La Política de los Estados Unidos en el Continente Americano
by Raúl de Cárdenas y Echarte · Spanish · Gutenberg #45508 · 725,098 chars · public domain (US)
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Title: La Política de los Estados Unidos en el Continente Americano
Author: Raúl de Cárdenas y Echarte
Release date: April 27, 2014 [eBook #45508]
Most recently updated: October 24, 2024
Language: Spanish
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Nota del Transcriptor:
Letras itálicas son denotadas con _líneas_.
LA POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL CONTINENTE AMERICANO
Imprenta El Siglo XX. de la Sociedad Editorial Cuba Contemporánea.
Teniente Rey 27, La Habana.
BIBLIOTECA "LA CULTURA CUBANA"
VOL. III
RAÚL DE CÁRDENAS
LA POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL CONTINENTE AMERICANO
[Ilustración]
La Habana.
Sociedad Editorial Cuba Contemporánea
O'Reilly, 11.
1921.
_A mis amigos, los Doctores Antonio S.
de Bustamante y Cosme de la Torriente;
en testimonio de afecto y admiración._
ÍNDICE
PRIMERA PARTE
LA EXPANSIÓN TERRITORIAL
Págs.
I. _La ocupación de territorios contiguos._
(A) (1783) Área comprendida entre los montes Alleghanies
y el río Mississippi 1
(B) (1803) Louisiana 9
(C) (1819) Florida 22
(D) (1845) Tejas 28
(E) (1848) Alta California y Nuevo Méjico 45
(F) (1846) Oregon 50
(G) (1854) El valle de Mesilla 57
II. _La adquisición de territorios distantes._
(A) (1867) Alaska 58
(B) (1898) Haway 60
(C) (1898) Puerto Rico, las Filipinas y Guam 75
(D) (1899) Tutuila 80
(E) (1816) Las Antillas danesas 81
III. _Notas críticas acerca del movimiento expansionista._ 83
SEGUNDA PARTE
LA DOCTRINA DE MONROE
I. _Su antecedente: la política del "aislamiento" o de "las
dos esferas_". 89
II. _Sus orígenes._ 93
III. _Relación de los casos en que ha sido aplicada._ 105
Afirmaciones positivas 106
Afirmaciones negativas 106
IV. _Notas críticas._
Verdadera significación de la Doctrina de Monroe 174
Contribuyó a darle popularidad y fuerza, la circunstancia de
que defendiera el principio del gobierno propio 176
El mantenimiento de la Doctrina de Monroe es siempre de
actualidad para los Estados Unidos 177
Sobre los casos en que ha sido infringida la Doctrina de
Monroe 179
Fué en un tiempo de carácter "presidencial" exclusivamente,
pero hoy es también "congresional" 181
La Doctrina de Monroe y el Derecho Internacional 181
La Doctrina de Monroe en los actuales momentos 184
TERCERA PARTE
LA PREPONDERANCIA EN EL CARIBE
I. (A) Cuba 187
(B) Panamá 212
(C) Santo Domingo 231
(D) Haití 246
(E) Nicaragua 253
(F) Costa Rica 260
(G) Guatemala 262
(H) Méjico 263
II. _Notas críticas._
I. La política intervencionista de los Estados Unidos en el
mar Caribe. Sus precursores. Sus causas. Caracteres
que le son propios 269
II. La ingerencia norteamericana en las Repúblicas de
Cuba, Panamá, Santo Domingo, Haití y Nicaragua, a
tenor de los tratados vigentes y en la práctica. Censuras
de que ha sido objeto 275
III. El factor económico en las relaciones de los Estados
Unidos con las Repúblicas que se encuentran bajo su
esfera de influencia 282
IV. Ingerencia de la Administración del Presidente Wilson
en determinados asuntos, de orden interno, de las Repúblicas
de Méjico, Costa Rica y Guatemala 283
PRIMERA PARTE
LA EXPANSIÓN TERRITORIAL
I
LA OCUPACIÓN DE TERRITORIOS CONTIGUOS
(A)
(1783) ÁREA COMPRENDIDA ENTRE LOS MONTES ALLEGHANIES Y EL RÍO
MISSISSIPPI.
A principios del siglo XVIII, el extenso territorio que hoy ocupa la
República norteamericana formaba tres distintas colonias: una española,
otra francesa y otra inglesa. Esta última ocupaba un área muy reducida
en proporción a las otras dos. No era más que una faja de territorio que
corría desde el río Penobscot, en Maine, hasta el cabo Romano en la
Carolina del Sur, y desde el Atlántico hasta la cordillera de los
Alleghanies. Sin embargo, con el andar de los tiempos, la colonia
inglesa primero, los Estados Unidos después, uniendo la acción social a
la política, lograron terminar con las dominaciones europeas y agregaron
a su territorio el área inmensa de sus colonias.
Comenzó la expansión de los Estados Unidos antes de que los
norteamericanos alcanzaran la independencia. Esta manifestación,
aparentemente paradójica, no lo es. Los primeros pasos del proceso
expansionista se dieron a principios del siglo XVIII por los colonos
virginianos directamente, sin recibir el apoyo moral ni el auxilio
material de la corona británica; y a fines de este mismo siglo, esos
esfuerzos, que aún no habían desmayado, resultaron coetáneos con los que
hicieron los colonos por alcanzar la independencia.
El territorio de las trece colonias primitivas tenía tan sólo 341,752
millas cuadradas, y el que se le asignó a los Estados Unidos por el
Tratado de París de 3 de septiembre de 1783, que puso término a la
guerra de independencia, abarcaba además otra área de 488,248 millas,
comprendida entre los Alleghanies y el río Mississippi. Los delegados de
las colonias insistieron con razón en que ese territorio pertenecía a la
nueva República, porque había sido adquirido merced al esfuerzo de los
colonos.
Vamos a examinar los hechos en que se fundaron los delegados
norteamericanos para reclamar un territorio mayor que el que
correspondía a las colonias.
Pretendieron siempre los colonos ingleses que los dominios británicos se
extendían por el oeste hasta el río Mississippi; y los franceses, por su
parte, dueños entonces del Canadá, alegaban que era de ellos el
territorio que limitaban los ríos Mississippi y Ohio y los grandes
lagos, o séase el que hoy ocupan los estados de Ohio, Indiana, Illinois,
Michigan, Wisconsin y parte de Pensylvania, y que hacia el oeste de los
Alleghanies, tan sólo pertenecía a Inglaterra el territorio situado al
sur del río Ohio, es decir, lo que hoy forman los estados de Kentucky,
Tennessee y parte de Virginia.
En 1718, Alexander Spottswood, Gobernador de Virginia, cruzó al frente
de una expedición la cordillera de los Alleghanies. Iba a explorar; iba
como quien va a tomar posesión de algo de que se es dueño y se quiere
conocer. No llegó más que hasta el río Shenandoah, y no produjo la
expedición ninguna consecuencia, como no fuera la de instituirse una
orden que se denominó "Tramontana" y con la que Spottswood quiso
condecorar a sus acompañantes en recuerdo de su viaje. Así y todo, los
escritores consideran siempre a Spottswood, como al que dió el primer
paso en el camino de la expansión.
A mediados del mismo siglo, en tiempos de otro Gobernador de Virginia,
Robert Dinwiddie, se ponen en conflicto los intereses de los colonos
ingleses con los de los franceses por la posesión del territorio situado
al norte del río Ohio. Mientras la pretensión de los virginianos no se
tradujo en hechos, el asunto carecía de interés. Tratábase de una
inmensidad de territorio, inexplorado, habitado tan sólo por tribus
indias. Pero he aquí que Dinwiddie, siguiendo el sistema de colonización
a que tan aficionados fueron los ingleses, le otorga a una Compañía que
se formó entre virginianos, y que se denominó de "Ohio", el derecho al
disfrute de dicho territorio y manda a construir un fuerte en la orilla
del río de ese nombre; y que los franceses, que de esto se enteran, le
hacen saber a dicho Gobernador que no les permitirán a los virginianos
explotar ese territorio; y ya tenemos en conflicto, por primera vez, a
los norteamericanos por la posesión de terrenos contiguos a los suyos.
El Gobernador Dinwiddie quiso conocer cuál era la actitud de los
franceses en este asunto; cuáles eran sus verdaderas aspiraciones acerca
del discutido territorio situado al norte del río Ohio, y decidió enviar
un comisionado que se entrevistara con las autoridades francesas y se
hiciera cargo de sus pretensiones. Para desempeñar tan difícil encargo
se comisionó a un joven perteneciente a una ilustre familia de Virginia,
cuyo nombre excelso habría de llenar después una de las páginas más
grandes de la historia de la humanidad, y que con esa aventura se inició
en la vida pública de su país: George Washington.
A fines del año 1753, Washington salió de Virginia y, dirigiéndose hacia
el Norte, venciendo obstáculos y distancias inconcebibles, llegó hasta
las inmediaciones del lago Erie, entrevistándose en el fuerte Le Baeuf
con el jefe de las fuerzas francesas, Gardeur de Saint Pierre. Este lo
colmó de atenciones; pero le hizo presente, para que así lo hiciera
saber al Gobernador de Virginia, que si los colonos ingleses no
evacuaban la parte norte del río Ohio, se vería compelido a expulsarlos
por la fuerza. Al conocer Dinwiddie esa actitud, reclamó auxilios de
Inglaterra; pero esta nación ni siquiera prestó oídos a la petición.
A pesar de esta actitud de la Corona Británica, los virginianos
decidieron pelear. En 2 de abril del año 1754, Washington, con el grado
de Teniente Coronel y al frente de dos compañías, se dirigió al Norte.
La suerte le fué adversa: en 4 de julio de ese año tuvo que rendirse a
los franceses en el fuerte "Necesidad".
Inglaterra hasta entonces no había dado pruebas de preocuparse de las
luchas de sus colonos con los franceses; pero esta vez se preocupó, por
el sesgo que llevaban estos asuntos, y envió a América al general
Braddock al frente de algunos refuerzos. Braddock, con las fuerzas
traídas de Inglaterra y con otras americanas, inició en el verano del
año 1755 una nueva campaña; pero el éxito sonrió otra vez a las armas
francesas.
Al año siguiente comienza la guerra de los siete años, y tuvo ésta por
escenario no sólo a Europa, sino también los campos de América. El
territorio hasta entonces disputado, el situado al norte del río Ohio,
fué el teatro de la lucha. Al principio la suerte fué adversa a los
ingleses, pero como se enviara desde Inglaterra un contingente de 50,000
hombres, el éxito se cambió para esta nación; y desde el año 1759, con
la toma de los fuertes Niágara y Ticonderoga, quedó decidido el triunfo
de la campaña.
Con el tratado de París, de 10 de febrero de 1763, dió término la guerra
de los siete años; y al quedar resueltos definitivamente los destinos de
Francia en América, con la cesión que hizo del Canadá en favor de
Inglaterra, quedó decidida también la suerte de los terrenos del norte
del río Ohio, es decir, el conflicto que desde mediados del siglo armó
en guerra a los virginianos.
La Gran Bretaña, al quedar en posesión del territorio que nos ocupa,
cometió una injusticia. En vez de agregarle a Virginia el referido
territorio, ya que por su posesión tanto había combatido esta colonia,
lo puso bajo la dependencia del Canadá. Los virginianos no pudieron
decir, sin embargo, que habían perdido el tiempo. Su esfuerzo no fué
infructuoso: consiguieron adiestrarse en las artes de la guerra, y esa
práctica había de resultarles de gran provecho pocos años después,
cuando estalló la insurrección de las colonias.
Expuesta ya, a grandes rasgos, la acción de los colonos ingleses en el
territorio situado al norte del río Ohio, antes de la independencia,
ocupémonos ahora del situado al sur de dicho río, es decir, del que
forma el área que hoy tienen los Estados de Kentucky y Tennessee.
Los franceses no les negaron nunca a los ingleses su derecho a ese
territorio. Disputaron siempre la dominación del territorio del norte
del río Ohio, pero los del Sur los consideraron siempre como de la
pertenencia de Inglaterra, y para esta nación formaban parte de
Virginia.
La ocupación de ese territorio por Virginia, puede citarse como un
ejemplo de que la expansión norteamericana fué, más bien que obra de la
acción política del gobierno, un producto o un resultado de la actividad
individual. En Virginia, el eje de la organización social estaba
constituído, por así decirlo, por los propietarios rurales; y estimando
éstos que ya los terrenos de dicha colonia resultaban insuficientes para
sus cultivos, se fueron extendiendo poco a poco hacia el Oeste. El
cultivo, del tabaco especialmente, requería nuevas tierras. La
iniciativa individual comenzó, pues, la expansión, antes que la
actividad política. Tuvo tal importancia la actividad privada, que una
de las compañías formadas para la explotación de las nuevas tierras, la
llamada de "Los propietarios de la Colonia de Transilvania", instituyó
un gobierno propio formado por los colonos; gobierno que fué suprimido
después por el de Virginia, pero cuando ya su Cámara había tenido tiempo
de votar seis leyes.
A medida que los nuevos territorios iban ganando en importancia, fué
arraigando en sus moradores el propósito de que los mismos fueran algo
más que una simple posesión de Virginia; y cuando esa idea estuvo firme
en las conciencias, el pueblo, reunido en convención en 7 de junio de
1778, designó dos Delegados que se dirigieron a Williamsburg, capital de
Virginia, para pedir su incorporación a esta colonia como un nuevo
Condado dentro de la misma. Llegaron dichos Delegados cuando la Asamblea
de Virginia declaraba su independencia de Inglaterra; pero obtuvieron su
objeto: seis meses después, el tan citado territorio formaba un nuevo
Condado.
La revolución, por la fuerza de las armas, consagró para las colonias el
dominio del territorio situado al norte del río Ohio. El joven
virginiano George Rogers Clark, al frente de un ejército, sostuvo dos
admirables campañas durante los años 1778 y 1779, que culminaron con la
rendición del coronel Hamilton, jefe de las fuerzas inglesas en
Vicennes, quedando toda la región en poder de los revolucionarios.
