esta razon era una medida
de precaucion entre ellos el ser parcos en conceder los derechos de
ciudadanos libres.
[21] El voto por escrutinio secreto se introdujo en la provincia de
Massachusetts en 1634. En New York el pueblo votaba _viva voce_,
hasta despues de la revolucion, en cuya época se estableció
constitucionalmente el voto por escrutinio secreto. En Virginia y
Kentucky las elecciones todas se hacen de viva voz, segun lo
disponen las Constituciones de esos Estados. Tambien en Georgia,
segun su Constitucion de 1790, las elecciones se hacian de viva
voz; pero la legislatura podia cambiar esto, y hoy se hacen por
escrutinio.
En Atenas no llegaba á la décima parte del pueblo la que tenia el
privilegio de votar en las asambleas populares, y las nueve décimas
partes de los habitantes de toda la Grecia eran esclavos.[22] En Esparta
se habia fijado en diez mil personas el número de las que podian votar.
En Roma, el derecho de votar durante muchos siglos estuvo limitado á
los _Pomæria_ de la ciudad,[23] y así continuó, produciendo resultados
indiferentes, hasta despues de la guerra social en que se extendió á
todos los habitantes de la Italia que vivian al Sur del Rubicon y del
Arno. Como no se exigia ninguna prueba de tener propiedades, ni
capacidad personal, y como el pueblo se reunia en grandes masas dentro
de los muros de Roma, no solo para votar sino tambien para legislar,
esta grande innovacion produjo la mayor anarquía y desmoralizacion, y
se ha considerado con justicia como una de las causas que festinaron la
caida de esa república.[24]
[22] _Mitford's Greece_, vol. I, pág. 354, 357. El profundo
literato alemán G. T. Schömann en su obra titulada: _De Comitiis
Ateniensium_, publicada en latin en 1819, y traducida al inglés en
Cambridge [Inglaterra] en 1838, trata de una manera muy erudita
sobre el gobierno democrático de Atenas. Dice este autor que
durante el apogeo de la democracia ateniense, todo ciudadano á los
18 años de edad tenia derecho á desempeñar los empleos públicos y á
votar en las asambleas del pueblo. Que las mas numerosas de éstas,
raras veces excedian de 8,000 ciudadanos, apesar de que Atica tenia
20,000 [pág. 65, 69, 128]. Que se presumia que eran ciudadanos
aquellos cuyos padres lo eran, y el que ilegalmente usurpaba los
derechos de tal, era vendido como esclavo. Las asambleas del pueblo
eran convocadas por los magistrados; [_Prytanes_ y _Strategi_] sus
presidentes [_Prytanes_ y _Proedri_] proponian los negocios que
debian discutirse, y mandaban leer los proyectos que préviamente
habian sido preparados y sancionados por el Senado, (pues la ley
fundamental no permitia que se tomara en consideracion ningun otro)
concediendo la palabra á los oradores, apesar de que todos tenian
libertad para dirigirse al pueblo sobre la materia á discusion
desde el _Bema_. Tambien á los presidentes tocaba preguntar si se
aprobaba ó desechaba la proposicion, y la Asamblea tenia el derecho
de alterarla ó reformarla, (págs. 53, 81, 90, 101, 104, 107, 130,
245). Generalmente el pueblo votaba levantando las manos, y á veces
por escrutinio secreto (pág. 127). Votaba por tribus (de las que
habia diez); pero decidia la votacion la mayoría de toda la
Asamblea colectivamente.
La historia y organizacion de la democracia de Atenas presenta un
ejemplo desconsolador á los amigos de la libertad, por el
irremediable defecto, entre otros, de congregar al pueblo en masa
para hacer las leyes y no por medio de representantes, y por falta
de una separacion conveniente y bien definida de los poderes del
gobierno en distintos departamentos, esa célebre república se hizo
turbulenta y licenciosa en su conducta, y concluyó en el despotismo
y la esclavitud. Las Asambleas generales del pueblo, sin ningun
freno, asumian y ejercian todos los supremos poderes del Estado,
legislativo, ejecutivo y judicial.
[23] Treinta y cinco tribus votaban en los comicios que se reunian
en la ciudad de Roma; pero las tribus de la ciudad (_Plebs
urbana_), eran cuatro solamente, y entre ellas estaban inscritos
los libertos. Las treinta y una restantes eran las tribus rurales,
y formaban un cuerpo muy influyente. Pero no estaban representados
los esclavos, y Roma ejercia los derechos de absoluta soberanía
sobre los territorios de sus auxiliares. Por lo mismo, los
ciudadanos, que eran los únicos que ejercian los poderes del
gobierno por razon del derecho de votar, eran pocos comparados con
el número total de los habitantes. Durante las mejores épocas de su
gobierno, el modo de aprobar las leyes y de votar en sus comicios
era ordenado, y habia grandes restricciones. Una vez propuesta y
discutida una ley, y terminadas las ceremonias religiosas, cuando
nadie pedia la palabra, el pueblo procedia á votar y se mandaba que
los ciudadanos se formaran en sus respectivas centurias. Al
principio votaban _viva voce_; pero despues del año 614 de la
fundacion de Roma, adoptaron la votacion por escrutinio secreto en
virtud de las _leges tabellariæ_, que eran aplicables tanto á la
eleccion de los magistrados, como á los juicios públicos y á la
aprobacion y derogacion de las leyes. El pueblo pasaba
ordenadamente sobre unos tablones angostos llamados _pontes_, á
lugares cerrados conocidos con el nombre de _septa_, donde algunos
empleados daban á cada votante dos tabletas, una en pro y otra en
contra de la proposicion que se ponia á votacion, las cuales, segun
el sentido en que se votaba, se iban depositando en una caja, y
despues se contaban y comparaban. _Heinec. Ant. de Rom._, lib. 1,
tít. 2, sec. 3.ª,--11. _Opera_, tom. 4, donde se encuentran
recopiladas todas las nociones que tenian los antiguos sobre el
particular. Véase _Hooke's Rom. Hist._ b. 1, c. 7, sec. 4^{th},
note. Ciceron reprobaba la votacion secreta, porque á su juicio era
un manto para encubrir la corrupcion y la hipocresía. Queria
apreciar el valor moral de los votos por las circunstancias de las
personas que los emitian. Cic. _De Legibus_ lib. 3. _Mr. Barnham_
que tradujo sus obras _De Republica_ y _De Legibus_, en su nota al
lib. 3 de esta última, expone de una manera muy erudita las
ventajas que proporciona la votacion pública, impidiendo el engaño;
pero parece que es preferible el modo ordenado y especial de votar
por escrutinio secreto.
[24] _Montesquieu._ _Esprit des Lois_, tom. 1, lib. 2, c. 2.
_Grand. et Decad des Rom._, c. 9. Augusto permitió á los Decuriones
ó ciudadanos privilegiados de las ciudades provinciales de Italia,
que en las elecciones de los magistrados romanos votaran en el
lugar de su residencia, y mandaran sus cédulas cerradas y selladas
á Roma. Esto, dice Suetonio, equivalia á ir concediendo
gradualmente á las ciudades los privilegios y dignidad de la misma
Roma. _Sueton._ _Aug._ c. 46.
La Inglaterra, como la generalidad de los países feudales de Europa,
gozaba antiguamente de los beneficios de una representacion popular, y
los _Knights_, _citizens_ y _burgesses_ representaban á los labradores,
comerciantes y fabricantes que constituian las diferentes órdenes ó
clases del pueblo de que se componia la nacion.[25] Pero las
alteraciones que el tiempo y el comercio fueron introduciendo,
despoblando los antiguos _boroughs_ y formando nuevas ciudades y grandes
establecimientos manufactureros que carecian de una representacion
directa en el Parlamento, fueron cambiando insensiblemente la
organizacion de la Cámara de los Comunes, y la convirtieron, en teoría
por lo ménos, en un órgano muy inadecuado é imperfecto de la voluntad
nacional. Hace muchos años el Arcediano Paley (_Moral Philosophy_,
_pág._ 369 _ed._ 1786) decia que cerca de la mitad de los miembros de la
Cámara de los Comunes era elegida por el pueblo, y la otra mitad
adquiria el cargo por compras ó por el nombramiento de los dueños
absolutos de grandes propiedades. En Inglaterra era tan excesivamente
desigual el voto popular en las elecciones, que ménos de siete mil
electores elegian casi la mitad de los miembros de la Cámara de los
Comunes.[26] Pero á pesar de la organizacion tan defectuosa que tiene
esa Cámara, si se sujeta á la prueba de la exactitud aritmética de
nuestros modelos políticos, sin embargo, en toda la historia de
Inglaterra se reconoce el vigor del principio popular. Mientras que en
el continente de Europa la degeneracion del sistema feudal, la
influencia de la gerarquía papal, las máximas políticas del derecho
imperial ó civil, y la fuerza de los ejércitos permanentes extinguieron
la libertad atrevida é irregular de los gobiernos góticos, y abolieron
la representacion del pueblo, en Inglaterra la Cámara de los Comunes fué
el asilo de la libertad europea, y conservó su dignidad contra toda la
violencia de los príncipes de la casa de Plantagenet, la altiva raza de
los Tudores y el despotismo incesante de la casa de Stuart. Cuando
consideramos el plan admirable de su administracion judicial, y esas dos
grandes salvaguardias de la libertad civil, el juicio por jurados y la
libertad de la prensa, no debemos admirarnos de que en la nacion que
disfrutaba de esos beneficios inapreciables hubiera mas seguridad para
las personas y las propiedades, que jamás la hubo en Atenas ó Esparta,
Cartago ó Roma, ni en ninguna de las repúblicas de Italia durante el
período de la edad media.
[25] _Blackstone. Com._ 174. _Millar on the English Constitution_,
b. 2, c. 6, sec. 1. _Turner_, en su erudita historia de Inglaterra
durante la edad media (vol. 1, 416) dice que en todas las naciones
setentrionales, desde que salieron de los bosques de la Alemania,
el gobernante tenia un numeroso consejo. La destruccion de la
nobleza anglo-sajona á consecuencia de sus rebeliones contra
Guillermo el Conquistador, y la confiscacion de sus propiedades y
su distribucion entre los barones normandos, aniquiló á los
miembros de su antigua _Witenagemotes_, pero no destruyó la
institucion misma. Los barones normandos eran tan independientes
como el _Witena_ sajón, y constituian el Consejo nacional del
Soberano, antes y despues de sus conquistas. Pero aunque los
consejos nacionales de las tribus célticas y teutónicas, hayan
podido constituir el gérmen del Parlamento inglés, sin embargo, los
anticuarios modernos convienen generalmente en que los _Ceorls_, ú
hombres libres de las clases ínfimas, no estaban representados en
el Witenagemote anglo-sajon. Este se formaba del monarca, de la
aristocracia y del clero, y tenia muy poca libertad para deliberar
y votar. _Hallam on the Middle Ages_, c. 8, part. 1; _Turner's
Hist. of the Anglo Saxons_, vol. III; _Palgrave's, Hist. of
England_, vol. 1; _Sir William Betham's Dignities, Feudal and
Parliamentary_. El último escritor, despues de haber examinado
cuidadosamente una multitud de documentos antiguos, asienta que no
llegó á haber una asamblea legislativa deliberante en Inglaterra,
hasta el reinado de Enrique III. Entonces fué cuando se estableció
la _Carta magna_ que declaraba que solo el Parlamento podia imponer
contribuciones, (exceptuando los tres _aids_ feudales) y que debia
formarse del alto clero, de la nobleza y de los poseedores de
tierras cuyos títulos dimanaban directamente de la corona. En la
época de Enrique III y de Eduardo I, fué cuando se introdujo la
representacion popular en Inglaterra y se estableció la Cámara de
los Comunes. Las tierras que se poseian en virtud del derecho
feudal, llevaban invívita la condicion de prestar ciertos
servicios, y una vez cumplida esta condicion no podia legalmente
imponerse otras contribuciones al feudatario sin su consentimiento.
Las poblaciones rurales, mediante el pago de ciertas cantidades
estipuladas, obtenian cartas de privilegio que las eximian del pago
de contribuciones arbitrarias. Cuando aumentaron las necesidades de
la corona y ya fueron necesarios mayores auxilios, se creyó
conveniente que el rey y su consejo de los Pares consultaran los
deseos y obtuvieran el consentimiento de los pequeños propietarios
rurales, y de los habitantes de las ciudades y villas, y los
_Knights_, _citizens_ y _burgesses_ eran emplazados para comparecer
por representacion en el gran consejo ó legislatura del sistema
feudal. El primer edicto para la eleccion del _Commonalty_ [la
gente que no era noble] de Knights, citizens y burgesses de todo el
reino, fué expedido bajo la usurpacion de Simon Montfort, en el año
49.º del reinado de Enrique III. Hasta entonces el gran consejo de
la nacion se habia formado de los prelados y barones, ayudados por
los empleados del Estado y por los jueces.