Expuestos ya los esfuerzos de los colonos norteamericanos por adquirir y
dominar la región situada entre los Alleghanies y el río Mississippi,
réstanos referirnos a la actividad de los comisionados de la paz, en
1783, a fin de asegurarla definitivamente, para la nueva nacionalidad.
Cuando se trató de ese asunto en las conferencias de París, con tal
tesón defendieron los delegados norteamericanos la aspiración de la
nueva República, de que el río Mississippi señalara su lindero
occidental, que los ingleses se allanaron, aunque de mal grado, a dicha
petición. Pero inesperadamente surgió un serio obstáculo: el Gobierno de
Luis XVI se opuso a que el dominio de ese territorio pasara a los
Estados Unidos.
Francia y España en aquel entonces marchaban de perfecto acuerdo, y Luis
XVI aspiraba a que Inglaterra conservara el dominio del territorio
situado al norte del río Ohio y España el situado al sur de dicho río.
Los Delegados americanos se veían en un trance apurado. El Congreso de
los Estados Unidos, creyendo en la buena fe y en la amistad de Francia,
así como en la espontaneidad del auxilio que le había prestado a los
revolucionarios, había encargado a dichos delegados que tomaran por
Consejero al rey de Francia. Con efecto, por un acuerdo adoptado por el
Congreso en 8 de junio de 1781, se les confería a los delegados esta
instrucción:
Deben Uds. tener muy al corriente de cuanto ocurra en las
conferencias a los Ministros de nuestro generoso aliado el rey de
Francia; no deben dar ningún paso, ni convenir nada, sin su
consentimiento; han de inspirarse en sus consejos y opiniones.
¿Cómo se explica tan difícil situación? ¿Qué significaba que mientras
los ingleses no oponían obstáculos a la aspiración de darle a la nueva
República la extensión reclamada por sus delegados, se viniera a colocar
frente a esa aspiración el Gobierno de Francia, su gran amigo y aliado?
Vamos a explicarlo. En primer lugar, la amistad de Francia hacia los
revolucionarios no fué nunca tan espontánea como éstos se la imaginaban.
Los ayudaban, no por otra cosa que por el deseo de perjudicar a
Inglaterra, entonces su enemiga y rival; y hasta tal punto es esto
cierto, que Turgot, uno de los ministros de Luis XVI, en un caso declaró
que a la larga a Francia no le convenía que en la lucha entre Inglaterra
y sus revueltas colonias triunfara aquélla, porque entonces retiraría de
éstas y traería al Continente el contingente de tropas que en ellas
combatía. El mismo Luis XVI y sus ministros, en más de una ocasión
significaron que aun cuando ayudaban a los revolucionarios, no por
simpatía, sino porque esta ayuda redundaba en daño de Inglaterra, no por
eso dejaban de experimentar ciertos escrúpulos, pues era un mal ejemplo
que un monarca auxiliara ostensiblemente la formación de una República
democrática.
Francia sabía lo que quería al oponerse a las pretensiones de los
delegados americanos:
Vió con mirada profética, dice el insigne escritor norteamericano
Willis Fletcher Johnson, que el acceso de los americanos al río
Mississippi habría de significar en lo futuro el control de éstos
sobre dicho río, y en definitiva su completo predominio sobre el
hemisferio occidental.
Tenía además otra mira: vislumbraba que cedido a España el territorio
situado al sur del río Ohio, dicho territorio, en fecha próxima,
llegaría a ser suyo, dado su predominio en los asuntos de esta monarquía
con la que marchaba en completa inteligencia.
Ya veía en lo futuro, dice el referido autor, el Tratado de San
Ildefonso.
Para conseguir su propósito, la diplomacia francesa ponía en juego toda
su habilidad. Le hacía ver a los delegados ingleses que los americanos
tenían que seguir sus consejos; y nada mejor, por otro lado, para
excitar la codicia de aquéllos, que halagarlos con la adquisición de
todo el territorio situado al norte del río Ohio. Les decía que se
hicieran fuertes, y al propio tiempo les hacía ver que en sus manos
estaba vencer la resistencia de los norteamericanos.
Los comisionados americanos, John Adams, John Hay y Benjamín Franklin,
dándose cuenta de que al conferirles el Congreso sus instrucciones, éste
no conocía cuál era la verdadera disposición y cuáles eran los
propósitos del Gobierno de Francia, no tuvieron inconveniente en
desobedecer dichas instrucciones. Franklin tenía sus escrúpulos, pero
Hay se los supo desvanecer. Como decía Adams, esa desobediencia los
llenaba de gloria.
Los ingleses se allanaron a la petición de los americanos; y una vez
firmado el Tratado, fué éste llevado para su ratificación al Congreso,
que sin duda se felicitó de que los comisionados hubiesen desobedecido
sus instrucciones. De esta manera las trece colonias, al obtener su
independencia, consagraron la adquisición de un territorio aun mayor que
su área. Las colonias, como antes dijimos, contaban con 341,752 millas
cuadradas, y el terreno que además se les reconocía contaba 488,248
millas.
El estudio del régimen a que fué sometido ese territorio es del mayor
interés. Los estados de New York, Connecticut, las dos Carolinas,
Virginia y Georgia, se habían distribuído el área de esa región; y
primeramente New York, y sucesivamente los otros estados fueron cediendo
la que se habían agregado, al Gobierno de la Confederación. Este hecho,
la conversión de esta región, que dejaba de pertenecer a determinados
estados para ser del dominio común, tuvo para la confederación, en el
orden moral, una importancia trascendental, de la que quizás la nación
misma no se dió cuenta, dice Willis Fletcher Johnson.
La idea, dice, de que tan enorme propiedad era del dominio de
todos, fué un fuerte lazo de unión que hizo sentir, quizás más que
ningún otro, la fuerza y la conveniencia de mantenerse unidos.
Fué, dice el historiador John Fiske, la primera cuestión en que estuvo
interesado todo el pueblo después que hubo obtenido su independencia.
Establecida la nueva nacionalidad, era necesario proveer de alguna
manera al Gobierno de la región situada al norte del río Ohio, o sea,
como antes dijimos, la que hoy ocupan los cinco grandes estados de Ohio,
Illinois, Michigan, Indiana y Wisconsin. A tal objeto se promulgó, en 13
de julio de 1787, la famosa "Ordenanza para el gobierno del territorio
de los Estados Unidos, situado al noroeste del río Ohio", y se puede
decir que el Congreso, al confeccionarla, se colocó a la altura del
genio político de los norteamericanos. Con razón se ha considerado esa
Ordenanza, junto con la Declaración de Independencia y la Constitución,
como los grandes monumentos del Derecho Constitucional de los Estados
Unidos.
La Ordenanza abrazaba cuatro materias: consignaba disposiciones para el
gobierno del territorio; les otorgaba derechos individuales a sus
moradores; establecía ciertos requisitos mediante los cuales dicha
región se podía convertir en Estado, y últimamente prohibía en ella la
esclavitud.
Con respecto al gobierno, se disponía que éste habría de radicar en un
Gobernador; un Secretario y tres jueces designados por la Confederación;
una Legislatura con amplias facultades, compuesta por una Asamblea
General de elección popular, y otra Cámara, compuesta de cinco miembros,
designada por el Congreso de la Confederación de entre una propuesta de
diez personas formada por la Asamblea. Los habitantes del territorio
debían contribuir con determinada suma a los gastos de la
Confederación, pero la Legislatura era la encargada de asignar y
distribuir los ingresos.
Se reconoció a los habitantes el Habeas Corpus, el derecho de propiedad,
el de ser juzgados por un jurado y, en fin, todas las garantías que
constituyen la esencia de la libertad individual en los anglosajones.
Acerca de la formación de nuevos Estados, se proveía que éstos habrían
de ser no menos de tres, ni más de cinco, y se daban facilidades para
dicha formación. Bastaba con que en una región existiera una comunidad
compuesta de sesenta mil habitantes; que se diera su constitución, y que
estableciera su gobierno; eso sí, era necesario que éste fuese
republicano y no estuviera en contradicción con los intereses
fundamentales de la Confederación.
No es posible pedir mayor sabiduría, ni mayor consecuencia que la que
demostró el Congreso de la Confederación para con el principio del
gobierno propio al calor del cual habían surgido los Estados Unidos. Por
primera vez se dió ante el mundo el ejemplo de que un Estado,
espontáneamente, al adquirir por expansión un territorio, les ofreciera
a los habitantes del mismo el gobierno propio.
Diez y seis años después de promulgada la Ordenanza, Ohio era admitido
como Estado, y antes de que transcurriera la primera mitad del siglo
pasado, fueron reconocidos los otros cuatro.
(B)
(1803) LOUISIANA.
En 1803, es decir, a los veinte años de constituída la República
norteamericana, se vió duplicada su extensión territorial con la compra,
a Francia, de la Louisiana, compuesta de 883,072 millas cuadradas. Basta
decir, para darnos cuenta de lo que abarca tan dilatada extensión, que
dentro de la misma cabrían las superficies de Francia, Alemania,
Austria-Hungría y España. Las causas de la adquisición de ese
territorio, y su destino dentro de la Unión, va a ser ahora objeto de
estas líneas.
Apenas obtenida la independencia, la colonización de Kentucky y de
Tennessee había obtenido proporciones inconcebibles; hasta el punto de
que, antes de que terminara el siglo XVIII, ya esas dos regiones habían
sido proclamadas como Estados. La inmigración hacia ellas, que había
tomado gran auge, ya no se conformaba con llegar hasta el río
Mississippi, que era su límite occidental, sino que después de
atravesarlo, hubo de extenderse por la otra banda. En pleno territorio
español se habían establecido varios millares de colonos americanos
dedicados al cultivo de la tierra, con la ventaja, para ellos, de no
estar sometidos a gobierno alguno, pues la soberanía española, en gran
parte de tan dilatada extensión, era más bien nominal que efectiva. En
San Luis, en Nuevo Madrid, en Santa Genoveva, en las principales
poblaciones de la Louisiana, había un gran número de americanos.
Con tales antecedentes, fácilmente se comprenderá que para el desarrollo
de la nueva nación, para el crecimiento de su comercio y de su
industria, en aquella época en que no había ferrocarriles, ni buenos
caminos, había de ser de excepcional importancia la facilidad en la
navegación del río Mississippi; y que para los norteamericanos tenía que
entrañar honda gravedad el hecho de que se pusiera inconvenientes a
dicha navegación. Eso fué lo que hizo España, torpemente inspirada.
El río Mississippi, en la última parte de su curso, corría por
territorio español: por un lado bañaba la Louisiana y por otro la
Florida Occidental; y España, ya predispuesta, pues siempre vió a los
anglosajones en América con gran recelo, por creer que ella debía ser la
única dueña de los destinos del Continente, como se enterara de cierta
cláusula secreta del Tratado de París, de 1783, entre los Estados Unidos
e Inglaterra, que la afectaba, al año siguiente puso serios obstáculos a
la navegación del río.
Por la cláusula de dicho Tratado que tanto alarmó a España, se convenía,
al fijar el límite meridional de los Estados Unidos con la Florida
Occidental, que, en el caso de que ésta pasara al dominio de Inglaterra,
ese límite se correría hacia el Norte; y más al Sur, como en unas cien
millas, en el caso de que permaneciera en poder de España. Este
territorio, de tan problemático destino, llamábase Yazoo.
No hay que decir que al interrumpirse la navegación del río, los
intereses norteamericanos, perjudicados por tal medida, reclamaron
protección de manera imperiosa. Thomas Amis, comerciante de la Carolina
del Norte, que había fletado una embarcación con productos que debían
salir al Océano, vió éstos confiscados y él reducido a prisión por las
autoridades españolas; y como este caso se repitiera, toda la nación
pidió que se exigiera la libre navegación por el río.
Los habitantes del Estado de Kentucky, a quienes interesaba tanto como a
los que más la navegación del río, extremaron la nota de la protesta.
Dirigidos por George Rogers Clark se armaron en pie de guerra,
amenazando con separarse de la Unión si ésta no podía conseguir que
triunfara su petición. Todo el Estado se aprestó a la lucha: o se
conseguía la libre navegación del río, o Kentucky se declaraba separado
de la Unión. Los gobernantes españoles de Nueva Orleans, por su parte,
avivaban el fuego diciéndole al oído a los kentuckianos que, si se
declaraban independientes, España les reconocía el derecho a la libre
navegación del río.
George Washington, a la sazón Presidente de la República, juzgó que ese
asunto se debía gestionar y resolver de una vez en la misma España, y a
tal objeto, en 1795, envió a Thomas Pinckney, como Ministro a dicha
nación, con terminantes instrucciones. Pinckney, puesto al habla con el
Príncipe de la Paz, el famoso ministro español, ventiló las diferencias
entre las dos naciones, y los esfuerzos de dichos diplomáticos
culminaron en el Tratado de 20 de octubre de 1795.
Dicho tratado constituyó un verdadero triunfo para la diplomacia
norteamericana. Se les reconoció a los Estados Unidos el lindero con la
Florida, que se había fijado en el Tratado de París, quedando, por
tanto, en poder de la nueva nación el territorio de Yazoo, cuya posesión
era objeto de tantos recelos, y se les reconocía además a los americanos
el derecho de depositar sus mercancías en Nueva Orleans, durante tres
años, pasados los cuales se podía escoger ese lugar, u otro, para dicho
depósito. Con esto quedó calmada la agitación en Kentucky, y el
desasosiego en todos los demás estados bañados por el río Mississippi y
su afluente el río Ohio.
No pasó mucho tiempo sin que el interés del pueblo americano volviera a
concentrarse en los asuntos de Louisiana. No habían transcurrido más que
cinco años de haberse firmado el Tratado de Madrid, antes citado, de 20
de octubre de 1795, cuando se firmó el de San Ildefonso, de 1º de
octubre de 1800, por el que España transfería a Francia el dominio de
dicha provincia. ¿Por qué se hizo esa cesión? España tuvo una razón:
temerosa del auge e importancia que día por día iba cobrando la Unión,
pensó que el río Mississippi era una frontera muy endeble, y que mejor
convenía a sus intereses retirarse a sus posesiones de Méjico y colocar
entre ella y los Estados Unidos a una gran potencia europea, que fuera
capaz de oponer resistencia a la expansión de la gran República. Además,
España quería adquirir una provincia en la península italiana, y
Napoleón estaba en condiciones de cederla a cambio de la Louisiana.