[26] En 1831 se aseguraba que de los 658 representantes que
formaban la Cámara de los Comunes en Inglaterra, 487 eran elegidos
por 144 Pares y 123 _Commoners_. La Cámara de los Comunes fué
reformada en 1832 por tres leyes expedidas para «_Enmendar la
representacion del pueblo de Inglaterra, Gales, Escocia é
Irlanda_.» En virtud del primero de estos estatutos quedaron sin
representacion en Inglaterra 56 boroughs, y se restringió la de
otros 30, reduciéndola á un solo representante por cada borough. Se
crearon 22 _boroughs_ nuevos, con derecho cada uno á elegir dos
representantes, (Manchester, Birmingham, Leeds y Sheffield, se
contaban entre éstos) y otros 16, con derecho á uno. Quedaron
subdivididos 34 _shires_ (distritos) á fin de aumentar 63
_knights_. Se modificaron las cualidades de los electores que
debian ser dueños ó arrendatarios de propiedades raíces,
disponiéndose que antes de las elecciones se inscribieran sus
nombres en un registro. El número de representantes que hoy forman
la Cámara es de 658, lo mismo que antes de la expedicion del
estatuto, siendo 417 por Inglaterra, 29 por Gales, 53 por Escocia y
105 por Irlanda. En virtud de la ley reformada, 2, William IV,
chap. 45, las cualidades que deben tener los electores de los
_Knights of the Shires_ para la Cámara de los Comunes, son
sustancialmente éstas: ser dueños ó arrendatarios por un término de
sesenta años no fenecido, de bienes raíces que produzcan anualmente
£10, libres de todo gravámen, ó de £50 con el mismo carácter, si el
arrendamiento fuese por un término de 20 años, no fenecido, ó ser
arrendatario de tierras que produzcan £50 al año. Además, es
indispensable que el nombre del elector conste en el registro, y
para que tenga derecho á inscribirse, es necesario que esté en
actual posesion de una casa, ó perciba sus rentas y productos
durante los seis primeros meses de cada año. Los electores de los
_citizens_ y _burgesses_ deben ocupar por sí solos, ó en union de
otras personas, con el carácter de dueños ó arrendatarios, una casa
con terrenos en el _borough_, que produzca anualmente £10, libres
de todo gravámen, pagar la contribucion para los pobres, [_poor
rate_] estar debidamente inscrito en el registro de los electores,
y haber residido en el lugar los seis primeros meses de cada año.
Los reglamentos relativos al registro y revision de las listas de
los electores contienen disposiciones muy detalladas, dadas con el
fin de evitar en las votaciones la falsificacion y los fraudes.
Nadie tiene derecho á votar si su nombre no aparece en el registro,
y en las mesas electorales no se puede tachar á ningun elector
registrado, si no es por uno de estos tres capítulos: 1.º,
negándole su identidad con la persona registrada; 2.º, alegando que
ya ha sufragado en la eleccion; y 3.º, que no concurren ya en él
las cualidades que tuvo cuando se inscribió su nombre en el
registro.
Paso á considerar las prerogativas y facultades que tienen las dos
Cámaras juntas y separadas. El Congreso debe reunirse por lo ménos una
vez al año, el primer lúnes del mes de Diciembre, á no ser que por una
ley especial se fije otro dia[27] (Art. 1. sec. 4.)
[27] Véase nota 3 del Traductor al fin.
_Nota 4, pág. 44._--Hasta hoy se siguen instalando las Cámaras
el primer lúnes de Diciembre de cada año, dia fijado por la
Constitucion.
IV. Atribuciones de las dos Cámaras del Congreso.
Cada Cámara es el juez único que debe calificar el resultado de las
elecciones, y si los electos tienen ó no las cualidades requeridas.
(Art. 1, sec. 5). La misma facultad tiene la Cámara de los Comunes de
Inglaterra, y las legislaturas de los Estados; la Constitucion no
reconoce ningun otro cuerpo á quien se pudiera confiar con seguridad esa
facultad. Así era necesario para que hubiera una representacion pura,
que fuera la genuina expresion de la voluntad del pueblo, y para evitar
los males de las elecciones irregulares, corrompidas y tumultuosas. En
esta materia cada Cámara procede con carácter judicial, y sus decisiones
como las de cualquier otro tribunal de justicia, deben basarse en
principios conocidos de derecho, y ser extrictamente observadas, á fin
de que haya uniformidad y certeza. En cada una de las Cámaras la mayoría
constituye _quorum_ para el despacho de los negocios; pero un número
menor puede reunirse periódicamente y compeler á los miembros ausentes á
que concurran, empleando aquellos medios y disposiciones penales que
cada una haya creido conveniente adoptar.[28] Así mismo, cada una fija
el reglamento de sus procedimientos, y puede castigar á sus miembros por
conducta desordenada, y aun expelerlos, concurriendo en la medida las
dos terceras partes de los miembros.[29] Cada Cámara debe llevar actas
de sus procedimientos, y publicar aquellas partes de las mismas que no
exijan reserva, haciendo constar en ellas los votos en pro y en contra
de cualquiera cuestion, cuando así lo pidiere una quinta parte de los
miembros presentes. Durante las sesiones del Congreso (Art. 1, sec. 5),
ninguna de las dos Cámaras podrá entrar en receso por mas de tres dias
sin el consentimiento de la otra, ni reunirse en otro lugar distinto de
aquel en que las dos tienen sus sesiones. (Art. 1, sec. 5). Los miembros
de las dos Cámaras no pueden ser arrestados durante el tiempo de su
asistencia al Congreso, ni al ir ó volver de él, esceptuándose los casos
de traicion, delitos graves ó alteracion de la paz pública.[30] Es óbvia
la necesidad de esta prerogativa que tienen las dos Cámaras para su
propia conservacion y dignidad, así como de la que todavía es mas
importante para la libertad de las discusiones, á saber, que ningun
miembro del Congreso pueda ser reconvenido fuera de allí con motivo de
los discursos que se hallan pronunciado, ó de los debates que hayan
tenido lugar en su recinto.[31]
[28] En la Cámara de los Comunes cuarenta miembros forman el
_quorum_ para los negocios; pero en 1833 se redujo el número á
veinte para las sesiones de la mañana, dedicadas á los negocios y
solicitudes de un carácter privado. La de los lores puede tener
sesiones con tres miembros que asistan.
[29] La facultad de expeler á un miembro es discrecional por su
naturaleza, y su ejercicio es de un carácter mas sumario que el de
las facultades que tienen los tribunales de justicia. Caso de J.
Smith, 1807. Hay una multitud de precedentes en que los miembros de
la Cámara de los Comunes en Inglaterra han sido juzgados y
castigados con amonestacion, prision ó expulsion segun fuere el
caso, por sus palabras ó conducta ofensiva ante la Cámara. _May's
Treatise on the Law of Parliament_, p. 80.
[30] Art,1, sec. 5. Este privilegio se limita á los miembros de las
dos Cámaras exclusivamente, y no se estiende á su servidumbre. El
arresto, dado caso que se verificase, seria ilegal; pero cesando el
fuero, el representante podrá ser de nuevo arrestado por la misma
causa. Si fuere elegida una persona como miembro del Congreso,
_hallándose en arresto_ por alguna causa civil, su prerogativa le
daria derecho á ser puesto en libertad mientras subsistiere. Esto
es conforme al derecho parlamentario inglés. May's _Treatise &c._
_p._ 93, 97. Pero segun varios estatutos expedidos durante el
reinado de Jorge III (10, 45 y 47 _Geo. III_) la prerogativa no
surte el efecto de suspender los procedimientos de los tribunales
en los negocios civiles, con la única excepcion del arresto y
prision de la persona, ni se extiende á las órdenes de prision por
falta de respeto (_contempts_) á los tribunales de justicia. Véanse
los casos de Wellesley y Charlton, citados en el tratado de May,
pág. 108, 109.
[31] Art. 1, sec. 6. El Sr. Magistrado Story en sus comentarios
vol. 2, pág. 259-262, propone la cuestion de si un senador ó
representante puede ser enjuiciado por la conducta que haya
observado con ese carácter, y tanto por el peso de las autoridades
que cita como por la razon y la política, está decididamente por la
negativa, y en favor del principio de que los miembros del Congreso
deben gozar de inmunidad por sus actos colectivos ó ejecutados con
su investidura en el Congreso. A pesar de que un miembro del
Congreso fuera de allí no es responsable por las palabras que allí
hubiere vertido, aunque difame á individuos particulares, sin
embargo, si hace publicar sus discursos se puede proceder contra él
por libelo difamatorio. Esta es la ley inglesa, y está fundada en
la justicia. Véanse los casos de Lord Abingdon y de Cacevy 3 Esp.
N. P. Cases, 228, 1 Maule & Sel, 278.
Un impresor, empleado de la Cámara, fué demandado por haber
publicado un documento que se calificó de difamatorio, y se decidió
que no le libertaba la circunstancia de su empleo. Véase la
historia de esta importante controversia en May's _Treatise_ 119 á
130, y _In re Fernandez_, 10 c.
A ninguna de las dos Cámaras se le ha concedido expresamente la facultad
de castigar por faltas de respeto ú obediencia (_contempts_) á las
mismas, á no ser que estas sean cometidas por sus respectivos miembros.
Sin embargo, en el caso de Anderson, la Cámara de representantes lo
redujo á prision por falta de respeto y fué arrestado por el
_Sargeant-at-arms_. Anderson entabló una demanda contra este
funcionario, pidiendo indemnizacion por violacion de garantías (_action
of trespass_), y se llevó en apelacion (_writ of error_) ante la Suprema
Corte de los Estados Unidos la cuestion de si la Cámara tenia facultad
para reducir á prision por semejante falta.[32] La Corte decidió que la
Cámara tenia esa facultad, que era tácita y de vital importancia para su
propia respetabilidad y decoro.[33] La necesidad de la existencia y
ejercicio de ella, se funda en el principio de la propia conservacion, y
se limita exclusivamente á la prision, la que no pudiendo durar por mas
tiempo que el que dura el poder que la ordena, debia terminar al entrar
en receso ó disolverse el Congreso.[34]
[32] Véase el caso de _Anderson v. Dunn_, 6 _Wheaton_, 204. En este
caso la falta le habia sido cometida en el _Distrito de Colombia_,
y allí mismo se comenzaron los procedimientos y se verificó el
arresto, lo que limitaba la cuestion á las facultades que ejerce el
Congreso en el referido Distrito; pero la cuestion versaba sobre si
el _Sergeant-at-arms_ habia procedido con justificacion al hacer el
arresto, porque en la órden que al efecto le dió el Presidente de
la Cámara, no se especificaba cual era la falta que habia cometido
Anderson, y por la que se procedia contra él. La Corte decidió que
supuesto que _en ciertos casos_ la Cámara tiene facultad de hacer
comparecer á una persona que se resiste, el _Sergeant-at-arms_ para
justificarse no está obligado á informarse de la causa que motiva
la órden de arresto.
[33] Frank B. Sanborn fué arrestado en virtud de una órden expedida
por el vice Presidente de la República y Presidente del Senado,
fundada en que se habia negado á obedecer una cita de la comision
pesquisidora del Senado. Sanborn entabló el recurso de _habeas
corpus_ ante la Suprema Corte de Justicia del Estado de
Massachusetts, compuesta de los magistrados Metcalf, Bigelow,
Merrick y Hoar, presidiendo Mr. Shaw, quien redactó la sentencia de
la Corte. Se suscitaron muchos puntos que el tribunal se negó á
tomar en consideracion como impertinentes; pero resolvió que el
_Sergeant-at-arms_ del Senado, no habia tenido autoridad para hacer
el arresto por medio de un comisionado, y con este fundamento se
otorgó el recurso. Véase _Monthly Law Reporter_ de Mayo, 1860,
donde se encontrará íntegro el caso con los alegatos de los
patronos. En el caso de _Burham versus Morrissey_ (14 Gray, 226) el
mismo tribunal decidió que segun la Constitucion de Massachusetts,
la Cámara de representantes no era el juez que debiera juzgar en
última instancia acerca de sus propias facultades y prerogativas en
casos que envolvian las garantías y libertades de los ciudadanos,
sino que ese tribunal solo podia examinar y fallar sobre la
legalidad de sus procedimientos. En ese caso particular falló que
habia sido legal el proceder de la Cámara mandando á la cárcel al
quejoso, por haber despreciado su autoridad.
[34] Tambien en Inglaterra la prision por faltas á las Cámaras
termina con la sesion en la cual se hubiere impuesto. _Stockdale v.
Hansard_ citado en el tratado de May, p. 75. En la decision que dió
la Suprema Corte en el caso de Anderson, se exponen razones de
mucho peso que demuestran que tienen facultad las Cámaras para
imponer castigos por faltas á su autoridad, aun sin atender á esa
ejecutoria. En Inglaterra repetidas veces ha sido reconocida esa
facultad constitucional de las dos Cámaras del Parlamento por la
suprema autoridad judicial. Lord de Gray in _Rex versus Crosby_, 3
Wilson, 188. _Lord Ellenborough in Burdett v._ Abbot.
Es una facultad inherente á todas las Asambleas legislativas y les
es indispensable para que puedan con libertad y sin tropiezos
desempeñar los importantes deberes que les están cometidos; ha sido
frecuentemente ejercida, no solamente por el congreso de la Union,
sino por las Cámaras de las legislaturas de los Estados, y puede
considerarse como una facultad reconocida y admitida sin disputa.
_Story's Commentaries_ vol. 2, 305, 317. No está definido qué actos
deben reputarse como faltas á las Cámaras del Congreso, y esto debe
reservarse á su juicio y discrecion, segun las circunstancias de
cada caso. En Inglaterra los libelos difamatorios que atacan el
buen nombre ó los procedimientos de cualquiera de las Cámaras del
Parlamento, ó de cualquiera de sus miembros, se reputan como faltas
y se castigan con prision. May's _Treatise on the Law and
Privileges of Parliament_, pág. 62. Pero entre nosotros no sucede
así, y en un caso semejante, si se quisiera pedir satisfaccion,
probablemente se ocurriria á los tribunales. El decreto del
Congreso de 14 de Julio, 1798, declaró que el difamar al gobierno,
Congreso ó Presidente de los Estados Unidos, constituye un delito,
que puede ser castigado judicialmente.
La Cámara de representantes tiene el exclusivo derecho de iniciar los
proyectos de ley relativos á los impuestos públicos, y ésta es la única
prerogativa que disfruta esta Cámara en su capacidad legislativa de que
no participa la otra; pero aun esos proyectos pueden ser reformados
discrecionalmente por el Senado (Art. 1, sec. 7). En materia de
legislacion las dos Cámaras se contrapesan perfecta y absolutamente; y
una no puede ni aun entrar en receso por mas de tres dias durante las
sesiones del Congreso, sin el consentimiento de la otra, ni reunirse en
otro lugar que en el que está reunido el Congreso, (Art. 1, sec. 5.)
V. De las facultades del Congreso.
Las facultades del Congreso se extienden en general á todos los asuntos
que tienen el carácter de nacionales. Mas adelante nos ocuparemos de
examinar en particular muchas de ellas. Ahora nos bastará observar que
el Congreso está facultado para proveer á la defensa comun y al bien
estar general, y para conseguir estos objetos, entre otras facultades
expresas tiene la de decretar y recaudar contribuciones, derechos,
impuestos y alcabalas: (_taxes, duties, imposts and excises_) contraer
préstamos bajo el crédito de los Estados Unidos: reglamentar el comercio
extranjero, y el que se hace de Estado á Estado y con las tribus de
indios: declarar la guerra, y definir y castigar los delitos contra el
derecho internacional, levantar, sostener y reglamentar los ejércitos y
la armada, organizar, armar y disciplinar la milicia y cuidar de que
tengan toda su eficacia las facultades que confiere la Constitucion.
Algunas de ellas, como la de imponer contribuciones, derechos y
alcabalas son concurrentes con las que sobre esta materia tienen los
Estados; pero en lo general, son privativas, tanto porque si tambien los
Estados pudieran ejercerlas separadamente se perturbarian la paz y la
armonía de la nacion, como porque podria darse el caso de que las
disposiciones que dictara el Congreso pugnaran con las de los Estados, y
de allí resultarian colisiones peligrosas. Bien interpretadas las
facultades que la Constitucion confiere al Congreso y las restricciones
que impone á los Estados, se hallará que son indispensables para
asegurar á la República los beneficios inestimables de la Union. Los
artículos de la Confederacion que se formó durante la guerra de la
independencia americana, conferian al Congreso facultades casi iguales á
las que ahora tiene; pero esa carta no le daba los medios adecuados para
el ejercicio de ellas. Y si es fundado el pensamiento que
invariablemente ha prevalecido en el ánimo del pueblo americano, de que
es indispensable que se consolide la Union de estos Estados para
conseguir nuestra felicidad y engrandecimiento nacional, y si no
queremos volver á cometer el gran absurdo de proponernos un fin, negando
los medios para su consecucion, es necesario convenir en que las
facultades concedidas al Congreso no son desproporcionadas á la magnitud
de la empresa que confiamos á la Union, y que solamente la Union puede
realizar.
VI. De los Reglamentos.
Los reglamentos de las dos Cámaras convienen entre sí sustancialmente, y
aunque son esenciales para que haya órden y tranquilidad en el despacho
de los negocios, son sin embargo demasiado minuciosos para que puedan
ser tratados extensamente en una revista elemental de la administracion
constitucional y jurisprudencia general de los Estados Unidos. La Cámara
de Representantes elige á su presidente; pero el vicepresidente de los
Estados Unidos es _ex-officio_ presidente del Senado, y tiene voto de
calidad siempre que se empataren los votos de los senadores. En las dos
Cámaras los procedimientos y discusiones son públicas. Esto facilita á
los ciudadanos un medio para imponerse con oportunidad y de una manera
auténtica del curso de los negocios pendientes ante el Congreso, y de
las razones y política de las medidas que dictare, y es, además, un
poderoso estímulo para la laboriosidad, la investigacion y el cultivo
del talento y de la elocuencia en los debates. Aunque puede suceder que
esas ventajas se adquieran á costa de largas é inútiles discusiones, sin
embargo, la conveniencia que resulta de que las sesiones sean públicas,
se sobrepone con mucho á ese mal. Por algunos años el Senado tuvo sus
deliberaciones á puerta cerrada; pero la oposicion que suscitó esa
práctica nos autoriza para asegurar que en este país no se consentiria
su repeticion en ninguna asamblea legislativa.
VII. Modo de expedir las leyes.
El modo ordinario de expedir las leyes, es en breves palabras el
siguiente:[35] En los asuntos de interés general se debe avisar con un
dia de anticipacion que se va á pedir licencia para presentar un
proyecto de ley. Antes de que un proyecto pueda ser aprobado, deberá
sufrir tres lecturas, cada una en distinto dia, y no se puede mandar á
comision, ni enmendar ningun proyecto hasta que haya tenido dos
lecturas. La intencion que con mucha prudencia se tuvo al establecer
estas pequeñas restricciones en las formalidades para el despacho de los
negocios, fué evitar las sorpresas y abusos. En la Cámara de
Representantes, despues de que los proyectos hayan tenido dos lecturas,
pasan á una comision general que se forma de toda la Cámara; el
presidente de ella deja de funcionar con ese carácter y toma parte en
los debates como uno de tantos representantes, y se nombra á cualquiera
de estos para que presida á esta gran comision. Cuando un proyecto de
ley ha sido aprobado por una Cámara, se remite á la otra, y allí se
sujeta á los mismos trámites, aunque en el Senado hay menos
formalidades, y frecuentemente se mandan pasar los proyectos á una
comision especial, cuyos miembros son elegidos por escrutinio secreto.
Si un proyecto sufre alteraciones ó enmiendas en la Cámara á que se
remitió, vuelve entonces á la en que tuvo su orígen, y si las dos
Cámaras no pueden ponerse de acuerdo nombran sus comisiones para que
conferencien sobre la materia. Puesto en limpio el proyecto y sancionado
por las dos Cámaras, se remite al Presidente de los Estados Unidos para
su aprobacion.
[35] Véanse las reglas y acuerdos vigentes de la Cámara de
representantes publicados en 1795 por Francis Childs. En los
cuerpos legislativos los reglamentos y bases para la tramitacion de
los negocios son, no solamente necesarios para que haya órden y
libertad en las deliberaciones, sino además son esenciales, porque
constituyen una garantía de las minorías contra la violencia y
tiranía de las mayorías. Mr. Onslow, que por muchos años fué
presidente de la Cámara de los Comunes en Inglaterra, recordaba
haber oido decir muchas veces á los miembros mas antiguos y de
experiencia de esa Cámara, que nada tenia una tendencia mas marcada
á aumentar el poder de la administracion, que el desprecio ó desvío
de las reglas de tramitacion. _Hatsel_, _Precedents of Proceedings
in the House of Commons_; _Jefferson_, _Manual of Parliamentary
Practice_, y especialmente _May_, _Treatise upon the Law,
Privileges, Proceedings and Usage of Parliament_, London, 1844, y
_Cushing_, _Rules of Proceeding and Debate in Deliberative
Assemblies_, Boston, 1845, son tratados que debian estudiar
escrupulosamente todos los miembros que dirigen los negocios en las
asambleas legislativas.
Entre las reglas de la Cámara de Representantes la relativa á lo
que se llama the _previous question_ (_la cuestion prévia_) es de
mucha importancia. Se cree que no tiene lugar cuando un proyecto de
decreto ó mocion está discutiéndose en la gran comision que se
forma de toda la Cámara, sino solo cuando ya se está debatiendo
ante la Cámara instalada como tal, bajo la presidencia del
_Speaker_. Solo es admisible cuando la apoya una mayoría de los
diputados presentes, la que por medio de este arbitrio en todo
tiempo puede poner fin á la discusion _en la Cámara_, y reducir á
silencio á la minoría, sometiendo la cuestion principal á una
votacion pronta y decisiva. La pregunta prévia se reduce á si se
tomará en consideracion desde luego la cuestion que se está
debatiendo, y hasta que se decide este punto, no se puede enmendar
ni discutir la cuestion principal, ni hacer mociones para que se
enmiende, mande á comision ó se difiera. Si se resuelve por la
afirmativa, se debe votar la principal inmediatamente, sin que se
pueda enmendar ni discutir. En la Cámara de los Comunes de
Inglaterra la cuestion prévia lleva mucho tiempo de estar en uso, y
si es resuelta afirmativamente, ya no ha lugar á ninguna alteracion
ó discusion, y el presidente inmediatamente hace la pregunta
principal. _Dwarris on Statutes_, 1830, p. 291. En el Congreso
Continental, bajo los artículos de Confederacion, la cuestion
prévia era considerada mas bien como una indagacion preliminar
acerca de la conveniencia de la cuestion principal, y así sucedió
tambien durante muchos años bajo la actual Constitucion de los
Estados Unidos. Tenia por objeto evitar una decision inconveniente
sobre cuestiones delicadas; y si se resolvia que debia proponerse
la cuestion principal, ésta desde luego quedaba á discusion. No fué
sino hasta 1811 cuando adquirió la importancia decisiva que tiene
en la actualidad. En 1816 el Hon. William Gaston, representante por
el Estado de North Carolina, hizo un esfuerzo infructuoso para que
se quitara del reglamento de la Cámara. En su discurso relativo
trató con mucha habilidad y erudicion de los fundamentos de la
regla, la que consideraba como un instrumento formidable de la
tiranía de las mayorías sobre las minorías, que en la extension que
habia adquirido no tenia precedentes en los anales de ninguna
asamblea libre.
La legislacion era una ciencia cultivada con tanto esmero y
refinamiento entre los antiguos romanos, que habia leyes cuyo
objeto especial era dar instrucciones sobre la manera de legislar.
Las leyes Licinia, Ebutia, Coecilia y Didia, prescribian que las
leyes no debian conferir ningun privilegio personal, sin intencion,
ni debilitar la fuerza de las leyes anteriores, ni abrazar muchas
materias á la vez. Gravina, _De Ortu et Progressu Juris Civilis_,
lib. 1, cap. 29.
VIII. De la facultad de hacer observaciones que tiene el Presidente
(_negative_).
Si el Presidente lo aprueba, debe firmarlo. Si no lo aprueba, lo
devuelve con sus observaciones á la Cámara en que tuvo su orígen, la que
las hace constar íntegras en sus actas y vuelve á discutirlo. Si despues
de haberse vuelto á discutir lo aprobaren las dos terceras partes de esa
Cámara, se remite juntamente con las observaciones del Presidente á la
otra, que á su vez lo vuelve á discutir, y si resultare aprobado por las
dos terceras partes de sus votos, pasa á ser ley.[36]
[36] La Constitucion no determina si las dos terceras partes de los
votos de las Cámaras que se requieren para la aprobacion de un
proyecto que el presidente hubiere devuelto con observaciones, debe
entenderse de los miembros electos, ó de los presentes solamente.