Por otra parte Napoleón, en sus delirios de grandeza y de dominación, se
sentía halagado con la idea de poseer en América un vasto imperio
colonial. Ya soñaba no sólo con la posesión de la Louisiana, sino en
fomentar desde ella una insurrección del elemento francés residente en
el Canadá, la cual, al triunfar, le daría de nuevo a Francia el dominio
de tan vasto territorio.
El tratado de San Ildefonso se debía mantener en secreto. Se quería
esperar a que las guerras del viejo Continente le dieran una tregua a
Napoleón que le permitiera enviar un contingente que ocupara la nueva
provincia; y mientras tanto ésta seguiría gobernada por las autoridades
españolas. España no consignó los límites de la Louisiana; transfirió su
territorio sin expresar linderos; pero de lo que sí se preocupó--y esto
se consignó en una cláusula--fué de exigirle a Francia el compromiso de
que en ningún caso la transferiría a otra nación: debía conservar su
dominio para siempre; lo que prueba que fué el temor a que la expansión
norteamericana tocara sus confines lo que la llevó a ceder tan valiosa
posesión.
Hasta la primavera del año 1802 no se enteraron en los Estados Unidos de
la existencia del tratado de San Ildefonso. Honda preocupación produjo
ese hecho. No era lo mismo tener por vecina a una nación arruinada y
decadente, como era España, que a Francia, cuyos alardes de fuerza
traían inquieta a Europa desde hacía tiempo. Además, no se sabía qué
sesgo tomaría ante este cambio la batallona cuestión de la navegación
del río Mississippi, y se temía también que la América--dada la
importancia de las colonias inglesas y españolas, y ahora de la
francesa--se convirtiera en un nuevo centro de las eternas rivalidades,
cuestiones e intrigas de las cancillerías europeas. En 18 de abril de
dicho año, el Presidente de la República, Thomas Jefferson, le escribía
sobre este suceso a Robert R. Livingston, Ministro en París, y lo
lamentaba expresándose así:
La cesión que ha hecho España a Francia, de la Louisiana y de las
Floridas, ha causado en los Estados Unidos un verdadero disgusto,
pues afecta de manera directa a todas nuestras relaciones
políticas. Hay en el mundo un lugar, que tanto nos interesa poseer,
que cualquiera otra nación que lo disfrute tiene que ser,
naturalmente, nuestra enemiga. Ese lugar es Nueva Orleans. La
producción de las tres octavas partes de nuestro territorio tiene
que pasar por allí antes de ir al mercado, con la particularidad de
que esas tres octavas partes de nuestro territorio son tan ricas y
fértiles, que sostienen a más de la mitad de nuestra población y
rinden más de la mitad del valor de nuestros cultivos. De ahí que,
al colocarse Francia en esa puerta, veamos en su actitud un acto de
desafío, y dudo que las dos naciones puedan seguir manteniendo
buenas relaciones.
A pesar del malestar que produjo la noticia de la cesión de la
Louisiana, el asunto quizás no habría tenido más consecuencia que el
disgusto y el mal efecto que produjo, de no haber precipitado los
sucesos una medida imprudente de Morales, Intendente de Nueva Orleans.
En 16 de octubre de 1802, dicho funcionario revocó la orden por la cual
los comerciantes americanos podían depositar las mercancías que
descendieran por el Mississippi, en Nueva Orleans. Según se ha dicho,
Morales procedía por su cuenta; sin que hubiera recibido instrucciones
en tal sentido del rey de España, ni del Gobierno de Francia. Sea ello
lo que fuere, es lo cierto que la medida exasperó los ánimos. En los
Estados fronterizos con los ríos Mississippi y Ohio no se hablaba más
que de ir a la guerra; y la nación, que ya tenía el convencimiento de
que le era indispensable obtener lo de la libre navegación, ahora se
hizo el propósito de tomar alguna acción que produjera el resultado de
dominar y controlar, en forma segura, tan importante vía.
El recuerdo de los perjuicios que había causado en alta mar la marina de
guerra francesa al comercio norteamericano, contribuía a aumentar la
inquietud; y, sobre todo, sabiéndose que la nación, más temprano o más
tarde, tendría que librar una batalla para asegurar de manera eficaz la
navegación del río, se quería dejar resuelto este asunto de manera
definitiva.
La excitación pública culminó en una verdadera exaltación cuando se
conocieron los motivos que tuvo el Intendente Morales para revocar la
disposición sobre el depósito de las mercancías en Nueva Orleans. En 28
de octubre, William C. Claiborne, Gobernador del territorio de
Mississippi, le dirigió una comunicación a Manuel de Salcedo,
Gobernador General de la Louisiana, inquiriendo los motivos por los
cuales se había adoptado semejante resolución, y en 15 del mes siguiente
le contestó explicando esos motivos. Le decía en la contestación que no
era él, sino el Intendente, quien en uso de las facultades que tenía en
materia de comercio y navegación--y las que eran ajenas a las
suyas--había dictado la medida, la cual se había fundado, en primer
lugar, en el hecho de haber transcurrido con exceso los tres años que se
fijaron en el Tratado de 1795, y durante los cuales los americanos
podían depositar sus mercancías en Nueva Orleans; y después, en que a la
sombra del derecho de depósito de los norteamericanos, se cometían
irregularidades y fraudes en alto grado perjudiciales a los intereses
del estado español.
Esa correspondencia fué remitida a la Cámara de Representantes--que la
había pedido al Presidente de la República--en 28 de diciembre, y en los
primeros días del mes de enero del año siguiente dicho cuerpo legislador
adoptó la siguiente moción:
Se declara que esta Cámara se ha enterado con verdadero asombro de
las medidas tomadas por determinadas autoridades españolas de Nueva
Orleans y que dificultan la navegación del río Mississippi, la que
había sido garantizada a los Estados Unidos por medio de formales
estipulaciones; y que de acuerdo con la política de prudencia y de
humanidad que debe guiar a los pueblos libres, y de la que siempre
han sido devotos los Estados Unidos, se confía en que el Ejecutivo
sabrá velar por los derechos de la nación, que han sido
desconocidos, no por Su Majestad Católica, sino más bien por
determinados funcionarios españoles; debiendo manifestar el
inquebrantable propósito de mantener los derechos de navegación y
comercio en el río Mississippi, tal como lo tienen establecido los
Tratados vigentes.
El Presidente Jefferson era partidario de solucionar esta cuestión por
medios pacíficos; confiaba en la diplomacia y atribuía el ardor bélico
que dominaba la nación a maquinaciones de sus adversarios, los
federalistas, para halagar a los habitantes de los estados occidentales,
cuyos sufragios se deseaba obtener para las futuras elecciones.
Este cargo era infundado. Los federalistas en este caso no hacían más
que seguir las inspiraciones de la más grande de sus figuras, el ilustre
Alexander Hamilton; pues así como Jefferson representaba los ideales
democráticos de su pueblo, Hamilton encarnaba la idea de la expansión,
del engrandecimiento de la nación.
Las ideas de Hamilton sobre el destino de su país estaban condensadas en
estas palabras de _El Federalista_: "Tener un verdadero ascendiente en
los asuntos americanos". Desde el Congreso de la Confederación había
pedido que se declarase que la navegación del río Mississippi era un
derecho esencial de la nación, y siendo miembro del Gabinete del
Presidente Washington, había dicho también que la libertad de navegar
por dicho río era indispensable para la unidad del país. En 1798 y en
1799, en varias ocasiones, dijo algo más: manifestó que los Estados
Unidos debían adquirir todo el Continente Septentrional, menos Canadá,
pero incluyendo desde luego Louisiana y las Floridas. Su verdadero
ideal, lo que ambicionaba, era que su patria se engrandeciera y dominara
en el Norte, y que las diversas colonias de la América meridional se
constituyeran en Repúblicas, unidas a los Estados Unidos por los lazos
de la amistad y de la gratitud.
Una particularidad ofrece este asunto, y es la de que Hamilton, que tan
esencial juzgaba el derecho a la navegación del río Mississippi, no
creía que los Estados Unidos podían hacer valer sus peticiones en el
campo del derecho internacional. A su juicio, desde el punto de vista
jurídico, España podía disponer las medidas que juzgase oportunas; pero
era tan necesario a los Estados Unidos el disfrute de las ventajas de la
navegación, que era justo no sólo imponerlo, sino apoderarse de la
Louisiana como medio de garantizar dicho disfrute. Jefferson, por el
contrario, creía que había un derecho natural a la navegación del río,
cualquiera que fuese la nación que poseyera sus márgenes; y quizás por
esta razón, quizás por la convicción que abrigaba de que estaba el
derecho de su parte, fué por lo que siempre confió en la posibilidad de
un arreglo sin llegar a la guerra.
En manos del Presidente, y en las de la mayoría con que contaba en el
Congreso, estaba la solución definitiva del problema. Los federalistas
presentaron diversas proposiciones, que por considerarlas exageradas y
un tanto comprometedoras fueron desechadas, y en definitiva se adoptó la
que fué presentada por S. Smith, Representante por Maryland. Nada se
decía en dicha proposición sobre el asunto de que se trataba. Se juzgó
discreto limitarse a autorizar al Presidente de la República para gastar
hasta la cantidad de dos millones de pesos en las atenciones que se
originaran.
A pesar de los términos de esta proposición, el Congreso, pocas semanas
después, autorizó el alistamiento de ochenta mil voluntarios; y el
propio Presidente no descuidó un detalle en los preparativos para la
guerra, pues creía indispensable llegar a ella si fracasaban las
negociaciones que se proponía iniciar. Jefferson no tenía otro propósito
que el de obtener garantías, "que aseguraran los derechos e intereses de
los Estados Unidos con respecto a la navegación del Mississippi y al
territorio bañado por su ribera oriental". Así lo hizo constar en su
Mensaje al Senado el 11 de enero de 1803. Para lograr esa finalidad,
juzgó que lo más conveniente era comprar a Francia la parte situada al
Este de la margen de dicho río, y a España la llamada Florida
Occidental, ya que entre ésta y la Louisiana corría el Mississippi en la
última parte de su curso. En ese sentido le confirió instrucciones a
Robert R. Livingston, Ministro en París, y a Charles Pinckney, que lo
era en Madrid. Además se nombró a James Monroe Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario, a fin de que actuara de acuerdo con aquellos
dos.
No creían los comisionados que les fuera fácil conseguir sus propósitos,
pues aunque la posesión de un sitio en la desembocadura del río
Mississippi para depositar las mercancías, y la adquisición, además, de
parte de la Florida Occidental, representaba muy poco para Francia,
había llegado a noticias de aquéllos que Napoleón, en su afán de abatir
el poder de Inglaterra, pensaba formar en América un imperio colonial
más vasto e importante que el Canadá.
El asombro de los comisionados, por esos motivos, llegó al colmo cuando,
entrados ya en negociaciones con Napoleón y con los Ministros Talleyrand
y Marqués de Marbois, y sin que los primeros hubieran revelado otra cosa
que los propósitos contenidos en las instrucciones recibidas del
Presidente Jefferson, súbita e inesperadamente el propio Napoleón les
propuso la venta de toda la Louisiana en quince millones de pesos. Una
ojeada a la posición internacional de Francia en aquellos críticos
momentos nos explica tan repentina determinación. Vamos a darle la
palabra al escritor americano Willis Fletcher Johnson, que la describe
en estos términos:
Si la paz de Amiens hubiese durado más tiempo, Napoleón hubiera
podido realizar sus ambiciosos planes; pero al cesar esa paz,
Inglaterra y Austria se colocan de nuevo frente a Francia e inician
una campaña que sólo había de terminar con lo que terminó: con el
desastre de Waterloo. La flota inglesa constituía un insuperable
obstáculo para enviar un ejército a la Louisiana. Al propio
tiempo, el reciente desastre de la campaña de Haití, restaba
alientos a una empresa de esa clase. Los agentes secretos
aseguraban que la única manera de resistir la invasión de los
norteamericanos, que ya parecía inminente, como lo demostraba el
reciente alistamiento de ochenta mil voluntarios, consistía en
enviar a aquellas regiones un fuerte ejército; sin que pareciera
suficiente el de veinticinco mil hombres que se estaba preparando.
Además, todos los recursos de Francia resultaban escasos para
luchar en su propio territorio. Agréguese a esto que Napoleón
necesitaba dinero, y que le convenía granjearse la amistad de los
norteamericanos a fin de evitar que algún día llegaran a ser
aliados de Inglaterra.
Los comisionados norteamericanos no estaban facultados para tanto; no se
había previsto el caso de que se les propusiera la venta de toda la
Louisiana. Su misión se reducía a asegurar de modo efectivo la
navegación del río, adquiriendo parte del territorio inmediato a sus
márgenes; y aunque nunca pensaron en que fuera la venta de toda la
Louisiana la solución del problema, no titubearon en aceptarla; sin que
se pusieran a discurrir en si podían gastar quince millones en lo que se
les autorizó para emplear sólo dos millones.
Todo se hizo rápidamente. El 12 de abril de 1803 había llegado Monroe a
París, y el día 30 de ese mismo mes, él y Livingston por parte del
Gobierno de los Estados Unidos, y el Marqués de Marbois por parte del de
Francia, estipulaban la venta.
Obsérvese una coincidencia: estos comisionados, como los de la paz en
1803, infringían las instrucciones recibidas del Gobierno; infracción
que había de producir el resultado, en esta oportunidad como en aquélla,
de doblar el área de la Nación.
Fué de esta manera como los Estados Unidos adquirieron el vasto
territorio que hoy está distribuído entre los estados de Louisiana,
Arkansas, Missouri, Nebraska, Iowa, Dakota del Norte, Dakota del Sur,
gran parte de Minnesota, Wyoming, Colorado, Kansas y Oklahoma, y una
parte también de Mississippi, Alabama y Montana.