Parece que en la práctica se ha adoptado el último extremo.
Pero en todos estos casos la votacion de las dos Cámaras debe ser
nominal, haciéndose constar en las actas los nombres de los que votan
por la afirmativa y por la negativa. Si el Presidente dejare trascurrir
diez dias (exceptuándose los domingos) desde que se le remitió un
proyecto, sin devolverlo, éste, por el solo lapso del término pasa á ser
ley lo mismo que si lo hubiera firmado, á no ser que el Congreso entrare
en receso durante esos dias, é impida así la devolucion, pues que
entonces no se convierte en ley. (Art. I, sec. 7.)
La práctica que se ha adoptado en el Congreso de reservar la mayor parte
de los proyectos de ley para los últimos diez dias de sus sesiones,
particularmente en el segundo ó último período, tiene el inconveniente
de cercenar el tiempo concedido al Presidente para imponerse de ellos y
reflexionar, y además le confiere la facultad de oponer una negativa
absoluta á todos los proyectos presentados durante los últimos diez dias
que preceden al 4 de Marzo, lo que puede hacer con solo retenerlos, sin
estar obligado á dar ninguna razon, supuesto que tiene derecho á todo el
término para deliberar.[37] Hace pocos años se acostumbraba pasar al
Presidente la mayor parte de los proyectos de ley aprobados en el
segundo período de sesiones del Congreso, en los últimos diez dias, y
generalmente en los últimos dos; pero de algun tiempo á esta parte los
reglamentos del Congreso han abolido esa práctica, impidiendo los males
y peligros que pueden resultar del recargo de los negocios en los
últimos momentos de las sesiones.
[37] El Tribunal de apelacion del Estado de New York declaró, que
segun la constitucion del Estado, que en este particular es muy
parecida á la federal, el gobernador podia aprobar y firmar un
proyecto que se le hubiere pasado durante los últimos diez dias de
las sesiones, terminadas éstas, y que de esa manera el proyecto
adquiria la categoria de ley. _People v. Bowen_ 21 N. I. 517.
La facultad que tiene el Presidente de hacer observaciones á los
proyectos de ley es otra garantía, á lo menos en principio, de que no se
sancionarán leyes que no sean convenientes, sea por las preocupaciones ó
por falta de reflexion; pero su objeto principal es dar al Presidente
una arma constitucional para defender al Ejecutivo y mantener el
equilibrio de la constitucion contra las usurpaciones del Poder
Legislativo. La facultad de legislar es un poder trascendental, y si el
cuerpo que lo ejerce es una representacion del pueblo, completa y
genuina, habrá el peligro de que ejerza una presion destructora sobre
las otras partes de la máquina gubernamental. Por esta razon los hombres
mas sábios y experimentados en la ciencia de la administracion política,
creyeron necesario establecer fuertes barreras para protejer y dar
seguridad á los otros poderes del gobierno; y no encontraron medios mas
á propósitos y conducentes á este fin, que el de dar al gefe del
Ejecutivo la necesaria independencia, y la negativa en la aprobacion de
las leyes, y el de conceder al Poder Judicial, que descansa en una base
todavía mas permanente, la prerogativa de resolver sobre la validez de
las leyes, comparándolas con su matriz que es la Constitucion. Una
negativa calificada llena los objetos de la absoluta, pues no es de
presumirse que las dos terceras partes de las Cámaras del Congreso en su
segunda deliberacion, cuando tienen á la vista en sus actas las razones
que expone el Presidente para no aprobar un proyecto de ley, den su
asentimiento á una medida inconstitucional.[38] En la Constitucion
inglesa el rey tiene un veto absoluto; pero desde Guillermo III (1692)
nunca ha sido necesario usarlo. La corona ha ejercido su influencia de
una manera mas suave para impedir la adopcion de medidas perjudiciales
en su progreso por las dos Cámaras del Parlamento. Cárlos I por mucho
tiempo sostuvo los derechos de su prerogativa sin transigir; pero al
fin, por el espíritu y clamor de la Nacion se vió obligado á consentir
en proyectos de ley que la destruyeron completamente, poniendo el poder
del gobierno en las manos del Parlamento. El veto perentorio de los
tribunos romanos que estaban colocados á la puerta del Senado, no seria
conciliable con el espíritu de deliberacion é independencia que
distingue á las asambleas modernas. La Constitucion francesa de 1791,
obra costosa, de mucho trabajo, en la que los filósofos y estadistas de
Francia agotaron todo su ingenio, y que al año de su existencia fué
derribada, concedia al rey una negativa sobre los actos de la
legislatura, con muy pequeñas limitaciones. Todos los proyectos debian
presentarse al rey, quien podia denegarles su asentimiento; pero si las
dos legislaturas siguientes volvian á presentar sucesivamente el mismo
proyecto y en los mismos términos, entonces pasaba á ser ley. Parece que
la negativa constitucional concedida al Presidente de los Estados Unidos
fué instituida con mas sabiduría que ninguno de los ejemplos que hemos
citado.[39]
[38] Despues de publicados estos comentarios en 1826, en el curso
de la administracion del gobierno esta negativa calificada que
tiene el Presidente ha llegado á ser una facultad de mucha
trascendencia, conocida ordinariamente con el nombre de _veto_, y
ha sido ejercida con una familiaridad que segun parece, no previó
la generacion que aprobó la carta fundamental.
[39] La organizacion de las dos Cámaras del Congreso y los
principios en que descansa fueron hábilmente discutidos en el
_Federalista_ desde el número 52 al 66 inclusive. No hay una obra
sobre la Constitucion y el Gobierno Republicano Federal que merezca
estudiarse con mas cuidado. El _Federalista_ apareció originalmente
en una série de artículos que se publican en los diarios de New
York entre Octubre de 1787 y Junio de 1788. Esos artículos eran
leidos por todos con admiracion y entusiasmo, conforme se iban
publicando, y mas que nadie por el autor de esta nota, que en vano
procuró extractarlos para que circularan mas fácilmente entre la
gente del campo. No hay constitucion alguna que haya tenido una
defensa mas hábil ni de mejor éxito. Verdaderamente no conozco
ninguna obra escrita sobre los principios de los gobiernos libres
que pueda compararse en cuanto á instruccion y mérito intrínseco al
pequeño y nada pretencioso volumen del _Federalista_, ni aun
recurriendo á Aristóteles, Ciceron, Maquiavelo, Montesquieu,
Milton, Locke ó Burke. Es tan admirable por su profunda sabiduría,
la extension de sus miras, la sagacidad de sus reflexiones, como
por la resolucion, patriotismo, buena fé, sencillez y elegancia con
que se exponen y recomiendan las verdades que contiene. El Sr.
magistrado Story obró con cordura al basar sus comentarios en el
_Federalista_, y como ya la Nacion tenia una experiencia de
cincuenta años desde que se publicó por la primera vez, el Sr.
Story enriqueció su obra con los resultados de esa experiencia, y
la escribió con el mismo espíritu liberal, con la misma exactitud
en sus indagaciones y sanas doctrinas, y en un estilo fácil y
elegante.
CAPÍTULO III.
DE LAS DECLARACIONES JUDICIALES SOBRE LAS FACULTADES DEL CONGRESO.
_RESUMEN. Párrafo I. De la prelacion que tienen los Estados Unidos
en el cobro de sus créditos.--II. De la facultad del Congreso para
crear bancos.--III. De la facultad de decretar contribuciones.--IV.
Del dominio eminente sobre los terrenos de los indios.--V. De la fé
que debe darse en cada Estado á los registros y procedimientos de
los demás.--VI. De las facultades del Congreso sobre la
milicia.--VII. De las facultades del Congreso para decretar mejoras
materiales._
Paso á ocuparme de aquellos casos en que las facultades del Congreso han
sido materia de las investigaciones judiciales.[40]
[40] El Sr. Magistrado Story en sus "_Commentaries on the
Constitution of the United States_" vol. I, p. 382, 442, expresó
una opinion muy razonable sobre las reglas de interpretar que son
aplicables á la Constitucion. En este capítulo me he limitado á las
exposiciones autorizadas, dadas por los tribunales de la
federacion, y estoy enteramente de acuerdo con ese instruido
comentador en que debemos ocurrir á la carta misma como á una
"Constitucion de gobierno ordenada y establecida por el pueblo de
los Estados Unidos." Ella suministra los medios esenciales para su
interpretacion, y á ella acostumbraba ocurrir el finado Presidente
de la Suprema Corte Mr. Marshall en sus luminosos y admirables
dictámenes judiciales sobre la Constitucion, que nada dejan que
desear en las materias que tratan. Tambien es verdad que "la fuente
de interpretacion _colateral_ mas intachable, es la que se deriva
de las exposiciones prácticas del gobierno mismo, dadas por sus
varios departamentos sobre cuestiones especiales, discutidas y
resueltas por sus méritos intrínsecos. Estas por su misma
naturaleza, tienen mucha analogía con las exposiciones judiciales,
y les asiste la misma recomendacion, supuesto que emitidas prévios
alegatos formales, _pro re nata_, recaen sobre una duda originada
en un litigio que se promueve, son dadas con perfecto conocimiento
de su importancia y dificultad, á la faz de la nacion, con ánimo de
que surtan sus efectos inmediatamente, sobre materia en que hay
intereses encontrados, y por personas capaces de apreciar
debidamente la fuerza de los argumentos, por su esquisito talento,
su vasta instruccion y su profunda meditacion sobre el asunto"
Story, Com. vol. I, pág. 392.
I. De la prelacion que tienen los Estados Unidos en el cobro de sus
créditos.
El Congreso ha declarado por ley que en concurrencia con acreedores
particulares, la federacion debe ser preferida en el pago de sus
créditos cuando el deudor fuere insolvente ó hubiere fallecido, y se
tratare de repartir sus bienes. La ley de 31 de Julio de 1789, sec. 21
limitaba esta preferencia á los créditos que se fundaban en responsivas
por derechos aduanales, y lo mismo hizo la de 4 de Agosto de 1790, c. 35
sec. 45. La de 2 de Mayo de 1792 daba á los fiadores de esas responsivas
que pagaban su importe la misma preferencia que tiene la federacion, y
limitaba la insolvencia mencionada en la ley anterior, á los casos de
cesion voluntaria, y secuestro de los bienes del deudor que se oculta ó
ausenta. La ley de 3 de Marzo de 1797, c. 74 sec. 5, avanzó más y dió
preferencia á la federacion en todos los casos que pudieran ocurrir,
cualquiera que fuere el deudor ó la procedencia de la deuda, cuando
aquel era insolvente, ó moria y no alcanzaban los bienes que dejaba para
pagar sus deudas. Se declaró que habria lugar á la prelacion cuando el
deudor hiciere cesion voluntaria de sus bienes, ó se hubiera procedido
contra estos por la vía de asentamiento á causa de que el deudor se
hubiera escondido ó ausentado, y por último, cuando judicialmente
hubiere sido declarado en estado de bancarrota. La ley tiene
aplicacion, y hay lugar por lo mismo á la preferencia cuando el deudor
falleciere, sea que la deuda se hubiera contraido antes ó despues de la
publicacion de la misma ley, siempre que no hubiera mas que acreedores
simples, sin ninguna hipoteca ó gravámen especial. La ley de 2 de Marzo
de 1799, c. 128, sec. 65 dispone que en todos los casos precitados de
insolvencia, ó cuando los bienes que tuvieren en su poder los albaceas
testamentarios ó dativos ó los síndicos en su caso, no alcanzaren á
pagar todas las deudas, debian ser preferidos los créditos de la
federacion, procedentes de responsivas por derechos aduanales,
subrogándose en lugar de aquellos los fiadores que pagaren dichas
responsivas.
Estas son las leyes que dan la preferencia á la federacion sobre los
demás acreedores en el cobro de sus créditos, y en el caso de "_Fisher
versus Blight_" (2 _Cranch_ 358) se sometió á la decision judicial el
punto de si el Congreso habia tenido facultades constitucionales para
expedirlas. Se cuestionaba sobre si la federacion, tenedora de una letra
de cambio protestada y negociada en el curso ordinario del comercio,
debia ser preferida á los acreedores simples, cuando el deudor comun
habia resultado fallido. La Suprema Corte declaró que eran
constitucionales las leyes que daban esa preferencia á la federacion,
pues se fundaban en la facultad que en general tiene el Congreso de
dictar todas aquellas disposiciones que sean necesarias ó conducentes
para que el gobierno nacional pueda ejercer los poderes que la
Constitucion le confiere. Como el objeto está en la órbita de las
atribuciones legales del gobierno, queda reservado al Congreso la
eleccion de los medios, pudiendo emplear todos los que fueran
conducentes á su consecucion. Supuesto que el gobierno tiene que pagar
las deudas de la Union, debe ser libre para emplear aquellos arbitrios
que sean mas adecuados para llenar este compromiso. Tiene el derecho de
hacer remisiones por medio de letras de cambio, ó de la manera que le
parezca mas conveniente, tomando todas las precauciones que contribuyan
á la seguridad de sus transacciones. Si se presentare el caso de que
esta prelacion del gobierno general pugne con las disposiciones dictadas
por los Estados sobre la preferencia en el cobro de sus propios créditos
en su calidad de soberanos, nulificando las medidas que tienen derecho
á adoptar en circunstancias ordinarias, deberia considerarse como una
consecuencia necesaria del carácter de supremacía que tienen las leyes
de la Union, en todas las materias á que alcanza el poder legislativo de
la misma.
En esa ejecutoria se fijó el principio de que la federacion podia
abrogarse la prerogativa de ser preferida como acreedor en concurrencia
con ciudadanos particulares ó con los Estados, cuando el deudor comun
fuere insolvente ó estuviere en bancarrota. Pero la Corte advirtió que
las precitadas leyes no establecieron el derecho de retencion (_lien_)
ni declararon que serian nulas las traslaciones de dominio, hechas de
buena fé en el curso de los negocios. Solo establecieron la prelacion,
que ya era un principio adoptado por la costumbre con distintas
modificaciones. La Corte reconoció la validez de esas traslaciones
cuando se hubieren verificado antes de que naciera el derecho de
prelacion del gobierno general.
"_The United States v. Hooe_" fué el segundo caso en que se presentó á
la decision judicial la cuestion de preferencia. En él se sostuvo que
ese derecho que tiene el fisco no cria un gravámen ó vínculo (_lien_)
sobre los bienes de sus deudores, y que el simple carácter de acreedor
no confiere á la federacion una hipoteca tácita sobre los bienes
inmuebles de su deudor: que serian incalculables los males que
resultarian de que naciera el derecho de prelacion desde el momento en
que se contrajera la deuda, cuando el deudor podia seguir haciendo
negocios con el público: que ese derecho solo tiene lugar cuando el
deudor siendo real y notoriamente insolvente, esto es, hallándose en la
imposibilidad de pagar sus deudas, hace cesion de bienes, ó se procede á
secuestrarlos: que si el deudor, procediendo de _buena fé_, hubiere
trasmitido _parte_ de sus bienes á un acreedor, no con el fraudulento
fin de eludir la ley, sino para satisfacer un crédito justo, aquella no
tendria entonces aplicacion. En el caso precitado se trataba de un
recaudador de rentas que habia hipotecado parte de sus bienes á favor de
la persona que le sirvió de fiador en el empleo que desempeñaba, como
una garantía por la fianza. La Suprema Corte resolvió, contra la
pretension de los Estados Unidos, que la hipoteca era válida á pesar de
que á la fecha de su otorgamiento el recaudador realmente no estaba en
estado de poder pagar todas sus deudas, y que además el fiador sabia
cuando la aceptó, que su fiado debia grandes cantidades á la federacion.
Posteriormente en el caso de "_Harrison v. Sterry_" (5 _Cranch_, 289),
se resolvió que en la reparticion de bienes de un fallido, el crédito de
la federacion debia ser preferido á los demás, no obstante de que se
trataba de una deuda contraida por un extranjero, en país extranjero,
habiéndose comprobado la existencia de aquella ante una comision de
bancarrota, (_Commission of Bankruptcy_), pues aunque generalmente
hablando el contrato se rige por la ley del lugar en que se celebra, la
prelacion en el pago no forma parte del contrato. En el caso de "_Prince
v. Bartlet_," (8 _Cranch_ 431. S. P.) se fijó el principio de que para
que los Estados Unidos tengan prelacion, es necesario que la insolvencia
sea legal y se manifieste por un acto notorio del deudor conforme á
derecho. De esta manera, ya el público tiene una regla precisa y
equitativa á que atenerse para saber cuando existe la peligrosa
preferencia que en principio concede la ley á la federacion. La Corte
resolvió que los bienes de un deudor insolvente, secuestrados á
pedimento de un acreedor en Junio, no podian ser reclamados por el
gobierno federal que fundaba su accion en una responsiva de pago de
derechos aduanales, otorgada antes del secuestro, pero cuyo cumplimiento
no llegó á pedirse judicialmente hasta el siguiente mes de Agosto. El
acreedor particular en virtud del secuestro, habia adquirido ya una
hipoteca tácita de que no podia ser desposeido en el juicio que entabló
despues la federacion, pues la simple preferencia que ésta tiene, no
podia destruir dicha hipoteca. La expresion "insolvencia" de que usan
las leyes de 1790, 1797 y 1799 significa una insolvencia legal y el mero
estado de insolvencia ó sea la imposibilidad del deudor para pagar todas
sus deudas, no confiere el derecho de preferencia á la federacion, á no
ser que concurra además la circunstancia de que aquel haga cesion
voluntaria de todos sus bienes en favor de sus acreedores ó algun otro
acto que pruebe que es insolvente segun las leyes. Pero si antes de que
nazca la prelacion, el deudor, procediendo de _buena fé_ traspasa sus
bienes á una tercera persona, los hipoteca por vía de garantía á un
acreedor, ó son secuestrados en virtud de mandamiento judicial, ya salen
de la posesion del deudor y no quedan afectos al crédito de la
federacion.
Cuatro son por lo mismo los casos en que la federacion con el carácter
de acreedor, tiene preferencia sobre los demás acreedores: 1.º Cuando
muere el deudor no dejando bienes suficientes para cubrir sus deudas;
2.º Cuando estuviere en estado de bancarrota ó insolvencia legal
demostrada por algun acto conforme á derecho; 3.º Cuando el insolvente
haga cesion voluntaria de todos sus bienes para pagar sus deudas: y 4.º
Cuando se ocultare ó ausentare, y sus bienes fueren secuestrados en
virtud de una providencia judicial. Segun la mente del legislador
tendria lugar la prelacion solo cuando por la ley ó algun acto del
deudor sus bienes fueren secuestrados en favor de los acreedores, y es
conveniente que se interprete extrictamente y se defina con toda
precision esta prerogativa que tiene el gobierno, porque menoscaba los
derechos generales de los acreedores.
En el derecho romano el gobierno era un acreedor privilegiado que tenia
prelacion en el cobro de sus créditos, y la cesion de bienes estaba
sujeta á ella. Esto mismo sucede generalmente conforme á todas las
legislaciones modernas sobre bancarrota é insolvencia. En Inglaterra el
crédito del rey tiene preferencia sobre el del súbdito, siempre que haya
instaurado sus procedimientos antes de que éste hubiera obtenido en
juicio. (_Estatuto de Enrique VIII_, c. 39). En cuanto á la hipoteca
tácita (_lien_) que tiene el gobierno de los Estados Unidos, en el caso
de "_Harris v. Dennie_" (3 _Peters_ v. 8. 292) se decidió que existe
sobre los efectos importados por los derechos aduanales que causaren,
cuando estos no estuvieren asegurados con alguna responsiva, y además
que el mismo gobierno puede conservarlos en depósito hasta que se le
paguen ó aseguren esos derechos, y mientras dure el depósito no tendrán
validez los mandamientos de embargo obtenidos en los Estados; pero que
no tiene una hipoteca tácita general sobre todos los efectos del
importador por los derechos que tuviere que satisfacer en otras
importaciones.
II. De la facultad del Congreso para crear Bancos Nacionales.
Otra de las facultades implícitas que tiene el Congreso es la de crear
Bancos Nacionales, y ésta ha sido sometida á la interpretacion de los
tres poderes del Gobierno. En 1791, el secretario del Tesoro recomendaba
la creacion de un banco nacional, juzgándola de suma importancia para la
buena administracion de la hacienda federal y para algunas transacciones
que se ligaban con la conservacion del crédito público; pero su proyecto
tuvo oposicion en la Cámara de Representantes, porque segun se decia, no
lo autorizaba la Constitucion. Los partidarios de esta idea sostenian
que el Gobierno no podia ejercer mas facultades que las que la
Constitucion especifica, y entre éstas no se encuentra la de crear un
banco, ó si acaso, solo está comprendida de una manera implícita; y que
el poder que tiene el Congreso de expedir las leyes que fueren
necesarias y convenientes para el ejercicio de dichas facultades, debe
ceñirse á la adopcion de las medidas absolutamente indispensables para
obtener el fin, ó de aquellas que sean consecuencias naturales de las
facultades expresas. En favor del proyecto se decia que todo gobierno
tiene necesariamente no solo facultades expresas, sino tambien las que
de ellas se derivan; que cuando se delega la facultad para hacer algo,
se delega así mismo, como una consecuencia necesaria, la de adoptar los
medios conocidos y que ordinariamente se emplean al efecto, y que un
banco era un instrumento conocido y usual para ejercer algunas de las
facultades expresas que tiene el Gobierno. El proyecto fué aprobado por
las Cámaras del Congreso; pero en el gabinete del Ejecutivo todavía se
volvió á tratar de su constitucionalidad con la misma destreza y calor.
El secretario de Estado y el Procurador General de la Nacion opinaban
que el Congreso habia traslimitado sus facultades, mientras que el
secretario del Tesoro sostenia la opinion contraria. Fundaban sus
respectivos pareceres en razonamientos que revelan el largo estudio que
habian hecho de los principios fundamentales de la constitucion, y los
sometieron al juicio del Presidente de la República. Contra la
constitucionalidad del proyecto se argüia: que entre las facultades que
expresamente concede la Constitucion, no se encuentra la de crear un
banco, y que el dar un solo paso fuera de los límites señalados al poder
del Congreso, nos conduciria al terreno de un poder indefinido é
indefinible: que á pesar de que el Congreso podia expedir todas las
leyes necesarias y conducentes á hacer efectivas las enunciadas
facultades, solo podia emplear los medios que fueran indispensables al
efecto; esto es, aquellos sin los cuales la concesion de las facultades
habria sido nugatoria, pero no los que eran simplemente convenientes,
porque si se aceptaba la interpretacion de que el Congreso puede ejercer
cualquiera facultad implícita por razones de mera conveniencia, ésta, en
su amplitud abrazaria todas las facultades explícitas, que vendrian á
quedar comprendidas bajo una sola expresion. En su defensa se sostenia
que el poder concedido al gobierno es soberano por su misma naturaleza y
lo autoriza para emplear todos los medios conducentes á su fin, siempre
que no sean de los expresamente prohibidos, ó que pugnen con los fines
escenciales de toda sociedad política: que á pesar de que el gobierno de
los Estados Unidos es un gobierno de facultades específicas y limitadas
y es soberano en la esfera de aquellos objetos que le son propios y de
la mision que se le confió: que la facultad de crear corporaciones es
una consecuencia del poder soberano, y por lo mismo la tiene
incidentalmente el gobierno federal para fundar una corporacion, que
como la del Banco, se relaciona con los objetos confiados á su
administracion: que en la delegacion de facultades, las implícitas se
delegan tan completamente como las explícitas, y que la facultad de
erigir una corporacion puede entenderse conferida de un modo implícito
lo mismo que la de adoptar cualquiera otro instrumento ó medio de
ejercer las facultades expresamente concedidas: que en el presente caso
el ejercicio de esa facultad por su misma naturaleza se enlaza con los
fines para que fué instituido el gobierno, que, como soberano, tiene la
facultad incidental de reglamentar, pudiendo adoptar los medios mas
adecuados para ejercerla: que en la Constitucion, la palabra
"_necesarios_" no debe restringirse á aquellos medios sin los cuales el
poder se nulificaria, pues muchas veces significa lo que se há menester,
lo que constituye un requisito, lo que es útil ó conducente, y que tal
era el sentido en que la usaba la Constitucion: que la regla que se debe
seguir para calificar la constitucionalidad de una medida, es la
relacion que existe entre ella y el fin, y no su mayor ó menor necesidad
ó utilidad; y últimamente que la infinita variedad é importancia de las
exigencias nacionales, requerian necesariamente que el gobierno tuviera
un poder discrecional muy ámplio para elegir y aplicar los medios que
creyere conducentes, y por lo mismo que era conveniente y aun
indispensable, que ejerciera sus facultades segun los principios de una
interpretacion extensiva.
El Presidente Washington hizo un exámen detenido y profundo de los
argumentos de su gabinete. Al fin se convenció de que la Constitucion
autorizaba la creacion de un banco nacional, y firmó la ley.