Apenas suscrito el Tratado, fué remitido al Presidente Jefferson;
dirigiéndose después Monroe a Londres, donde debía desempeñar el cargo
de Ministro. La impresión que produjo el Tratado, apenas fué conocido en
los círculos oficiales de Washington, sobre todo entre los amigos del
Gobierno, fué de sorpresa y de júbilo; pero, pasados los primeros
momentos, le asaltó al Presidente una preocupación: pensó que la
Constitución no facultaba al Ejecutivo ni al Senado para anexar a la
Unión parte alguna de territorio extranjero. Jefferson era, según la
denominación entonces en boga, un "construccionista"; y, para éstos, al
Gobierno le estaban vedadas aquellas facultades que no le estuvieran
atribuídas expresamente.
Pensó Jefferson, para salir del trance, en la conveniencia de añadirle
una enmienda a la Constitución, por la que se facultase al Presidente y
al Senado para celebrar tratados de anexión; pero su Gabinete lo
disuadió de ese propósito, entre otras razones por la de que el Tratado
debía quedar ratificado dentro de seis meses, y en plazo tan apremiante
no era posible pensar en la reforma constitucional. Se decidió, pues, a
darle su curso al asunto, y en 18 de julio convocó al Congreso a sesión
extraordinaria para el día 17 de octubre. No expresó el objeto de dicha
convocatoria; se limitó a consignar que habría de tratar de asuntos de
gran interés para la nación. Llegado el día de la reunión, dirigió dos
Mensajes, uno al Senado, sometiéndole el Tratado para su ratificación, y
otro a los dos cuerpos sugiriéndoles la necesidad de promulgar
determinadas leyes, una vez obtenida dicha ratificación.
Dos días después de la fecha en que se reunió el Congreso, el Senado
ratificó el Tratado por una votación de 24 contra 7; y pasados otros dos
días, el Presidente se dirigió de nuevo al Congreso recomendándole que
adoptara la legislación procedente sobre el orden de cosas que creaba la
adquisición de la Louisiana. Fueron varias las proposiciones presentadas
por los legisladores amigos del gobierno: una declarando bien hecha la
compra, otra disponiendo medidas para el gobierno del nuevo territorio,
otra autorizando una emisión de bonos para amortizar la deuda contraída
con motivo del pago a Francia del importe de la compra, y otras de
índole parecida. A todas esas proposiciones fueron opuestos los
federales, dirigidos por Griswold, Representante por Connecticut, e
inspirados no en otra cosa que en la política partidarista. ¡Curiosos
vaivenes de la política! Los federales, cuyo jefe Hamilton era el
prototipo de los expansionistas, ahora eran opuestos a la adquisición de
la Louisiana, y el mismo Jefferson resultaba el más ardiente defensor de
los planes que antes había censurado en aquél.
Así y todo, a pesar del marcado sabor político de la discusión, ésta se
mantuvo a gran altura; los debates tuvieron una trascendencia
extraordinaria, agitándose por vez primera algunas de las cuestiones que
aun en este siglo dividen el parecer de los estadistas y mueven la
opinión pública.
John Quincy Adams, a la sazón Senador por Massachusetts, dijo que el
Tratado envolvía una verdadera infracción de la Constitución. Se dijo
por otros que no estaban claros los títulos por los cuales Francia había
adquirido la Louisiana; a lo que se contestó que el hecho de que aquella
nación la vendiera, y el de que las propias autoridades españolas de
Nueva Orleans, al recibir las protestas con motivo de los obstáculos
sobre la navegación del río, hubieran contestado que ya no eran ellas,
sino el Gobierno de Francia el llamado a resolverlas, eran prueba de que
Su Majestad Católica había transferido su dominio; y se apuntó también
lo significativo que resultaba el hecho de que los federales, antes tan
dispuestos a tomar a Nueva Orleans por medio de las armas, ahora
pusieran reparos a los papeles del nuevo territorio. Se dijo también que
el Presidente y el Senado se habían excedido; que la Constitución no
facultaba al Gobierno de los Estados Unidos para adquirir nuevos
territorios; a lo que se contestó que si en la declaración de
independencia se había estipulado que la Unión, como Estado soberano, se
colocaba en las condiciones de los otros que también lo eran, era
indudable que podía hacer todo lo que a éstos les estaba permitido,
incluso adquirir nuevos territorios; lo que, por lo demás, podía
entenderse como una derivación de la facultad de hacer Tratados y de la
de declarar la guerra.
Apelaron también los impugnadores de la venta al recuerdo del nacimiento
de la Unión, a que había surgido a virtud de un pacto o de una
convención, para sostener que siendo su origen contractual, no se la
podía hacer extensiva a territorios ajenos a la Confederación; pero se
adujo en contra de este argumento el precedente del territorio que no
estaba comprendido dentro del área de las primitivas colonias, a que nos
referimos antes, y cuya adquisición consagró el Tratado de París (3 de
septiembre de 1783).
No quedó por ser examinado un solo aspecto del problema. Se denunció
como una infracción constitucional la circunstancia de que el Tratado
les otorgara a los barcos franceses y españoles, en Nueva Orleans,
determinadas ventajas de que no disfrutaban en los Estados de la Unión.
Se habló de la mucha distancia que separaba la Louisiana de la capital
de la nación; de que el pueblo era de otra raza; de que gran parte de la
población de los primitivos Estados era posible que abandonara su
antigua residencia en busca de nuevas tierras, lo que habría de redundar
en perjuicio de aquéllos; de que España era opuesta al Tratado, lo que a
la larga traería serias desavenencias con dicha nación; de que la Unión
iba a tener que distraer todo un ejército en la vigilancia y custodia
del nuevo territorio; y se habló también, por último, de este aspecto
que con seguridad tuvo que ejercer más impresión que ninguno otro en los
jeffersonianos, ya que éstos se consideraban como los voceros de la
democracia: ¿con qué derecho se disponía de la suerte de un país, sin el
consentimiento de sus moradores?
Indudablemente que el principio según el cual los poderes de todo
gobierno no debían tener otra base que no fuera la del consentimiento de
los gobernados, y al que con tanta brillantez se había referido el
propio Jefferson al redactar la declaración de independencia, sufría
ahora un paréntesis. El día 30 de noviembre de 1803, en la casa del
Cabildo de Nueva Orleans, el Marqués de Casa Calvo y don Manuel Salcedo,
a nombre del rey de España, transferían la Louisiana, en medio de
ceremonias rodeadas de mucho aparato y esplendor, al Gobierno del Primer
Cónsul, representado en aquel acto por Pedro Clemente Laussat; y con el
mismo ceremonial, el día 20 del mes siguiente, era transferido el
dominio de la Louisiana al Gobierno de los Estados Unidos, representado
por W. C. Claiborne, Gobernador de Mississippi; sin que en ninguno de
esos dos actos tuvieran los habitantes de la vieja provincia española
otro carácter que el de meros espectadores.
Pero el principio en cuestión no tardó en resplandecer de nuevo y en
brillar con toda intensidad. Véase, si no, lo ocurrido con el gobierno
de Louisiana en los nueve años que transcurrieron desde 1803 hasta 1812,
fecha en que parte del territorio fué admitida como un Estado de la
Unión. Nada más digno de admiración que el estudio de las cuatro fases
por que atravesó el gobierno de la nueva región durante dichos nueve
años. Obsérvese dicho proceso, y se verá que cada nueva etapa significó
un paso de avance hacia el principio del gobierno propio.
Con efecto, al verificarse la cesión en 1803, el Congreso dejó en manos
del Presidente cuanto se refería al Gobierno de la Louisiana, y dicho
funcionario nombró un Gobernador con las facultades de que durante la
soberanía española estuvieron investidos el Gobernador General y el
Intendente, y un Comandante Militar, los dos con omnímodas facultades.
Este gobierno duró pocos meses: ante las protestas de los comerciantes y
de las personas más influyentes de Nueva Orleans, el Congreso de la
Unión votó una ley dividiendo la antigua provincia en dos partes, una al
sur, con categoría de "Territorio", que se denominó de Orleans, y otra
al Norte, que se llamó Louisiana y que no había de ser más que un
"Distrito". El territorio de Louisiana se regiría por un Gobernador y
trece consejeros designados por el Presidente; y como este sistema de
gobierno tampoco agradara a los habitantes del territorio de Orleans, ni
a los del Distrito de Louisiana, ante las nuevas protestas, en enero de
1805 el Congreso resolvió elevar el citado distrito de Louisiana a la
categoría de "Territorio" y otorgarle a Orleans una Cámara de origen
popular, con promesa de ser admitido como Estado cuando contara sesenta
mil habitantes libres; y como esto ocurrió en 1812, en este año dicho
territorio fué reconocido como Estado, con el nombre de Louisiana.
Un detalle de la discusión, en el Congreso, sobre la admisión del nuevo
Estado, evidenció que los principios democráticos continuaban animando
el espíritu de los hombres que ostentaban los poderes públicos. Una
parte del Congreso, inspirada en principios conservadores, veía con
desconfianza y recelos la formación de nuevos estados; temía que éstos
hicieran prevalecer dentro de la confederación ideas y principios que no
fueran los que habían caracterizado a la Unión de los trece Estados
primitivos. El Representante Josiah Quincy estaba entre los disgustados
con la admisión de Louisiana; y como en el calor de su oposición llegara
a hablar de que la formación de un nuevo Estado facultaba a los antiguos
para separarse de la Unión, fué llamado al orden por el Presidente de la
Cámara, quien dijo que no podía consentir que públicamente se hablara
del derecho de secesión. De este requerimiento apeló Quincy ante la
Cámara, y ésta, por una mayoría de 56 votos contra 53, declaró que era
lícito referirse al derecho de secesión e invocarlo.
De esa manera quedó reconocido, por la Cámara de Representantes, que por
lo menos era lícito discutir el derecho de secesión.
(C)
(1819) FLORIDA.
Si la adquisición de la Louisiana significó, por una parte, la doble
extensión territorial de los Estados Unidos, por otro lado trajo, como
consecuencia, nuevos motivos de inquietud para la nación. Tenía ésta un
frente al Atlántico y otro al Golfo de Méjico, y era motivo de
preocupación que la continuidad de las costas se viera interrumpida en
la Florida, pues aunque por el momento no existía ningún peligro
inminente, ¿quién podía asegurar que no se presentaría en lo futuro?
¿Quién podía afirmar que España, sometida entonces a tantas calamidades,
no se pudiera ver en el trance de tener que ceder esa posición, de grado
o por fuerza, a otra potencia europea?
Había, además de esa causa de inquietud respecto a la seguridad exterior
de la Unión, otro motivo de malestar, atinente a la tranquilidad
interior. La Florida--en la que no existía una verdadera colonización, y
en la que España no había podido o no había querido establecer un
Gobierno con recursos suficientes para defender todos los
intereses--constituía el refugio de las tribus de indios "semínolas," de
instintos salvajes; y éstos, en sus continuas incursiones en el
territorio de la Unión, asolando cuanto a su paso encontraban, hicieron
nacer la zozobra en los ánimos. Agréguese a esto la resistencia pasiva
de España a determinar cuáles eran los verdaderos linderos de la
Louisiana, particular en que hicieron los Estados Unidos gran hincapié
porque quedase resuelto, apenas suscrito el Tratado de 30 de abril de
1803, y se explicará que en la vecina República se comenzara a acariciar
la idea de la anexión de la Florida.
Ciertas cartas escritas por Jefferson a significados políticos, cuando
aún no habían transcurrido cuatro meses de la fecha en que fué suscrito
aquel Tratado, nos revelan que el propio Presidente no se ocultaba para
decir que ambicionaba dicha adquisición. No hay más, les decía, que
esperar a que España se encuentre en guerra y ofrecerle dinero, con la
amenaza de que si no lo acepta recurriremos a la fuerza para ocupar la
Florida.
Los Estados Unidos pudieron, de una acometida, haber conquistado la
Florida; y sin embargo no lo hicieron. A pesar de aquellos propósitos; a
pesar de que era del dominio público la idea de que la seguridad y la
conveniencia de la nación exigían la posesión de la Florida, no
recurrieron a la violencia. Confiaron sus propósitos a la diplomacia, la
cual, como se ha de ver, produjo sus frutos. Hemos de ver, sin embargo,
que antes de que llegue el momento de que los Estados Unidos compren la
Florida por medio de un Tratado, en más de una ocasión el Gobierno de
Washington perturbó la posesión que ostentaba España; por más que a ello
le obligara el desgobierno reinante en la Florida.
Nada mejor, para conocer el proceso que culminó en la compra de la
Florida, que recurrir a los documentos oficiales.
En 20 de mayo de 1804, el Presidente, haciendo uso de una ley que
recientemente había votado el Congreso, declaró, por medio de una
proclama, que a los efectos del cobro de los derechos de aduana se había
establecido el "Distrito de Mobila", que comprendía el territorio que
corría desde la ribera occidental del río de ese nombre, hasta
Pascagoula. Contra esa medida estableció su protesta el Ministro español
en Washington, por entender que se trataba de un territorio sometido a
la dominación de España; mas aquel Gobierno no tomó en cuenta dicha
protesta.
En el Mensaje anual al Congreso, de 3 de diciembre de 1805, refirió el
Presidente de la República que las relaciones con España no eran lo
satisfactorias que se deseaba; que esta nación se negaba a solucionar
sus diferencias con los Estados Unidos, consignando además, entre otras
cosas, que constantemente se realizaban incursiones dentro de la
frontera americana, que causaban positivos daños y a las que no eran
ajenos los oficiales y soldados españoles. Tres días después, en un
Mensaje especial, el Presidente insiste sobre el mismo asunto,
exponiendo que a pesar de los esfuerzos del Ministro residente en
Madrid, a fin de solucionar la cuestión de los linderos de la Louisiana,
así como otras que estaban pendientes con España--gestiones en las
cuales había colaborado Monroe, que a ese objeto se dirigió expresamente
a esta nación--, nada se había obtenido, como no fuera la declaración de
que los Estados Unidos sólo tenían derecho, en el territorio situado en
la parte oriental del Mississippi, a una estrecha faja de territorio
inmediato a este río.
Por el mes de febrero del año 1806, el Congreso acordó en secreto votar
un crédito de dos millones de pesos para la compra de la Florida; y a
fin de estudiar el asunto en Madrid, el Presidente nombró dos
Comisionados que no pudieron adelantar nada.
En el mensaje anual de 2 de diciembre de 1806, aludió el Presidente a
que una fuerza española había penetrado en el territorio de la Louisiana
y a que era necesario fortificar a Nueva Orleans y la desembocadura del
río a fin de evitar esos hechos; y en el de 27 de octubre de 1807 hizo
mención de un Decreto que acababa de dictar el rey Carlos IV, remedando
el que había dictado Napoleón en 21 de noviembre de 1806, y por el que
les resultaba imposible mantener su comercio a los que fueran neutrales
en los conflictos de Europa.
Pronto toman los acontecimientos un nuevo sesgo. En la parte de la
Florida Occidental, situada desde el río Amita hasta la Louisiana, se
había establecido un gran número de ciudadanos norteamericanos; y
reunidos éstos en 1810, cerca de Baton Rouge, resuelven no reconocer la
soberanía de España; y aunque en los primeros momentos acordaron
establecer un gobierno independiente, después recurrieron a los Estados
Unidos pidiendo la anexión.
Desde el mes de marzo del año anterior ocupaba James Madison la
presidencia de la República; y éste, en vista de esos sucesos, lanza una
proclama en 27 de octubre de 1810 ordenándole al Gobernador del
territorio de Nueva Orleans que ocupara, a nombre de los Estados Unidos,
todo el territorio situado entre el río Mississippi y el Perdido. Esta
orden estaba razonada. Se decía en ella que era bien sabido que ese
territorio siempre había formado parte de la colonia de la Louisiana, y
aunque España lo había retenido, los Estados Unidos no habían cesado de
reclamarlo; que si hasta entonces no se habían decidido a ocuparlo, era
porque siempre se pensó que España, convencida de la justicia de la
reclamación, no dejaría que las cosas llegaran hasta el punto de que el
Gobierno de Washington tuviera que proceder por su propia cuenta, y que
el nuevo orden de cosas creado en dicho territorio podía ser, por la
proximidad de éste a los Estados Unidos, altamente perjudicial a su
comercio y a sus intereses, supuesto que a los que quisieran violar las
leyes que prohibían la introducción de esclavos y las que establecían
impuestos de aduanas, había de resultarles fácil desenvolver sus
actividades desde aquellos lugares. En cumplimiento de dicha proclama, a
fines del año 1810 el Gobernador del territorio de Nueva Orleans,
William C. C. Claiborne, toma posesión no de todo el territorio
enclavado entre los ríos Mississippi y Perdido, sino de una parte del
mismo, o séase de la situada entre el primero de dichos ríos y el
llamado Perla; y al año siguiente, por orden del Presidente Madison, fué
fortificada esa región y agregada al territorio del Mississippi. Contra
esa ocupación protestaron los Gobiernos de España, Inglaterra y Francia,
por medio de sus diplomáticos acreditados en Washington.
Dada la comprometida situación de España frente a las guerras entre
Francia e Inglaterra, el Gobierno de los Estados Unidos temía, con
sobradas razones, que alguna de estas dos naciones ocupara la Florida. A
veces se le atribuían esos propósitos a una y a veces a otra, y a ese
estado de cosas, inquietante para la República americana, supuesto que
tenía que ser motivo de preocupación que tal cosa ocurriera, obedeció la
siguiente Resolución Conjunta, aprobada por el Congreso en 15 de enero
de 1811:
Teniendo en cuenta la situación especial por que atraviesan España
y sus provincias de América; y considerando que es del mayor
interés para los Estados Unidos, desde el punto de vista de su
seguridad, de su tranquilidad y de su comercio, el futuro destino
del territorio con que lindan por el Sur.
Se resuelve: que los Estados Unidos, dada la peculiaridad de las
actuales circunstancias, no pueden asistir, sino en medio de la
mayor inquietud, al hecho de que parte del antes referido
territorio pase a manos de otro poder; que se verán compelidos, si
lo requieren las circunstancias, a ocupar temporalmente dicho
territorio, por exigirlo así su seguridad, sin perjuicio de iniciar
después las oportunas negociaciones para tratar de su destino
ulterior.
Al mismo tiempo que se votaba esa Resolución Conjunta, se autorizaba al
Presidente de la República para ocupar todo o parte del territorio de la
Florida, siempre que existiera el temor de que lo pudiera ocupar una
nación extranjera, y para emplear con ese objeto la Marina y el Ejército
de los Estados Unidos.
Unos días después se presenta en el Congreso un _bill_ declarando que
los límites del territorio de Orleans llegaban hasta el río Perdido. Se
quería, sin duda, darle la sanción del Congreso a la acción del Poder
Ejecutivo; pero dicho _bill_ tropezó en la Cámara con una fuerte
oposición. Se dijo, por los adversarios del Gobierno, que esa medida
envolvía una violencia, y al fin se acordó que aquel lindero fuera
fijado en Iberville. Adoptado el _bill_ en esa forma, fué sancionado
por el Presidente en 20 de febrero de 1811.
No pasó mucho tiempo sin que el Gobierno de los Estados Unidos se viera
en la necesidad, por causas diversas, de mandar que sus fuerzas
penetrasen en la Florida. Los indios semínolas vivían y tenían su
refugio en la Florida, pero continuamente penetraban en el Estado de
Georgia y asesinaban, saqueaban las propiedades y cometían todo género
de depredaciones. El Gobierno de España no disponía de medios para
someterlos, ni para evitar tampoco que aquella región fuera un refugio
de los piratas y de todos los malhechores que se escapaban de los
Estados Unidos. En noviembre de 1812, la legislatura de Georgia resolvió
que era esencial para la seguridad del Estado ponerle un término a
semejante situación, y a principios del año siguiente el general Andrew
Jackson, al frente de un ejército, penetra en territorio español y les
da una batida a las tribus de los semínolas.
Poco tiempo después, a mediados del año 1814, el general Jackson penetró
nuevamente en territorio español. Con motivo de la guerra entre los
Estados Unidos e Inglaterra, iniciada en 1812, dicho general, nombrado
Jefe del Departamento del Sur, estableció su cuartel en Mobila; y como
llegara a sus noticias que en Pensacola había desembarcado un
contingente inglés, que había tomado dicha población como base de sus
operaciones, y que se estaba armando a las tribus de indios enemigas de
los Estados Unidos para combatir contra éstos, allí se dirigió Jackson,
sin esperar órdenes de su Gobierno. Con poco esfuerzo desalojó a los
ingleses, devolviéndoles la población, pocos días después, a los
españoles y regresando a Mobila.
Con motivo de la ocupación de la Florida Occidental, España había roto
sus relaciones con los Estados Unidos desde 1808. En 1815 las reanudó.
Nombrado Ministro en Washington don Luis de Onís, éste le dirigió al
Secretario de Estado, a nombre de su Gobierno, una petición que abarcaba
tres extremos: ante todo, previamente, debía ser devuelta a España la
Florida Occidental, sin lo cual no se continuarían las negociaciones; se
debía impedir que en Nueva Orleans se armaran expediciones que fueran a
auxiliar a los insurrectos mejicanos y en las que se afirmaba que
tomaban parte oficiales y soldados del ejército de los Estados Unidos, y
se debía impedir que en los puertos de la Unión penetraran barcos con
banderas de las revueltas colonias de la América del Sur.
James Monroe, Secretario de Estado, contestó esas peticiones por medio
de una comunicación de 15 de enero de 1816, la que después de hacer
relación a todas las cuestiones suscitadas entre las dos naciones desde
1802 y a que los Estados Unidos se habían esforzado por arreglarlas,
mientras que el Gobierno de Madrid no había querido abordar ninguna
solución, se expresaba en estos términos: rechazaba, desde luego, la
demanda sobre devolución de la Florida Occidental, como trámite previo
para entrar en las negociaciones; negaba la afirmación relativa a que
oficiales y soldados del ejército de los Estados Unidos estuviesen
ayudando a los revolucionarios mejicanos; y con respecto a la solicitud
de que no fueran admitidos en los puertos de la Unión barcos de las
colonias insurreccionadas de la América española, replicaba que según la
política de los Estados Unidos, la bandera de una nación, fuese cual
fuera, no era obstáculo para impedir la entrada de ninguna embarcación.
No es posible referir punto por punto estas negociaciones. Tendríamos
que extendernos más de lo que queremos. Basta consignar que antes de que
llegaran a su término, hubo que vencer grandes obstáculos; unas veces se
llevaban en Madrid y otras en Washington, y en más de una ocasión
estuvieron a punto de romperse. Al fin culminaron en el Tratado de 22 de
febrero de 1819. Por dicho tratado, el rey de España cedía a los Estados
Unidos todo el territorio situado al Este del río Mississippi, conocido
por la Florida Occidental y Oriental y recibía una indemnización de
$5,000.000. También se fijaban en dicho tratado los linderos, por el
Oeste, de la Louisiana; renunciaban las dos naciones a las reclamaciones
pendientes por daños a sus ciudadanos; se le concedía a los barcos
españoles, durante doce años, el derecho de entrar en "Pensacola" y en
"San Agustín" en las mismas condiciones que los americanos,
estipulándose, por último, que el nuevo territorio sería admitido como
Estado tan pronto como esto no resultara incompatible con la
Constitución federal.
A pesar de que el tratado prevenía que habría de ser ratificado dentro
de seis meses, pasaron cerca de dos años antes de que fuese aprobado por
las Cortes españolas. En San Agustín y en Pensacola, en 10 y 17 de julio
de 1821, respectivamente, tuvieron efecto las ceremonias del cambio de
soberanía. Fué de esa manera como los Estados Unidos agregaron a sus
adquisiciones territoriales una nueva área compuesta de 59,268 millas
cuadradas.
(D)
(1845) TEJAS.
El tratado de la Florida dió a la Louisiana por límite oriental el río
Sabina, con lo cual le reconoció a España su dominio sobre el territorio
de Tejas, que en lo político formaba parte de Méjico y que
posteriormente, al obtener el país azteca su independencia, fué erigido
en un Estado de la confederación. Cronológicamente, tiene el turno ahora
dicho territorio en el estudio del movimiento expansionista de los
Estados Unidos.
Los orígenes de la expansión norteamericana hacia Tejas se encuentran en
este caso, como en otros, en la iniciativa particular. Comenzó por la
ambición de gran parte de la población, principalmente la del Sur, de
obtener nuevos terrenos para su actividad productora. Cuando cesó en
Méjico la soberanía española, estaban establecidos en Tejas unos tres
mil norteamericanos y apenas ocurrido ese cambio político, los
"empresarios" de terrenos pusieron sus miras en dicho territorio. El
Gobierno mejicano, deseoso de que se poblase, no fué remiso en otorgar
concesiones de tierras. A la primera, hecha a Moisés Austin, de
Connecticut, para establecer una colonia de trescientas familias, y que
fué el fundador de la ciudad que lleva su nombre, siguieron otras muchas
otorgadas a ciudadanos de diversos estados de la Unión, especialmente
los del Sur. Bien pronto casi todo el territorio del Estado tejano fué
repartido entre norteamericanos; todo el que estaba ávido de correr
fortuna decidía ir allí. "Vaya a Tejas", llegó a ser la frase en boga,
según nos refiere Edwin E. Sparks, en su obra _La expansión social y
territorial del pueblo norteamericano_. A consecuencia de esa corriente
migratoria, en 1830 llegó a haber en dicho Estado más de 20,000
ciudadanos de la Unión.
La comunidad norteamericana, residente en Tejas, apenas formada, comenzó
a acariciar la idea de declararse independiente. Desde 1819, es decir,
desde antes de cesar la dominación española, un grupo numeroso,
dirigido por James Long, proclamó la libertad e independencia del país;
y, efectuado aquel cambio de soberanía, reunióse una convención en 1826,
que abogó por esa misma aspiración. Esas declaraciones, sin embargo, no
tuvieron la sanción de todos, ni verdadera trascendencia en los destinos
de Tejas.
El Gobierno de Washington, desde aquella época, pensó en la conveniencia
de la anexión de Tejas. En 1819, el Secretario de Estado, John Quincy
Adams, propuso en el Gabinete demandarle al gobierno de Madrid, con toda
formalidad, el dominio del territorio tejano, por pertenecerle a la
Louisiana todo el que corría hasta el río Bravo; pero, por razones de
diversa índole, el Presidente Monroe y los otros Secretarios no hubieron
de apoyar semejante determinación. Apenas ocupó Adams la presidencia,
dióle instrucciones a Poinsett, Ministro en Méjico, para comprar a
Tejas; pero dicho Ministro, después de explorar la situación, juzgó
oportuno no dar ese paso; y no bien cesó Adams y ocupó el cargo Jackson,
su Secretario de Estado, Van Buren, le dió instrucciones al propio
Ministro para que propusiera la compra del territorio tejano, situado
entre los ríos Sabina y Nueces, en $5,000.000.00. La oferta esta vez fué
hecha, declinándola el Gobierno mejicano.
Alarmado el Gobierno de Méjico ante los propósitos de adquirir a Tejas,
revelados por el de Washington, y pensando sin duda en que dichos
propósitos tenían su antecedente en el hecho de que aquel Estado tuviera
en lo social y en lo económico más conexiones con los Estados Unidos que
con la República azteca, en 1830 prohibió la entrada de nuevos colonos
americanos, canceló las concesiones de terrenos otorgadas a ciudadanos
de los Estados Unidos y estableció una tarifa de aduana para los
productos procedentes de la Unión, que hasta entonces no devengaban
derechos de importación. Estas medidas, y la de abolir la esclavitud,
adoptada el año anterior, causaron gran disgusto entre los
norteamericanos residentes en el país, quienes al tomar la resolución de
no dar la libertad a sus esclavos, se colocaron, de hecho, en una
situación revolucionaria.