El año de 1819 esta misma cuestion se presentó á la Suprema Corte de los
Estados Unidos en el caso de _M'Culloch v. The State of Maryland_ [4,
_Wheaton_, 316]. Se trataba de una contribucion impuesta por la
legislatura del Estado de Maryland al banco nacional creado en 1816.
Apesar de que ya habia sido resuelta la cuestion relativa á la facultad
del Congreso, hasta donde podian resolverla las leyes de las Cámaras de
1791 y 1816, se creyó conveniente entonces volverla á discutir. El
Presidente de la Suprema Corte que redactó la sentencia, dijo que apenas
podia considerarse como cuestion discutible, puesto que el principio
llevaba mucho tiempo de introducido, habia sido reconocido por muchas
legislaturas sucesivamente, y habia sido aplicado por los tribunales
como una ley de autoridad incuestionable; sin embargo reconocia, que
solo á la Suprema Corte tocaba dar una solucion final á la cuestion, que
envolvia algunos de los puntos mas importantes de la Constitucion.
Admitia que el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno de
facultades específicas, que no puede ejercer otras que las que le están
expresamente concedidas; pero sostenia que á pesar de que es limitado en
su poder, es supremo en la esfera de su accion. Es el gobierno del
pueblo de los Estados Unidos, y de él dimana. Sus facultades fueron
delegadas por todos, á todos representa y obra en nombre de todos.
Cuando se ciñe á la órbita que le está trazada en sus disposiciones,
estas necesariamente deben ser obligatorias para todas las partes que
forman dicho gobierno, pues este fué el lenguaje expreso de la
Constitucion al declarar que ella, y las disposiciones que de ella
dimanaren serian la ley suprema de la tierra, exigiendo que todos los
funcionarios de los gobiernos de los Estados juraran su fiel
observancia. Nada se encuentra en la Constitucion que excluya las
facultades derivadas ó implícitas. Los artículos de confederacion solo
permitian al gobierno federal las facultades expresamente concedidas;
pero la actual Constitucion suprimió la palabra _expresamente_, dejando
que la cuestion de si una facultad determinada, habia sido concedida ó
no, se resolviera por una interpretacion prudente de toda la carta.
Ninguna Constitucion puede especificar detalladamente todas las
subdivisiones de las facultades que confiere, ni los medios que deban
adoptarse para ejercerlas, porque seria demasiado prolija. Su misma
naturaleza exije que solo marque las generales y designe cuales son sus
principales objetos, dejando que las facultades accesorias se deduzcan
de la naturaleza de esos objetos. Al gobierno general quedaron confiadas
las armas, el tesoro, las relaciones exteriores y una gran parte de la
industria nacional; y un gobierno á quien se conceden facultades tan
ámplias, de cuyo buen uso depende esencialmente la felicidad y
engrandecimiento de la nacion, debió concedérsele tambien la facultad de
elegir los medios mas adecuados para ese mismo uso. No debemos creer
denegada la eleccion de esos medios, sino solo cuando las palabras
expresas de la Constitucion así lo requieran imperiosamente: la
interpretacion contraria importaria hacer á los legisladores que la
formaron la imputacion de que al conceder al gobierno ámplias facultades
para el bien público, tuvieron la mente de impedir su ejercicio, no
concediéndole esa eleccion.
Las facultades concedidas al gobierno comprenden implícitamente los
medios ordinarios para su ejercicio, y segun la sana razon é
interpretacion, al gobierno debe tocar le eleccion de los que juzgue mas
convenientes y adecuados para su objeto. Aunque la facultad de fundar
una corporacion es propia de la soberanía en sí misma, sin embargo no es
de las facultades principales, sustanciales é independientes, sino mas
bien un medio de conseguir algun objeto; por ejemplo, la fundacion de un
seminario no tiene por simple fin el instituir una corporacion, sino el
de promover la educacion de la juventud. Jamás se ha usado de ella por
lo que las corporaciones son en sí, sino siempre con relacion á otros
objetos. No es mas que un medio ordinario para conseguir ciertos fines
de utilidad pública. La Constitucion no dejó al simple razonamiento el
derecho que tiene el Congreso de emplear los medios necesarios para
ejercer las facultades de que está investido, sino que expresamente lo
autorizó; y _medios necesarios_, segun el sentido en que se usó esta
expresion, no implica una absoluta necesidad física, ni que una cosa no
pueda subsistir sin la otra. Significa cualquier medio que tienda á
producir el resultado que se busca. La palabra _necesarios_ admite todos
los grados de comparacion: una cosa puede ser necesaria, muy necesaria,
absoluta é indispensablemente necesaria. Tiene varios sentidos, y al
interpretarla debe tomarse en consideracion la materia de que se trata,
el contesto de la oracion y la intencion de los que la usan. Las
facultades que tiene el gobierno le fueron concedidas para el bien de la
nacion, y con la mira de que sirvieran para la posteridad, acomodándose
á las diversas emergencias de los acontecimiento humanos. Seria poco
cuerdo y aun perjudicial el puntualizar todos los medios que el gobierno
debiera emplear en lo sucesivo para ejercer sus facultades,
restringiendo la eleccion del Congreso á límites tan estrechos, que no
le quedara el arbitrio de adoptar aquellos que fueran adecuados y
conducentes al fin. Seria tanto como querer fijar reglas inmutables para
atender á exigencias que no era posible preveer ó solo se podian preveer
imperfectamente, privando al legislador de la posibilidad de
aprovecharse de la experiencia y de ejercer su criterio para acomodar
sus leyes á las circunstancias.
Si el fin es legítimo y constitucional, deben ser legales todos los
medios que notoriamente tiendan á su consecucion, siempre que no estén
expresamente prohibidos. Una corporacion no es un medio menos usual, ni
tiene mayor importancia, ni requiere una mencion especial mas que otro
medio cualquiera. El banco nacional es un instrumento útil, conveniente
y esencial para facilitar las operaciones financieras del gobierno; es á
todas luces una medida adecuada, y á la vez que la Suprema Corte declaró
que si el Congreso llegara á dar una disposicion extralimitando sus
facultades, la misma Corte tendria el derecho y la obligacion de
sostener que aquella no era la ley de la tierra, declaró tambien que
cuando una ley no contrariara á la Constitucion y fuera á propósito para
realizar un objeto confiado al gobierno, ella nunca pretenderia estar
autorizada para calificar la necesidad de su expedicion, porque esto
seria salir de la órbita que circunscribe al poder judicial, invadiendo
el terreno del legislador.
En tal virtud la Corte resolvió que era constitucional la ley que creó
el banco nacional, y que tambien lo era la institucion de las sucursales
establecidas con el mismo capital, para el completo desarrollo del
proyecto.
Con posterioridad la Suprema Corte tuvo que revisar hasta cierto punto
su decision en el caso de "_Osborn versus The United States Bank_" (9
_Wheaton_ 859, 860) y declaró que el Congreso no podia fundar una
corporacion por lo que ella es en sí, ó para objetos de interés privado.
En el caso de "_M'Culloch_" la decision de la Corte se fundó en el
principio de que el banco era un medio propio y aun necesario para el
ejercicio de las facultades concedidas al gobierno. Fué instituido
solamente para objetos de un carácter nacional, aunque es evidente que
podia hacer transacciones públicas y privadas: no solo era el gran
instrumento por medio del cual se hacian las operaciones fiscales del
gobierno, sino que especulaba en su propio beneficio con los
particulares, y esto era natural, pues de otra manera no habria podido
llenar su objeto, careciendo de la facultad de prestar y hacer otros
negocios con el dinero. Era indispensable que el banco tuviera esa
autorizacion para poder conseguir el fin que el gobierno se propuso al
fundarlo, y estaba por lo mismo legal y constitucionalmente imbíbita en
su misma institucion.[41]
[41] Es digno de notarse que bajo los artículos de Conferacion no
fué muy disputada la facultad del Congreso para establecer bancos
nacionales. El mismo Congreso aprobó una proposicion sobre el
particular el 26 de Mayo de 1781, y el 31 de Diciembre de ese año
instituyó é incorporó el banco de la América del Norte. _Journals
of Congress_, vol. VII, p. 87, 197. El magistrado Wilson sostuvo
hábilmente la constitucionalidad y validez de esa ley. _Wilson's
Works_ vol. III p. 397. Los dos primeros bancos de los Estados
Unidos fueron instituidos por leyes que merecieron la aprobacion de
los Presidentes Washington y Madison, y como la Suprema Corte
repetidas veces declaró constitucional su creacion, se tuvo como
incuestionable la facultad del Congreso, considerándose resuelta la
cuestion relativa. La Constitucion dice: "Todas las _facultades
legislativas_ que esta Constitucion concede, se depositan en un
Congreso de los Estados Unidos;" "Se deposita el _poder ejecutivo_
en un Presidente de los Estados Unidos de América;" "Se deposita
_el poder judicial_ de los Estados Unidos en una Suprema Corte, y
en los tribunales inferiores que en lo sucesivo creare y
estableciere el Congreso;" y mas adelante "_El poder judicial
conocerá de todos los casos que en derecho y equidad dimanen de la
Constitucion_" (_Art._ 1, _sec._ 1; _Art._ 2, _sec._ 1; _Art._ 3,
_sec._ 1 _y_ 2.) Parece que esta distribucion, tan hermosa y
sencilla del poder, es demasiado clara para que pueda
tergiversarse, y muy sagrada para que se viole. El juramento que se
otorga de guardar la carta, por su propia fuerza y significado
comprende necesariamente el deber de defender esa division, así
como la jurisdiccion para conocer de los casos que dimanan de la
Constitucion, la cual abraza la cuestion, de si el Congreso puede
erigir un banco nacional. Las palabras _necesarias y convenientes_
que usa la Constitucion, no deben limitarse á los medios
_indispensables_ para el ejercicio de una facultad expresa, sino
que comprenden todos los que el Congreso creyere _adecuados, útiles
ó conducentes_ al objeto que tiene la misma facultad. Esta
interpretacion es decisiva y obliga tanto á los demás departamentos
del Gobierno, como á la nacion entera. El Congreso en quien se
depositó el poder legislativo, y el Presidente á quien se confió el
poder ejecutivo, están respectivamente obligados á aceptar y
obedecer la interpretacion de la Constitucion que diere el poder
judicial en la órbita de sus atribuciones.
III. Reglas para imponer contribuciones.
En el año de 1796 se sometió á la decision de la Suprema Corte la
cuestion relativa á la facultad del Congreso para imponer
contribuciones, en el caso "_Hylton v. The United States_" (3 _Dallas
Rep._ 171). El 5 de Junio de 1794 el Congreso estableció un impuesto
sobre carruajes, y se suscitó la cuestion de si era una contribucion
_directa_ segun la mente de la Constitucion. En caso de no serlo, seria
conforme á la Constitucion, porque ésta dispone que los derechos,
impuestos y alcabalas, serán uniformes en todo el territorio de los
Estados Unidos; mas no lo seria en caso de ser directa, pues que la
misma Constitucion previene que esta clase de contribuciones deben
imponerse por derramas entre todos los Estados, teniendo presente sus
respectivos censos. Los magistrados que formaban el tribunal de circuito
de Virginia se dividieron en sus opiniones; pero se apeló á la Suprema
Corte, y ésta resolvió que no era directa, segun la mente y las palabras
de la Constitucion, y que por lo mismo no era contraria á ella la ley
que la impuso.
Se consideró que la cuestion era de suma importancia y fué muy debatida.
El Congreso, se decia, tiene la facultad general é ilimitada de imponer
y recaudar contribuciones, cualquiera que sea su clase ó naturaleza,
sobre todo género de propiedades y efectos, menos los de exportacion.
Pero se prescribieron al Congreso dos reglas para reglamentar esa
facultad: la de uniformidad y la de proporcion. Segun la primera, tres
son las contribuciones que pueden imponerse: los derechos aduanales, los
impuestos y las alcabalas; (_duties, imposts and excises_) la capitacion
y otras directas deben decretarse conforme á la segunda regla. Si
hubiera otra clase de contribuciones, como la Corte suponia que pudiera
haber, que no fueran directas, ni estuvieran comprendidas en las
palabras "duties, imposts y excises," deberian imponerse por la regla de
uniformidad ó nó, segun lo dispusiera el Congreso.
La Constitucion solo consideró como directas aquellas contribuciones que
el Congreso puede imponer en proporcion al censo de los Estados, y esta
regla no podia aplicarse razonablemente á la contribucion sobre
carruajes, sin cometer una injusticia notoria. Supongamos que dos
Estados, iguales en censo, para pagar la contribucion deban dar 8,000
pesos cada uno, y que en uno hubiera cien carruajes mientras que en el
otro habia mil. La contribucion sobre cada carruaje importaria diez
veces mas en aquel que en éste, y mientras que A pagaba en el primero
ocho pesos de contribucion por su carruaje, B pagaria ochenta pesos por
el suyo en el segundo. De esta manera la Corte demostró que no podia
sostenerse, que segun la Constitucion, la contribucion era directa y
debia imponerse en proporcion al censo, sin que diera el resultado de un
abuso vejatorio. Este era un argumento concluyente contra la
interpretacion que se queria dar á la ley, la cual se consideraba
fundada en las facultades constitucionales del Congreso. Prevaleció la
opinion de que solo dos eran las contribuciones directas á que se
refiere la Constitucion; á saber, la capitacion y el impuesto sobre
tierras. La Corte resolvió que el impuesto sobre carruajes era una
contribucion indirecta sobre el gasto ó consumo, y por lo mismo que
debia recaudarse segun la regla de uniformidad.
En el caso de "_Loughborough v. Blake_" [5 _Wheaton_, 317] volvió á ser
judicialmente controvertida la facultad de decretar contribuciones. La
cuestion suscitada tenia un carácter de local, pues se trataba de si el
Congreso podia imponer una contribucion al Distrito de Colombia, que
carece de representacion; pero la decision envolvia principios que eran
de sumo interés y trascendencia para toda la Nacion.
La Corte declaró que el Congreso tiene facultad para imponer
contribuciones en todos los lugares sujetos al Gobierno, y por tanto,
que podia ejercerla en el Distrito de Colombia y en los territorios que
carecen de representacion, lo mismo que en los Estados que la tienen. A
pesar de que los derechos aduanales deben ser uniformes y las
contribuciones proporcionadas al censo, la facultad de decretar unos y
otras es coextensiva á la soberanía. Están sujetos á ella tanto los
habitantes de Michigan, Florida, Arkansas (que entonces eran
Territorios) y los del Distrito de Colombia, á pesar de que carecen de
representacion, como los de los Estados de New York ó Massachusetts. Mas
declaró asimismo que en cuanto á los Territorios, era discrecional la
facultad del Congreso para hacer extensivas á ellos las contribuciones;
esto es, que no tenia obligacion de imponerlas en los Territorios como
la tenia respecto á los Estados. Si el Congreso impone una contribucion
directa, tiene el deber imprescindible de repartirla entre todos los
Estados, sin que pueda eximir de sus efectos á ninguno; pero no sucede
lo mismo con el Distrito y Territorios, que carecen de representacion,
aunque en caso de que la haga extensiva á éstos, deberá sujetarse á la
carta fundamental que prescribe la regla de la cuotizacion. Esta
interpretacion fué admitida por razones de conveniencia, porque los
gastos de cuotizacion y recaudacion en un territorio, como el del
Noroeste, por ejemplo, podian exceder á la cantidad que se recaudara.
Aquí habia un caso excepcional en nuestro sistema, en que la facultad de
imponer contribuciones y el derecho de representacion no eran
inseparables, á pesar de que fué uno de los principios fundamentales de
nuestra revolucion el de que dicha facultad no podia existir en justicia
cuando no tenia representacion el pueblo. La Corte no consideró que
fuera muy sustancial el desviarse en este caso del principio general,
porque se trataba de Territorios recien formados, en los que no podria
observarse una perfecta igualdad, hasta que llegaran á adquirir todo su
desarrollo. En el mismo predicamento se encontraba el Distrito de
Colombia, que voluntariamente habia renunciado al derecho de
representacion, aceptando á todo el Congreso por su legítimo gobierno.
IV. Del dominio eminente sobre las tierras de los indios.
En el caso "_Johnson v. M'Intosh_" (8 _Wheaton_, 543) se declaró que el
Congreso tiene el derecho de ser preferido en la compra de las tierras
de los indios que habitan los Territorios de los Estados Unidos. Tanto
en ese caso como en el de "_Fletcher v. Peck_" (6 _Cranch._ 142, 143) se
asentó la doctrina de que los Estados Unidos tienen jurisdiccion y
dominio sobre los inmensos terrenos baldíos que existen en dichos
Territorios, y sobre los productos que su enagenacion pudiera rendir en
lo sucesivo. El título de la Federacion nace del tratado de paz
celebrado con la Gran Bretaña, y de las cesiones hechas posteriormente
por Francia, España y algunos de los Estados. Los indios solo tienen el
derecho de ocupacion y los Estados Unidos el título legal, sujeto á esa
ocupacion, con un derecho absoluto y exclusivo de extinguir el título de
los indios, sea por conquista ó por compra. El título de las naciones
europeas al imperio de este inmenso territorio que se trasmitió á los
Estados Unidos, se fundaba en el descubrimiento y la conquista; y segun
el derecho consuetudinario de gentes europeo, la prioridad en el
descubrimiento daba este título al suelo, sujeto al derecho posesorio de
los naturales, y esta ocupacion fué el único derecho que los
conquistadores y descubridores europeos primero, y luego los Estados
Unidos que sucedieron en el título de aquellos, quisieron reconocer á
los indígenas. De manera que los indios son considerados como meros
ocupantes del suelo, que deben ser amparados en su posesion mientras
vivan en paz, pero incapaces de trasmitir un título absoluto á ningun
otro que al soberano del país. La Constitucion (Art. 4, sec. 3 inc. 1 y
2) facultó al Congreso para disponer del territorio y demás propiedades
de la Federacion, expedir las disposiciones relativas que fueren
necesarias y admitir nuevos Estados en la Union. Despues de sancionada
la Constitucion se aumentó considerablemente la importancia de esta
facultad, con la compra de la Luisiana y la Florida; y conforme á la
doctrina contenida en los casos á que me he referido, el Congreso tiene
un extenso y magnífico territorio sujeto absolutamente á su disposicion.
Esta inmensa propiedad ha llegado á ser un patrimonio productivo para
la nacion, y en la administracion de este patrimonio, el Congreso ha ido
estableciendo gobiernos provisionales, conforme á las prevenciones de la
ley dada por el de la extinguida Confederacion; y en virtud de sus
propias facultades constitucionales, ha nombrado empleados para cada
Territorio, cuyos habitantes tienen derecho á elegir cada dos años sus
delegados á la Cámara de Representantes, los que tienen voz pero no voto
en las deliberaciones.[42]
[42] Véanse Reglamento dado por el Congreso el _13 de Julio de
1787_: Decretos de _7 de Agosto de 1789, 14 de Enero de 1805, 3 de
Marzo de 1817, 16 de Febrero de 1819, 24 de Abril de 1820, y 30 de
Marzo de 1822_. En el terreno constitucional no se podia sostener
la adquisicion por los Estados Unidos de los territorios de la
Luisiana y la Florida mediante compras, sino era dando una
interpretacion muy lata á las facultades incidentales del gobierno.
Pueden verse en Story (3 _Com._ 156-161) las razones que en esa
época se alegaron contra semejante interpretacion. Sin embargo, la
Suprema Corte vindicó, sostuvo y dejó establecida la
constitucionalidad de la adquisicion de territorios extranjeros,
como una consecuencia necesaria de la facultad de hacer tratados,
que tiene la Union. "_American Insurance Company v. Canter_," 1
_Peters, U. S._ 511. Conforme á este principio incumbe
exclusivamente al Presidente, con consulta y aprobacion de las dos
terceras partes de los Senadores presentes el hacer la adquisicion.
Mas en 1845, las dos Cámaras del Congreso, en virtud de la facultad
constitucional que dice: (Art. 4, sec. 3) «el Congreso puede
admitir nuevos Estados á la Union,» dieron una disposicion
admitiendo á ella al Estado extranjero é independiente de Texas,
bajo ciertas bases que éste despues aprobó. _Resolucion del
Congreso de 1.º de Marzo de 1845._ Esta fué una interpretacion
legislativa muy importante y lata de la facultad constitucional de
adquirir Estados extranjeros, que segun parece contraría el
principio adoptado por la Suprema Corte respecto á que la anexion
de Estados extranjeros, que están fuera de los límites de la Union,
es un acto propio de la facultad del Ejecutivo de hacer tratados.
Las tierras baldías que pertenecen á la Union en los Estados de Ohio,
Indiana, Illinois, Michigan y el territorio de Wisconsin procedieron de
las cesiones hechas por los de Virginia, Massachusetts, Connecticut y
New York antes de la actual Constitucion.[43] North Carolina, South
Carolina y Georgia hicieron iguales cesiones de tierras, y en ellas se
erigieron los Estados de Tennessee, Alabama, y Mississippi. Estas
cesiones tuvieron por objeto formar con los terrenos cedidos un fondo
comun para la Union, y con este carácter se les consideraba, y cuando
fueron admitidos los Estados que en ellos se erigieron, se reconoció el
derecho de propiedad que tenia la misma Union en los terrenos eriazos
que no se habian vendido. De manera que le pertenecen como parte
integrante de su dominio público, sujetos al derecho que tienen los
indios á título de ocupacion, siempre que ésta no se hubiera extinguido
legalmente. Sin embargo, no debe ocultarse que algunos Estados, como
Mississippi, Illinois é Indiana, han negado sériamente el título de la
Federacion en los terrenos baldíos que existen en los Estados. En 1829,
Indiana pretendió reclamar el derecho exclusivo al suelo, y el dominio
eminente sobre las tierras baldías existentes dentro de sus límites
reconocidos, y así tambien lo hizo Mississippi en 1830. Pero las
cesiones de los Estados, de los derechos que tenian en el territorio del
Occidente, habian sido solicitadas por el Congreso mediante sus
resoluciones de 6 de Setiembre y 10 de Octubre de 1780, y otorgadas en
la inteligencia de que "se dispondria de él en beneficio comun de los
Estados Unidos" (_Journals of the Confederate Congress_, _vol._ 6, p.
123, 147; _Ibid_ _vol._ 8, p. 256, 259; _vol._ 9, p. 47; _vol._ 10. p.
92; _vol._ 11, p. 160; _vol._ 12, p. 92). En la última resolucion, el
Congreso acordó que se dispondria de las tierras que se cedieran en
beneficio comun de la Federacion: que en ellas se formarian Estados
republicanos con la conveniente extension territorial, que serian
miembros de la Union americana, debiendo gozar de los mismos derechos de
soberanía, libertad é independencia que los demás Estados. Por la ley de
13 de Julio de 1787, _expedida para el gobierno del territorio de los
Estados Unidos al Noroeste del rio Ohio_, se dispuso que las
legislaturas de los distritos ó nuevos Estados que en él se formaran,
"no podrian ingerirse en las disposiciones que dictara el Congreso de la
Union, fundadas en el derecho primordial al suelo, ni en ninguno de los
reglamentos que el mismo Congreso tuviera á bien expedir para asegurar á
los compradores de _buena fé_, su título á los terrenos."[44]
[43] La cesion del Estado de New York, autorizada por su
Legislatura en virtud del decreto de 19 de Febrero de 1780, tuvo
lugar el 1.º de Marzo de 1781. La de Virginia el 1.º de Marzo de
1784, en virtud de la ley expedida por su Legislatura el 20 de
Diciembre de 1783. La de Massachusetts, el 19 de Abril de 1785,
autorizada por su Legislatura en virtud de sus leyes de 13 de
Noviembre de 1784 y 17 de Marzo de 1785, y la de Connecticut el 14
de Setiembre de 1786, por efecto de la ley de 1786. North Carolina
hizo la cesion en 1787. El título que tiene la Federacion á las
tierras que se hallan al Poniente del rio Mississippi se deriva de
los tratados celebrados con la Gran Bretaña en 1783, 1818 y 1827;
con Francia en 1803; con España en 1820, y con la República
mexicana, en 1831. Véase _Elliot_: «_American Diplomatic Code_» ed.
Washington 1834, que es una excelente compilacion de todos los
tratados celebrados con los Estados Unidos, hasta esa fecha.
[44] Por disposiciones del Congreso, se establecieron oficinas para
la enagenacion de terrenos baldíos en los Estados de Ohio, Indiana,
Illinois, Missouri, Luisiana, Mississippi, Alabama, Michigan,
Arkansas, y en los territorios de Wisconsin, Iowa y Florida. El
Congreso dió una ley el 4 de Setiembre de 1841, concediendo á los
Estados el 10 por ciento del producto neto de las ventas de los
terrenos ubicados dentro de sus respectivos límites, á contar desde
el 31 de Diciembre del mismo año, y el resto debe distribuirse cada
seis meses bajo ciertas condiciones entre todos los Estados de la
Union, el Distrito de Colombia, y los territorios de Wisconsin,
Iowa y Florida, en proporcion á sus respectivas poblaciones, que
tuvieran derecho á ser representadas en la Federacion, segun el
último censo, pudiendo las legislaturas dar á esas cantidades la
inversion que juzgaren conveniente.