La abolición de la esclavitud en Méjico impresionó grandemente al
elemento residente en los estados del Sur de la República
norteamericana, empeñados en mantener aquella odiosa institución. Se
daban cuenta los esclavistas de que no les convenía quedar colocados,
como ahora lo estaban, entre territorios antiesclavistas; y de esa
preocupación nació después en dichos elementos la idea de separar a
Tejas de la confederación mejicana.
Más les interesaba a los esclavistas que Tejas fuera anexado a los
Estados Unidos, que no que se convirtiera en una República
independiente. Anexándola a los Estados Unidos, era fácil convertirla en
uno o en varios Estados, y era para los del Sur de vital interés la
entrada de nuevos estados esclavistas, a fin de contar con mayoría en el
Congreso. Una ligera reseña sobre el estado de ese asunto en aquella
época, nos lo habrá de explicar.
En los estados del Norte no hubo dificultad para hacer desaparecer la
esclavitud, pero en los del Sur, dedicados a cultivos extensivos,
principalmente el del algodón, resultaba muy apreciado el trabajo de los
negros esclavos. De hecho se había establecido una especie de equilibrio
político, entre unos y otros estados, a fin de que ninguno de los dos
grupos llegara a ejercer un completo predominio.
Cuando se trató de formar el Estado de Maine, se opusieron los del Sur,
dado que los votos de ese nuevo estado, en el Congreso, daban mayoría a
los contrarios de la esclavitud. Debido a eso los esclavistas se
opusieron a la admisión del nuevo estado, a menos que Missouri, que
había de ser esclavista, no fuese también admitido como otro estado. La
cuestión conmovió a todo el país, y al fin, a manera de transacción, se
adoptó el famoso "compromiso de Missouri", que consistió en aceptar el
paralelo 36° 30' como línea divisoria entre los estados esclavistas y
los antiesclavistas. Este "compromiso" se adoptó en 1820; pero si se
recuerda que en 1803 había sido comprada la Louisiana, y si por otra
parte se observa la configuración que tenía ésta, se verá que era mucho
mayor la parte de la misma situada al norte de dicho paralelo, que la
colocada al sur de él. Al norte de esa línea había una extensión de
964,667 millas cuadradas, mientras que la del sur era tan sólo de
224,667.
Había, pues, más campo para formar estados antiesclavistas que
esclavistas; de aquí que la anexión de Tejas fuera de gran interés para
estos últimos.
No por esto se ha de entender, ha dicho Roosevelt, que el único factor
que influyó para la separación de Tejas de la confederación mejicana,
fué la gestión de los esclavistas. Tanto como este factor influyó en ese
suceso el afán desmedido por adquirir nuevas tierras, que ha
caracterizado siempre a los habitantes del Oeste, quienes juzgaron como
un estorbo a sus propósitos y planes, primero, la ocupación del valle
del Mississippi por los franceses, y después la de los territorios que
baña el río Grande por los descendientes de los españoles. Pero hay aún,
agrega después, un argumento mucho más trascendente y en presencia del
cual cede el interés de todos los demás: la lucha entre las dos razas y
la imposibilidad de que los mejicanos, que eran incapaces de gobernarse
por sí mismos, pudieran gobernar a otro pueblo.
Desde 1833 Méjico era presa de una revolución. La nación toda, incluso
Tejas, estaba sumida en el mayor desorden. En 1835 el general Santa
Anna, Presidente de la República, pudo abatir la revolución en todo el
país, menos en Tejas. Los revolucionarios, en aquel entonces, no
aspiraban a la independencia. Abogaban solamente porque el Estado
tuviera los fueros reconocidos por la Constitución federal de 1824 y
suprimidos por el gobierno militarista y centralizador de Santa Anna.
Así lo proclamó la convención que en 17 de octubre de 1835 se reunió en
San Felipe de Austin. Si en aquellos momentos el Gobierno de Méjico
hubiera sabido o podido desenvolver una política prudente y justa en los
asuntos de Tejas, probablemente las cosas no habrían llegado donde
llegaron.
En el mes de marzo del año 1836 se reúne una nueva Convención en
New-Washington. De los cincuenta y ocho miembros que la formaron, sólo
había tres mejicanos; los demás eran anglo-americanos. Esta vez se
declaró la independencia y se adoptó una Constitución, por la que se
previno la organización del gobierno. Se formaron tres poderes: el
Ejecutivo, que sería ejercido por un Presidente, el Legislativo, que
habría de residir en dos Cámaras, y el Judicial. Se abolieron los
privilegios y los títulos de nobleza y se adoptó la "common law" inglesa
como base del derecho privado. Por esta Constitución, además, se
autorizaba la esclavitud y se prohibía la entrada de los negros libres.
El general Santa Anna, poniéndose al frente de un ejército, fué a
combatir a los revolucionarios, quienes recibían recursos, en armas y
hombres, de diversas poblaciones de los Estados Unidos. Al principio la
suerte fué favorable a los mejicanos, pero después les volvió la
espalda; y atrocidades como el fusilamiento de todos los prisioneros
hechos en "El Álamo", sólo sirvieron para aumentar el ardor bélico de
los tejanos.
En 27 de abril del propio año libróse en San Jacinto la batalla decisiva
de la guerra. El ejército mejicano fué completamente derrotado,
figurando entre los prisioneros, hechos por los tejanos, el propio
general Santa Anna. En esa fecha se puede decir que quedó decidida la
suerte de Tejas, perdida ya por siempre para Méjico. El día 14 de mayo
se suscribió el tratado de Velasco en el que no sólo se puso fin a la
contienda, sino que se reconoció por el Presidente Santa Anna la
independencia de Tejas. Esta última estipulación, por sugestión de Santa
Anna, se debía mantener en secreto. Quizás porque no quería que la
nación tuviera conocimiento de ella, hasta tanto él estuviera de regreso
en la capital y pudiera tomar medidas que evitaran que al conocerse
semejante noticia produjera tan mal efecto que lo derribaran del poder;
quizás porque pensaba burlarse del tratado después que recobrara su
libertad. El Congreso de Méjico se enteró del tratado; rechazó lo hecho
por Santa Anna y mandó continuar la guerra.
Apenas suscrito el tratado de Velasco, Burnett, Presidente de Tejas, se
dirigió públicamente al pueblo de los Estados Unidos pidiéndole el
reconocimiento de la nueva República. Esta apelación fué acogida por los
estados esclavistas, los que a su vez se dirigieron al Congreso
excitándolo a que hiciera dicho reconocimiento. Aparentemente no se
trataba más que de un acto de la soberanía nacional: el reconocimiento
de un nuevo estado; pero en el fondo, y era esto lo más importante,
tratábase de una nueva batalla que pretendían librar los esclavistas. El
"compromiso de Missouri", dice el escritor Edmund J. Carpenter, fué el
primer episodio de la gran controversia esclavista; el reconocimiento de
Tejas iba a ser el segundo.
En el Senado se inició un extenso debate sobre el asunto, en el que se
distinguieron, entre otros, Daniel Webster, Walker y Porter. El tono de
los discursos revela que por parte de casi todos había la mejor voluntad
hacia la nueva República, pero que se temía, por no haberla reconocido
Méjico, que al darse ese paso se rompieran las relaciones con esta
nación. El Comité de asuntos exteriores del Senado, al que fueron
enviadas para su dictamen todas las peticiones relacionadas con el
reconocimiento de Tejas, propuso a dicho alto Cuerpo, en 20 de junio de
1836, una resolución que fué aprobada y que era algo así como un compás
de espera, según se ve en su parte dispositiva, que rezaba así:
Se resuelve declarar que los Estados Unidos reconocerán la
independencia de Tejas tan pronto como se obtengan informes de que
en dicho país se ha establecido un gobierno de carácter civil,
capaz de cumplir con los deberes y obligaciones inherentes a las
naciones independientes.
En 21 de diciembre de 1836, el Presidente, en un mensaje especial, dió
cuenta al Congreso de la información que le había suministrado Henry M.
Morfit acerca de la situación de Tejas; aconsejando, al mismo tiempo,
que no se hiciera el reconocimiento de la independencia. Después de
hacer alusión a que los Estados Unidos habían adoptado por sistema no
reconocer la independencia de ninguna colonia, hasta que su separación
no fuese un hecho sin disputa, se extendía en estas consideraciones:
Median circunstancias, en las relaciones entre los dos países, que
exigen que en este caso seamos más cautos que en ningún otro. Tejas
ha sido reclamado como parte de nuestro territorio, y aun en
nuestros tiempos muchos de nuestros conciudadanos siguen pensando
en que debe integrarlo. Gran número de sus habitantes son
emigrantes de nuestro país, hablan nuestra lengua, profesan
nuestros principios políticos y religiosos y están unidos a muchos
conciudadanos nuestros por lazos de parentesco y amistad; y, sobre
todo, es sabido que el pueblo de ese país ha establecido un
gobierno a semejanza del nuestro, y que después de vuestra última
sesión ha resuelto pedirnos, tan pronto reconozcamos la
independencia, su admisión como un Estado de la Unión. Esta última
circunstancia, por su delicadeza y gravedad, tiene que preocuparnos
grandemente. Tejas nos pide que reconozcamos la independencia, y
sabemos que ese reconocimiento es el antecedente de la anexión.
Debemos, pues, proceder con gran cautela, a fin de que no se piense
que si reconocemos los derechos de nuestros vecinos es con miras
interesadas.
La prudencia parece dictar, por consiguiente, que seamos cautos y
que sostengamos nuestra actual actitud, hasta que Méjico mismo, o
alguna de las grandes potencias, reconozca el nuevo gobierno, o al
menos hasta que el transcurso del tiempo o el curso de los
acontecimientos hayan demostrado evidentemente la habilidad del
pueblo de ese país para mantener su soberanía independiente y
conservar el gobierno por él establecido.
Si observamos esta conducta, ninguno de los contendientes tendrá
derecho a quejarse. Si la seguimos, continuaremos observando
nuestra tradicional política, esa que nos ha dado respeto e
influencia en el exterior y completa confianza en casa.
Poco tiempo después, o sea en 18 de enero de 1837, el Presidente Jackson
remitió al Senado copia de una carta que desde su prisión en Columbia,
Tejas, le había dirigido en 4 de julio de 1836 el general Santa Anna, y
de su contestación de 4 de septiembre.
El general Santa Anna decía en dicha carta que a pesar de su convenio
con los tejanos, según el cual él debía regresar a Méjico, desde donde
podía hacer que se respetaran las estipulaciones que había celebrado, se
le mantenía en prisión; y que mientras tanto el Gobierno de Méjico,
ignorante de lo que pasaba, había resuelto continuar la guerra; y le
pedía a Jackson que promediara, que les hiciera ver a los tejanos el
deber en que estaban de dejarlo regresar a Méjico, en la seguridad de
que si esto se hacía habían de terminar los horrores de la guerra.
Consistían las estipulaciones aludidas, y que no se expresaba cuáles
eran, en el reconocimiento, que había hecho Santa Anna en el tratado de
Velasco, de la independencia de Tejas, que se debía mantener en secreto
hasta tanto que él estuviera de regreso en Méjico.
El Presidente Jackson hubo de contestar al general Santa Anna que en
cualquier circunstancia le sería muy grato evitar una guerra, pero que
su gobierno había sido notificado por el de Méjico de que mientras él se
encontrara prisionero, de sus actos no se podía derivar compromiso
alguno para los mejicanos.
Por esta misma época el Presidente Jackson envió a la frontera tejana al
general Gaines, a fin de evitar las incursiones de los indios. Esto no
era más que un pretexto, dice el escritor Edmund J. Carpenter, antes
citado en su obra _El Avance Americano_; en realidad esa medida se
adoptó de acuerdo con el general Houston, que había sucedido a Burnett
en la Presidencia de la República Tejana. El Ministro de Méjico en
Washington, Eduardo Gorostiza, protestó de tal medida, pidiendo se
retiraran de las fronteras las fuerzas del general Gaines; y como fuera
rechazada esta petición, tanto por este hecho como por el de que
públicamente se alistaran hombres en Nueva Orleans para engrosar las
filas tejanas, dicho Ministro hubo de retirarse.
En los mismos días en que ocurría en Washington este incidente
diplomático, se desarrollaba en Méjico otro de la misma naturaleza entre
el Gobierno de dicha República y Powhatan Ellis, Encargado de Negocios
de los Estados Unidos, y el cual, al producir el mismo resultado que
aquél--la retirada del representante diplomático--, hizo que se
completara de esa manera la ruptura de las relaciones entre los dos
países. Tratábase de ciertas reclamaciones relativas a perjuicios
causados a varios ciudadanos de los Estados Unidos, en sus personas e
intereses, de que se hacía responsable al Gobierno de Méjico, y acerca
de los cuales éste, por lo visto, no quería tratar.
El Presidente Jackson se refirió a este asunto en un Mensaje que dirigió
al Congreso en 6 de febrero de 1837. Pidió por dicho documento que se
votara una ley autorizando las represalias y facultándolo para usar de
la marina de guerra, a fin de hacer valer las reclamaciones, por la
fuerza, en el caso de que el Gobierno de Méjico no conviniera en
someterlas a un arbitraje.
Cuando estas noticias sobre la ruptura de las reclamaciones diplomáticas
con Méjico llegaron a conocimiento del Congreso, produjeron el efecto de
excitar a los esclavistas, partidarios como eran del reconocimiento de
la independencia de Tejas. En el mismo mes a que nos acabamos de referir
presentóse una moción en la Cámara de Representantes concediendo un
crédito con que atender a los gastos de un representante diplomático en
Tejas. Dicha moción fué defendida vigorosamente por Bynum, de Carolina
del Norte, y por otros Representantes, y atacada por John Quincy Adams y
Samuel Hoar, de Massachusetts, quienes expresaron, entre otras cosas,
que la finalidad que se perseguía no era la de reconocer la
independencia, sino la de llegar después a la anexión; que no se podía
sostener que Méjico no se pudiera reponer de sus quebrantos y
restablecer su autoridad en Tejas, y que la facultad de reconocer los
nuevos estados era de la incumbencia del Poder Ejecutivo. Esta fué la
fórmula que en definitiva se adoptó: en 28 de febrero se aprobó una
moción facultando al Presidente para hacer el reconocimiento, y el 3 de
marzo el general Jackson envió al Senado el nombramiento de Alcee la
Branche como Encargado de Negocios en la República de Tejas. Al día
siguiente Jackson debía cesar en su elevado cargo; quiso, sin duda, que
dicho reconocimiento fuera obra de su gobierno.