V. De la fé de los registros públicos.
Segun la Constitucion de los Estados Unidos, el Congreso prescribirá por
leyes generales la manera en que deban probarse los actos públicos,
registros y procedimientos judiciales de los Estados, y el efecto que
deban producir en los demás. En uso de esta facultad, expidió una ley el
26 de Mayo de 1790 fijando el modo de autenticar dichos registros y
procedimientos judiciales, disponiendo que en todos los tribunales que
existen en los Estados Unidos se les debe dar la misma fé y crédito que
tienen por ley ó práctica en los del Estado en que pasaron.[45] Conforme
á este decreto en el caso de "_Mills v. Duryee_" (7 _Cranch._ 481) se
declaró que si una sentencia debidamente legalizada tenia en el tribunal
que la pronunció el mas alto grado de credibilidad, á saber: el de
constancia de autos, deberia dársele la misma fé y crédito en cualquier
otro tribunal.[46] Al señalar la fé y crédito que debian producir las
constancias de autos, se marcaba el efecto que debian tener. La
Constitucion no se conformó con declarar que las sentencias de los
tribunales constituyen prueba, _prima facie_ sino que facultó al
Congreso para darles un efecto decisivo. Una sentencia por lo mismo será
definitiva en todos los Estados, si lo es en el en que se dió. Si en un
Estado se pidiere la ejecucion de una sentencia obtenida en otro, no
seria admisible la excepcion de que nada se debia (_nihil debet_),
supuesto que allí tampoco lo era. Pero sí lo seria si se comprobaba esa
negativa con algun instrumento público, (_nul tiel record_). Este mismo
principio se adoptó en el caso de "_Hampton v. M'Connell_" (3 _Wheaton_
234) y se puede considerar como una doctrina incuestionable en el
derecho patrio. Mas no debe creerse que en todos los casos el _nul tiel
record_ es la única excepcion procedente, pues lo es cualquiera
excepcion especial que pueda suspender la ejecucion de una sentencia en
el Estado en que se dió ("_Shumnay v. Stilman_" 4 _Cowen_, 292). En el
caso de "_Mayhew v. Thatcher_" (6 _Wheaton_, 129) parece que la Corte
dió á comprender, que la sentencia obtenida en un juicio sobre secuestro
de bienes seguido ante los tribunales de un Estado, no seria una prueba
concluyente de la deuda en otro, si el demandado no habia sido
personalmente notificado á fin de que se hubiera podido defender.
[45] La ley de 27 de Marzo de 1804 (2 _U. S. Statutes at Large_
299) declaró que las prevenciones de la de 1790 eran aplicables á
los territorios y á los países sujetos á la jurisdiccion de los
Estados Unidos.
[46] Los certificados que se expiden para legalizar los
procedimientos judiciales, prueban suficientemente, segun su tenor,
el carácter y la autoridad de los empleados que los suscriben.
«_Hatches v. Rochelan_», 18 New York 86.
VI. De las facultades del Congreso sobre la milicia.
El Congreso tiene facultades para disponer que se ponga la milicia sobre
las armas á fin de hacer cumplir las leyes de la Union, sofocar las
insurrecciones ó repeler una invasion; de expedir leyes para organizar,
armar y disciplinarla, y disponer de ella cuando estuviese al servicio
de la Federacion, quedando reservado á los respectivos Estados el
nombramiento de sus oficiales, y el disciplinarla segun la táctica
prescrita por el Congreso. (Art. I, sec. 8.) El Presidente de la
República tiene el mando en jefe de la milicia cuando ésta estuviere en
actual servicio. En caso de una invasion, ó inminente peligro de ella,
el Presidente, en virtud de la ley de 28 de Febrero de 1795, puede
convocar al servicio en el lugar del peligro, á la parte de la milicia
que crea conveniente, segun su prudente arbitrio. Desde entonces quedará
sujeta á la ordenanza del ejército, y el miliciano que no se presentare,
sufrirá una multa, cuyo monto determinará una corte marcial, compuesta
exclusivamente de oficiales milicianos. Estas cortes se celebrarán y
regirán por la ordenanza militar, y la ley de 18 de Abril de 1814 fija
la manera de formarlas.
Durante la guerra de 1812 la autoridad del Presidente de la República
sobre la milicia dió orígen á dudas, dificultades y opiniones
encontradas entre el Gobierno general y los de algunos Estados. El de
Connecticut sostenia que el Presidente solo podia convocarla en los
casos de necesidad especificados en la Constitucion: que estando en
servicio no podia quitar el mando de ella á los oficiales legalmente
nombrados por los Estados, ni ponerla al mando inmediato de un jefe del
ejército regular de la Federacion: que tampoco podia legalmente
fraccionar un cuerpo organizado y mandado por oficiales propios, pues á
juicio del Gobierno de Connecticut esto debilitaria, y tal vez llegaria
á destruir completamente la milicia del Estado. Cuando se llama á las
armas á la milicia, ésta deberá conservar su carácter propio y seguir al
mando de los oficiales nombrados por los Estados.
Se suscitaron dificultades análogas entre el Gobierno General y el
Estado de Massachusetts. Los dos Estados se negaron á suministrar
destacamentos de su milicia para resguardar la frontera marítima,
interpretando la Constitucion en la manera que les parecia justa.
En Connecticut el gobernador pretendia que á él tocaba calificar cuándo
era llegado el caso de necesidad que faculta al Gobierno general para
disponer de la milicia del Estado en servicio de la Union, y que el
mismo Estado conservaba el mando de ella despues de que hubiera sido
legalmente convocada á las armas, resistiéndose á que un oficial del
ejército regular de la Federacion tomase dicho mando; y estas
pretensiones fueron sometidas y expresamente sancionadas, no solo por el
Consejo del Estado, sino tambien por la Legislatura.[47] En
Massachusetts el gobernador consultó con los magistrados de la Suprema
Corte de Justicia del Estado, sobre cuál era la verdadera inteligencia
de la Constitucion acerca de estos interesantes puntos, y estos
funcionarios opinaron que tocaba á los gobernadores de los Estados el
determinar cuándo eran llegados los casos de necesidad que refiere la
Constitucion Federal para poner á la milicia, ó una parte de ella, al
servicio de la Union, y á las órdenes del Presidente. Fundaban su
parecer en que la Constitucion no confiere ese derecho de una manera
expresa al Presidente ó al Congreso, ni se lo niega á los Estados, lo
que bastaba para que se entendiera reservado á estos: que una
interpretacion contraria realmente pondria toda la milicia á la merced
del Congreso, y consolidaria á todos los Estados bajo un gobierno
militar. La ley de 28 de Febrero de 1795 autoriza al Presidente para
llamar á las armas á la milicia cuando se presentare alguno de los casos
de necesidad previstos por la Constitucion, y si á esto se agregaba la
facultad de resolver si habia ocurrido ó no el _casus foederis_, la
milicia vendria á quedar en realidad bajo el mando del Presidente.
[47] Véanse «_Official Documents of the State of Connecticut_,»
Agosto de 1812. Ya desde 1693 la Legislatura y el pueblo de este
Estado habian manifestado de una manera inequívoca la suma
desconfianza con que veian que otras autoridades, que no fueran los
gobiernos locales, dispusieran de las milicias. En esta época
resistieron tenazmente y con buen éxito el derecho que pretendia
tener el gobernador Fletcher de New York para tomar el mando
exclusivo de la milicia de Connecticut, fundándose en una comision
_ad hoc_ del rey. 1 _Trumbull's Hist._ 410-414.
En cuanto á la cuestion de quién debe tener el mando de la milicia,
estando al servicio de la Union, los mismos magistrados opinaban que le
tocaba exclusivamente al Presidente, y que al ejercerlo, estaba obligado
á conservar su organizacion propia, sin poder cambiar los oficiales
nombrados por los Estados, ni ponerla á las órdenes de ningun jefe que
no fuera de la misma milicia. Nada resolvieron sobre quién debiera
ejercerlo en ausencia del Presidente, ó cuando la milicia estuviera
agregada á un cuerpo de ejército de la Federacion; ni se metieron á
resolver la difícil y complicada cuestion de si la milicia debia obrar
independientemente y en concierto como fuerzas aliadas, bajo el mando de
sus jefes natos, ó si debia tomar el mando en jefe de todas las fuerzas,
el oficial de mayor graduacion presente, ya perteneciera á la milicia ó
al ejército permanente.
A su vez el Presidente de los Estados Unidos declaró que semejantes
interpretaciones que se daban á las facultades que el Gobierno general
tenia sobre la milicia, eran inusitadas y funestas, y á su juicio clara
y abiertamente contrarias á la Constitucion. En el mensage que pasó al
Congreso el 4 de Noviembre de 1812, expuso que si así pudieran burlarse
esas facultades, los Estados Unidos dejarian de ser una nacion en la
eventualidad en que mas se necesitaba que lo fueran. Estas embarazosas
cuestiones quedaron sin solucion hasta el año de 1827, en que las
resolvió la Suprema Corte de los Estados Unidos, único tribunal
competente para el efecto, y lo hizo en el caso de "_Martin v. Mott_."
[12 _Wheaton_ 19.] Declaró entonces que al Presidente de la República
exclusivamente tocaba calificar cuándo era llegado el caso en que segun
la Constitucion él podria disponer de la milicia, y que su resolucion
era inapelable.
Algunas cuestiones relativas á las facultades del Gobierno Nacional
sobre la milicia fueron decididas en el caso de "_Houston v. Moore_." [5
_Wheaton_ 1.] Toda la legislacion del Congreso sobre el particular se
reduce á las precitadas leyes y la de 8 de Marzo de 1792, para uniformar
la milicia. En ellas se prescribe todo lo concerniente á la
organizacion, armamento, disciplina y gobierno de la milicia, y tambien
á su refundicion, á la formacion de destacamentos y al llamamiento de
los contingentes de los Estados, cuando los pidiere el Presidente, quien
puede comunicar sus órdenes al primer magistrado ejecutivo de dichos
Estados, ó á cualquier oficial de la milicia, segun lo creyere
conveniente, y se declara que el dejar de cumplir sus órdenes ó
resistirlas abiertamente, constituye delito público, y sujeta al
culpable á ser juzgado y castigado por una corte marcial, cuyos
procedimientos quedaron claramente detallados.
Se presentó á la Suprema Corte de los Estados Unidos la cuestion de si
una corte marcial, creada por disposicion de algun Estado tiene
jurisdiccion para juzgar y castigar á los milicianos omisos, ó que se
negaban abiertamente á obedecer la órden del Presidente que los llamaba
al servicio de la Federacion. La Corte declaró que no podia considerarse
á la milicia como al servicio de la Federacion, ni adquiria el carácter
de nacional, sino hasta despues de que hubiera pasado la correspondiente
revista de inspeccion, y el Estado conservaba entre tanto la facultad,
concurrente con la del gobierno general, de castigar las faltas de sus
individuos. Pero una vez hecho el llamamiento y pasada la revista,
cambia su carácter, y de milicia de un Estado pasa á ser milicia de la
Federacion, siendo el dia y lugar de la revista el término _á quo_ debe
comenzar á percibir sus haberes, y sujetarse á la ordenanza del
ejército. Si la milicia rehusa obedecer el llamamiento al servicio de la
Federacion, permanece bajo la jurisdiccion militar del Estado, y á éste
toca disponer que sus individuos sean juzgados y castigados por los
tribunales militares del Estado, segun lo prescrito por las leyes del
Congreso sobre el particular. El año de 1814 el Estado de Pennsylvania
dió una ley disponiendo que los milicianos que rehusaren ó dejaren de
concurrir al llamamiento del gobierno general, serian juzgados por una
corte marcial del Estado, y castigados de conformidad con lo dispuesto
por el Congreso de la Union, y se declaró que dicha ley no era contraria
á la Constitucion y leyes generales. Habia sido expedida para normar el
ejercicio legal de la facultad de castigar que las cortes marciales del
Estado tienen simultáneamente con las de la nacion, y unas y otras
pueden ejercerla. Como las leyes del Estado lo permiten, y las de la
Federacion no lo prohiben, así debe procederse hasta que el Congreso
confie esa facultad á otras manos exclusivamente, ó los Estados quiten á
sus cortes marciales la jurisdiccion que tienen. Esta fué la decision
que en la primera instancia dió la Suprema Corte de Pennsylvania
("_Moore v. Houston._" 3 _
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