Pasó algún tiempo, y como el Gobierno de Méjico no pudo restablecer su
autoridad en Tejas, a los tres años de aquella fecha los Gobiernos de
Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda ya habían reconocido la nueva
República.
No quedaría completa esta relación si no nos refiriéramos, antes de
seguir adelante, a la verdadera posición del Presidente Jackson ante el
conflicto tejano. Si examinamos su actuación según lo que rezan los
documentos oficiales, se ve que se redujo a observar la más estricta
neutralidad; pero si tenemos en cuenta otros antecedentes, que
trascendieron al dominio público, se echa de ver que su conducta no
guardaba relación con sus palabras: que mientras en mensajes y
manifiestos proclamaba la neutralidad, indirectamente era un colaborador
decidido de los revolucionarios tejanos.
Ningún testimonio más elocuente que el del propio Jackson. Varios años
después de haber abandonado la Presidencia, en una carta dirigida a
William B. Lewis le decía: "Después de la batalla de "San Jacinto", puse
todo mi empeño en que se reconociera la independencia de Tejas, como
medio de admitirla después en la Unión, pero las maquinaciones de Adams
me impidieron realizar ese propósito."
Los escritores norteamericanos que se ocupan en estos asuntos, convienen
en que el envío del general Gaines a la frontera no tuvo justificación,
que las demandas formuladas al Gobierno de Méjico, por medio del
Encargado de Negocios Powhatan Ellis, no fueron más que un ardid para
provocar una guerra; y en que de haberlo podido impedir las autoridades,
no se hubiera dado el caso de que en los puertos del Sur se equiparan
las expediciones destinadas a auxiliar a la revolución.
Carpenter, en su obra antes citada, al referirse al Mensaje presidencial
de 21 de diciembre de 1836, cuyos párrafos más esenciales antes
transcribimos, y al aludir a la neutralidad que según dicho Mensaje
debían guardar los Estados Unidos a fin de no provocar el enojo de
Méjico, hace este comentario:
Aparentemente, según dicho Mensaje, el Gobierno tenía el propósito
de proceder con verdadera cautela en el asunto de la independencia
de Tejas. No se le quería causar ofensa alguna al Gobierno de
Méjico, pero en el Norte se pensaba por todo el mundo,
especialmente por los antiesclavistas, que las palabras del
Presidente no eran sinceras. En primer lugar, una gran parte de la
población de Tejas estaba formada por emigrantes del Sur de los
Estados Unidos, y con este elemento se había formado casi todo el
ejército tejano. En Nueva Orleans se reclutaban hombres
públicamente para dicho Ejército, sin que las autoridades
realizaran el menor esfuerzo para impedirlo; y, sobre todo, se
sabía hasta la saciedad que la verdadera causa de la revolución
tejana reconocía su origen en el hecho de que el Gobierno mejicano
había decretado la abolición de la esclavitud.
Hechas estas breves indicaciones acerca de la verdadera actuación de
Jackson en los asuntos tejanos, sigamos nuestra relación en el punto en
que la dejamos: en el momento en que dicho Presidente reconocía la
independencia de Tejas, la víspera de cesar en su cargo, en el que había
de sustituirlo quien era de esperar que, por haber sido un colaborador
de su Gobierno, habría de seguir su misma conducta política: Martin Van
Buren.
Apenas reconocida la independencia de Tejas, su legislatura facultó al
Presidente de la República para gestionar su admisión en la Unión; y
habiendo recibido instrucciones en tal sentido Menucan Hunt, Ministro
Plenipotenciario en Washington, este funcionario depositó una nota en la
Secretaría de Estado, en 4 de agosto de 1837, formulando aquella
pretensión. Transcurrió todo el mes de agosto sin que por la Secretaría
de Estado se hiciera público el asunto, ni se tomara decisión alguna. En
4 de septiembre el Presidente convoca al Congreso a una sesión especial
para tratar de diversos asuntos, y nada dice acerca de éste; pero, ya
reunidas las Cámaras, John Quincy Adams, representante por
Massachusetts, en 13 de ese mes interesó que por el Presidente de la
República se informara acerca de si el Gobierno de Tejas había propuesto
la anexión, y, en caso afirmativo, lo que se hubiere contestado.
Apoyó Adams su petición con un discurso en el que sostuvo que sólo el
pueblo de los Estados Unidos directamente, de una parte, y el de Tejas,
de la otra, podían resolver lo de la anexión, y que ésta constituía un
problema tan grave, que una gran parte de la opinión prefería que se
disolviera la Unión antes de que se consumara ese hecho. Por estos
mismos días se reunieron las legislaturas de ocho Estados, declarándose
también contrarias a la anexión; y en vista, sin duda, de todo esto,
antes de que transcurriera el citado mes, el Secretario de Estado, John
Forsyth, le contestaba al diplomático tejano que ni la proposición en
cuestión, ni ninguna otra por su estilo, sería tomada en consideración
mientras no cesara el estado de guerra existente entre Méjico y Tejas.
Este incidente, al poner sobre el tapete la cuestión de Tejas, produjo
el efecto de despertar las iniciativas de los esclavistas. Si hubo
Estados que se significaron contra la anexión, en cambio otros, como los
de Tennessee, Alabama, Mississippi y Carolina del Sur, abogaron por
dicha solución. John C. Calhoun figuraba como leader de los
anexionistas. Desde mayo del año anterior, es decir, a raíz de la
batalla de San Jacinto, había declarado que los Estados del Sur
necesitaban a Tejas indispensablemente, como único medio de no ser
aniquilados por los del Norte. Ahora se mostraba más radical aun: hay
que escoger, decía, entre la anexión o la secesión.
Los esclavistas echaron sobre Adams la responsabilidad de que el
territorio de Tejas no perteneciera a los Estados Unidos. Dicho
territorio, decían, por haber formado parte siempre de la provincia
española de la Louisiana, fué adquirido en 1803, cuando Jefferson compró
dicha provincia; pero había sido devuelto a España en 1819, en el
tratado de la Florida, efectuado bajo la dirección de Adams, al fijar a
los Estados Unidos como límite por el Oeste el río Sabina. Suponían que
Adams, al proceder de esa manera, se había inspirado en el propósito de
impedir, por ese medio, que se formaran nuevos estados esclavistas; e
invocaban el testimonio de Erving, Ministro que había sido en Madrid
cuando se negociaba el tratado de la Florida, y que había declarado que
si esas negociaciones se hubieran concluído en aquella Capital, o, por
mejor decir, donde se iniciaron, y no hubiesen sido llevadas después a
Washington, donde fueron concluídas, España hubiera convenido en el
dominio de los Estados Unidos sobre Tejas, desde el momento en que él
hubo conseguido que se reconociera el río Grande como lindero.
Es por esto por lo que los anexionistas adoptaron como lema la palabra
"reanexión"; pero lema, dice Roosevelt, que no era más que el barniz de
derecho con que querían cubrir sus pretensiones. Tenemos que
reanexarnos, decían, el territorio que es nuestro y de que nos ha
privado la maldad de un estadista del Norte. Se olvidaban los acusadores
de Adams de que, según dijimos antes, siendo éste Presidente de la
República había iniciado gestiones para obtener de Méjico la cesión de
Tejas, y que anteriormente, como Secretario de Estado, en la época de la
presidencia de Monroe, quiso demandarle a España el reconocimiento del
dominio de los Estados Unidos, oponiéndose sus compañeros de Gabinete, y
el propio Monroe, a que se formulara semejante pretensión.
No se arredró el insigne ex Presidente ante las imputaciones de sus
adversarios. En junio de 1838 presentó en la Cámara de Representantes la
siguiente moción:
Se resuelve que la facultad de anexar a esta Unión un estado
independiente, no está delegada por la Constitución en el Congreso,
ni en ningún otro Departamento del Gobierno, sino que es privativa
del pueblo; y que cualquier tentativa del Congreso para realizar la
anexión de la República de Tejas, ya se intente efectuarla por
medio de una ley o por medio de un Tratado, ha de constituir una
usurpación de poder, un acto ilegal y nulo, que el pueblo libre de
la Unión tendrá el derecho de resistirla y el deber de anularla.
Adams, en defensa de esta moción, pronunció un discurso que por su
resonancia, por el efecto que produjo, se puede decir que hizo época,
hasta el punto de que en tres años, hasta que expiró el mandato de Van
Buren, no se volvió a hablar de la anexión. Sus adversarios han negado
tal cosa, atribuyendo este hecho al propósito, que se hizo Van Buren, de
no darle oídos a nada que se relacionase con la anexión de Tejas,
mientras entre ésta y Méjico existiera un estado de guerra.
En 4 de marzo de 1841, ocupó la Presidencia de la República William
Henry Harrison. Dados sus antecedentes, su amistad personal e
identificación política con Adams, se pensó que no cambiaría de aspecto
la cuestión tejana; pero al mes de ocupar el cargo lo arrebató la
muerte, y fué sustituído por John Tyler, virginiano y de ideas opuestas
a las suyas. Procedía Tyler, políticamente, de elementos que se habían
significado como esclavistas genuinos, y se recordaba que siendo Senador
había sostenido que el Congreso carecía de atribuciones para prohibir la
esclavitud en ningún territorio. Todo esto presagiaba que no había de
transcurrir mucho tiempo antes de que se agitara la opinión y se
planteara de nuevo la anexión de Tejas. La ocasión era propicia para que
los esclavistas, cuyas aspiraciones habían estado dormidas, pero no
muertas, se pusieran de nuevo en actividad. Hemos de ver que así
ocurrió; que los esclavistas supieron aprovechar la oportunidad que con
la muerte de Harrison les deparaba el destino.
Al abrirse el Congreso en diciembre de dicho año, se dió cuenta con las
solicitudes de varios estados del Sur, que nuevamente venían a reclamar
de los poderes federales que se realizara la anexión. Por estos mismos
días se equipaba en Santa Fe, por cuenta del Gobierno de Tejas, una
importante expedición, sin que el de los Estados Unidos tomara medidas
para evitarlo, a pesar de que los soldados habían sido reclutados
públicamente; y en estos mismos días, también, dispuso Tyler que se
activase la ejecución de un tratado celebrado desde hacía años entre los
Estados Unidos y Tejas, fijando el lindero de los dos países. Al darle
cuenta al Congreso, en su mensaje de 7 de diciembre, de haber concluído
dicho Tratado, la comisión nombrada por las dos naciones aludía en
términos tan lisonjeros a la República de Tejas, que al leerlo se
sospechaba que tales afectos nacían de algún propósito.
En marzo del año 1842, el Ministro de Tejas en Washington se entrevista
con Daniel Webster, Secretario de Estado, y le trata de la anexión de su
país. Webster se negó a entrar en negociaciones, entre otras razones
porque estaba convencido de que si se celebraba el Tratado, el Senado
habría de rechazarlo. No parecía Webster muy decidido por la anexión; no
era el hombre que podía ayudar a Tyler en el propósito de realizarlo,
siendo este motivo una de las causas de que abandonara la Secretaría de
Estado, lo que ocurrió en mayo de 1843.
A Webster lo sustituyó Upshur, de Virginia, muy conocido como
esclavista. Apenas ocupó la Secretaría de Estado, se dedicó con ahinco a
estudiar el problema de la anexión de Tejas. Por esta época se presentó
un nuevo aspecto en este asunto, que sirvió para que los esclavistas
redoblaran sus energías. Inglaterra quería mezclarse en los asuntos de
la nueva República, a fin de que ésta suprimiera la esclavitud; y,
aprovechando la circunstancia de que la situación financiera del
Gobierno tejano era deplorable, lo halagaba ofreciéndole facilidades
para salir de la crisis. Había, pues, que darse prisa, supuesto que el
peligro era grave: la supresión de la esclavitud en Tejas podía
quebrantar el mantenimiento de esta institución en los estados del Sur.
Francia había unido sus esfuerzos a los de Inglaterra, y los gobiernos
de éstas dos naciones habían conseguido que entre Méjico y Tejas cesaran
las hostilidades, que se firmara un armisticio. Era fácil, además, que
se firmara la paz definitiva.
Upshur se apresuró: no convenía que Méjico y Tejas hicieran la paz; y,
decidido a no demorar la anexión por más tiempo, en 16 de octubre del
año a que nos venimos refiriendo la propuso con toda formalidad a Van
Zand, representante diplomático de Tejas en Washington, sin que le
preocuparan, en lo más mínimo, las protestas que formuló Juan Almonte,
Ministro plenipotenciario de Méjico. Al llegar a conocimiento del
general Houston, Presidente de Tejas, la proposición de la anexión,
pensó, acertadamente, que si la tomaba en cuenta, que si iniciaba las
negociaciones, el gobierno de Méjico seguramente habría de reanudar las
hostilidades; y ante este temor preguntó al Gobierno de Washington si en
caso de una agresión por parte de aquella República, se podría contar
con el apoyo de los Estados Unidos, mientras el tratado de anexión
estuviera pendiente de aprobación. Upshur no se atrevió a contestar;
pero Murphi, agente diplomático de los Estados Unidos en Tejas, dió por
su cuenta una contestación afirmativa; aseguró que en caso de que Méjico
pretendiera realizar una invasión, se podía contar, para repelerla, con
las fuerzas de los Estados Unidos; y tan en serio se tomó Houston esta
contestación, que al serle sometido el armisticio con Méjico, concluído
en esos días, hubo de rechazarlo.
En esa situación, en 17 de enero de 1844 muere Upshur a bordo de la
fragata _Princeton_, por consecuencia de la explosión de un cañón; y
John Nelson, Procurador General, que interinamente se hace cargo de la
Secretaría de Estado, adopta una actitud inexplicable: le dice a Murphi,
por una parte, que se ha excedido al hacer su ofrecimiento, supuesto que
el Presidente, sin la autorización del Congreso, no puede emplear la
marina y el ejército contra una nación amiga, y por otra, que el Poder
Ejecutivo
no tenía inconveniente en concentrar una escuadra en el golfo de
Méjico y un contingente militar en la frontera, en defensa de los
habitantes de Tejas y de su territorio.
Rápidamente se fueron precipitando las cosas. En 29 de marzo ocupó la
Secretaría de Estado John C. Calhoun, quien había figurado siempre como
uno de los directores de la tendencia esclavista, y que declaró, al
ocupar su cargo, que no llevaba al mismo otro fin que el de realizar la
anexión, y que lo renunciaría una vez obtenida ésta. Al día siguiente
llegó a Washington Henderson, el delegado tejano que debía negociar el
tratado de anexión. Calhoun no tuvo inconveniente en ratificar las
manifestaciones de Murphi y de Nelson acerca del envío de fuerzas que
defendiesen a Tejas en caso de una agresión mientras se ratificaba el
tratado; sin que lo preocupase el hecho de que con semejante medida, que
en cierto modo equivalía a una declaración de guerra, se invadieran las
atribuciones del Congreso. El día 12 de abril se suscribió el Tratado y
diez días después fué enviado al Senado por medio de un mensaje.
La causa de que se perdieran diez días en este trámite, en un asunto a
que se le había impreso tanta celeridad, obedeció a un hecho que los
norteamericanos, celosos de su Historia, no hubieran querido que hubiese
ocurrido. Demoró Calhoun de intento el envío del mensaje; quiso que el
Senado conociera al propio tiempo, y se impresionara con ella, la
respuesta dada por él al despacho de Lord Aberdeen, Primer Ministro
inglés, en que se exponía que uno de los propósitos que llevaba la Gran
Bretaña al mediar con Méjico en el asunto de Tejas, era el de obtener la
abolición de la esclavitud en este país. Decía Calhoun en su
contestación, que fué dada a Lord Aberdeen en 18 de abril, que en vista
de dicha actitud del Gobierno inglés, el de Washington se había
apresurado a suscribir el tratado de anexión, con objeto de que no se
realizaran aquellos propósitos, ya que en ello estaban empeñadas la paz
y la seguridad de los Estados Unidos.
Esa contestación, ha dicho el profesor Von Holst, era algo así como una
proclama elevando la esclavitud a institución nacional, ya que se
exponía la Unión a los riesgos de una guerra sólo por defenderla. Por su
parte el notable escritor Carl Schurz se expresa en estos términos:
Los Estados Unidos, al anexarse a Tejas, corrían los riesgos de una
guerra, y lo hacían nada más que por defender y mantener la
esclavitud. Ese fué el verdadero móvil de la conducta del
Presidente y del Secretario de Estado; en semejante posición
colocaron estos señores ante el mundo a la gran República
Americana.
Nada de esto, sin embargo, nada acerca de que fuera el mantenimiento de
la esclavitud el verdadero móvil de la anexión, se decía en el Mensaje
antes citado, dirigido al Senado, acompañando el tratado de anexión. Se
hablaba de que el territorio tejano había sido cedido a los Estados
Unidos por el tratado del año 1803; de que la población de Tejas, por su
origen, por sus antecedentes y hábitos, era homogénea a la de los
Estados Unidos; de que la anexión habría de reportar beneficios
positivos a los intereses de la Unión, y, últimamente, de que dicha
solución sólo interesaba a Tejas, que era un Estado independiente, y a
los Estados Unidos; pero ni una palabra acerca de la conveniencia de
favorecer los intereses esclavistas.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno y de los esclavistas para que el
Senado aprobara el tratado, después de varias semanas de
deliberaciones, en la sesión del día 8 de junio fué rechazado por 35
votos contra 16; lo que se debió, en parte, al fuerte espíritu
antiesclavista que dominaba, y en parte al temor de provocar una guerra
con Méjico.
No se arredró Tyler ante la decisión del Senado. Interesado en realizar
la anexión, en cualquier forma, ya no quería reparar en los medios, aun
cuando éstos no fueran lícitos. Dos días después de la resolución de
aquel Cuerpo, se dirigió por un Mensaje a la Cámara de Representantes
sugiriéndole a ésta la conveniencia de que el Congreso acudiera a
cualquier otro procedimiento, a fin de realizar la anexión. Ese otro
procedimiento no podía ser más que el de una Resolución Conjunta. En
realidad, a lo que se aspiraba era a burlar la necesidad de la
concurrencia de las dos terceras partes de los miembros que formaban el
Senado. Se trataba de un tratado, y éstos, según la Constitución,
necesitan para su aprobación el asentimiento de las dos terceras partes
de los senadores, y con la _joint resolution_ se evitaba la necesidad de
ese quórum extraordinario; bastaba la mayoría simple u ordinaria. Desde
luego que se infringía la Constitución, que se apelaba a un
procedimiento inadecuado; pero los esclavistas pensarían, sin duda, que
el fin justificaba los medios.
Apenas leído el Mensaje en la Cámara de Representantes, inicióse un
intenso debate sobre el mismo, es decir, sobre la legalidad del
procedimiento de acudir a una _joint resolution_. Stephen A. Douglas, de
Illinois, y Charles J. Ingersoll, de Pennsylvania, sostenían la
afirmativa, rebatiéndoles Robert C. Winthrop, de Massachusetts. A pesar
de los esfuerzos de los esclavistas, terminó la legislatura sin que se
acordase nada.
Mientras tanto, fuera del Congreso, se iniciaba un movimiento que fué el
último y decisivo esfuerzo de los esclavistas para anexar a Tejas. Hasta
este momento se puede decir que partidarios y adversarios de la anexión
no habían llevado sus aspiraciones a determinado partido político: unos
y otros pertenecían, indistintamente, a una u otra agrupación; pero en
la campaña presidencial efectuada el año de 1844, a que nos venimos
refiriendo, se deslindaron los campos entre demócratas y "_whigs_".
La convención nacional de los _whigs_, reunida en Baltimore en 1º de
mayo, designó candidato a la Presidencia al ilustre Henry Clay, quien
días antes había escrito una carta afirmando que si bien los Estados
Unidos habían adquirido a Tejas por el tratado de 1803, la habían
perdido después por el de 1819; que hacer la anexión era provocar una
guerra con Méjico y romper el equilibrio entre los estados esclavistas y
los antiesclavistas.
Los demócratas por su parte, al reunir su convención en 27 del mismo
mes, hicieron algo más que proclamar a un candidato simpatizador con sus
ideas: aprobaron una moción recomendando la "reanexión" de Tejas y la
reocupación de Oregon. El candidato de los demócratas, James K. Polk,
era poco menos que desconocido, hasta el punto de que se puso en boga la
frase: "¿Quién diablos es Polk?"; pero, en cambio, se adoptó un
estribillo en la campaña, a manera de lema, más interesante y
significativo que la figura del candidato presidencial: "Tejas o la
desunión".
Había gran diferencia entre uno y otro candidato. Clay, dice Roosevelt,
estaba sostenido por los mejores elementos del país; mientras que Polk
tenía sus mantenedores entre los esclavistas y entre esa clase de
políticos viciosos y corrompidos de las grandes ciudades del Norte y de
Nueva Orleans. Las probabilidades de la victoria estaban de parte de
Henry Clay; pero éste, mal aconsejado, dió un paso que, según se dice,
le arrebató la victoria. Ocurrió que en el Sur, donde predominaban los
esclavistas, como se viera Clay muy combatido por sus ideas contrarias a
la anexión de Tejas, expuestas en la carta antes citada, y le pidieran
algunos amigos de Alabama que hiciera alguna manifestación que atenuara
aquel mal efecto, no tuvo inconveniente en declarar que él,
personalmente, no era contrario a la anexión; que, antes al contrario,
la vería con gusto siempre que se pudiera realizar sin deshonor, sin
guerra y en términos justos y equitativos. Esta contradicción entre lo
dicho antes y lo que se decía ahora, sin duda que debilitó a Clay ante
la opinión, que vió en él, dice Schurz, a un político de la clase
corriente, de los que no tienen otro principio que el de su
conveniencia. Semejantes declaraciones, agrega, lo debilitaron donde
estaba fuerte y no le dieron más fuerza donde estaba débil.
La elección de Polk significaba que se habría de realizar la anexión;
pero ésta se verificó antes de lo que se esperaba, antes de que aquél
inaugurase su período presidencial. ¿A qué se debió esto? A lo
siguiente: Tyler había aspirado a la designación o "postulación"; pero
los demócratas, su partido, lo desairaron; y un tanto despechado, no
queriendo que otro se llevara la gloria por él tan acariciada de
realizar la anexión, puso en juego todas sus influencias para que ésta
se consumara antes de abandonar su cargo. En 3 de diciembre dirigió un
Mensaje al Congreso, exponiendo que supuesto que el país se había
significado por la anexión, no se la debía demorar por más tiempo.
Moviéronse sus amigos en las Cámaras y recabaron de éstas la aprobación
de la _joint resolution_, tan deseada por los esclavistas. En 1º de
marzo fué aprobada por Tyler, que tres días después había de cesar en su
elevado cargo.
Mientras estas cosas ocurrían en los Estados Unidos, los gobiernos de la
Gran Bretaña y de Francia, interesados, como antes vimos, en que entre
Méjico y Tejas cesara el estado de guerra, habían conseguido que la
primera de estas dos Repúblicas suscribiera la paz, a condición de que
la última se comprometiera a no anexarse nunca a otra nación. Se había
redactado el oportuno tratado y éste había obtenido ya la sanción del
Gobierno mejicano. Faltaba la de Tejas.
En 16 de junio del año 1845 debía reunirse el Congreso tejano. Podía
optar entre la paz ofrecida por Méjico y la anexión a los Estados
Unidos. Decidióse por esto último; y, habiendo ratificado el pueblo,
directamente, esa decisión, por medio de un plebiscito celebrado el día
4 de julio del propio año, se adoptó después la constitución local, por
la que se debía regir como nuevo Estado de la Unión.
En 29 de diciembre el Congreso de los Estados Unidos acordó admitir el
"Estado de Tejas", en las mismas condiciones que los demás. La República
norteamericana no sólo aumentaba el número de las comunidades políticas
que la formaban, sino que ensanchaba notablemente su extensión
territorial. El área que nuevamente se adquiría tenía una extensión de
371,063 millas cuadradas; algo así como la superficie de la antigua
monarquía Austro-Húngara, Italia y Suiza unidas.
(E)
(1848) ALTA CALIFORNIA Y NUEVO MÉJICO.
Tan pronto como fué sancionada la _joint resolution_ por la que se
aprobó la anexión de Tejas, el Ministro de Méjico en Washington pidió
sus credenciales y se retiró, quedando rotas, de esa manera, las
relaciones entre las dos naciones. Este detalle, por lo visto, preocupó
bien poco a los hombres que en aquel entonces dirigían los destinos de
los Estados Unidos. Es que la esclavitud, dice Mc. Laughlin, había hecho
en el país el efecto de un veneno. Parecía natural que después de la
adquisición del territorio tejano, el Gobierno permaneciera tranquilo,
preocupado en reanudar sus relaciones con el de Méjico; pero no fué así;
hemos de ver ahora que ambicionó un plan que suponía un verdadero
despojo. Se pretendió que el límite entre Tejas y Méjico no lo
constituyera el río "Nueces", como hasta entonces, sino que se quiso
llevar dicho límite más al Sur, hasta el río "Grande", en perjuicio
desde luego de la República Mejicana, que contaba como parte de su
territorio la extensión situada entre dichos dos ríos. Vamos a referir
cómo desenvolvió el Presidente Polk su plan de conquista.
En 30 de julio del año 1845, el general Taylor recibió órdenes de cruzar
el río "Nueces", al frente de cuatro mil hombres, e invadir el
territorio situado entre este río y el "Grande", aunque sin aproximarse
a los destacamentos del ejército mejicano situados en la margen
septentrional de este último. Taylor cumplió esa orden; pero apenas
había cruzado el río "Nueces", y encontrándose acampado en Corpus
Christi, fué instruído de que en el caso de que los mejicanos cruzaran
el río "Grande", debía rechazarlos y ocupar la ciudad de Matamoros. Al
mismo tiempo que se comunicaban estas órdenes al Ejército, se disponía
que dos escuadras, una en el Pacífico y otra en el Atlántico, se
aproximaran a las costas de Méjico.
Estos preparativos bélicos no eran todavía el comienzo de la campaña de
conquista; no tenían más finalidad que la de impresionar al pueblo y al
gobierno mejicanos, para de esa manera crearle un ambiente, propicio a
un arreglo, a un representante que se pretendía enviar a la capital de
Méjico. Pensaba el gobierno del Presidente Polk que si la diplomacia
podía actuar con eficacia, era preferible confiar a ella sus propósitos,
antes que a las armas. Animado de estos deseos, en septiembre el
Secretario de Estado, Buchanan, inquirió del Gobierno de Méjico si
estaba dispuesto a recibir a un enviado de los Estados Unidos, con
plenos poderes para arreglar las cuestiones pendientes entre los dos
gobiernos; y como se obtuviera una contestación favorable, se nombró
para desempeñar ese encargo a John Slidell, quien partió inmediatamente
para su destino. No se reducía la misión de Slidell a obtener que se
fijara el río "Grande" como límite de las dos naciones; eran más
extensas ahora las pretensiones de los Estados Unidos. Se debía
gestionar la cesión de Nuevo Méjico y de la California, a cambio de
recibir el Gobierno de Méjico una indemnización de $25,000.000, y a
cambio, también, de que el Gobierno de los Estados Unidos renunciara al
cobro de unas indemnizaciones pendientes. Un encargo más llevaba
Slidell: debía realizar ciertas averiguaciones para saber cuál sería la
actuación de las potencias europeas, caso de que se rompiesen las
hostilidades.
Al presentarle Slidell sus credenciales al general Herrera, Presidente
de Méjico, vióse que no era un comisionado especial para arreglar las
diferencias entre los dos países, sino un funcionario de carácter
permanente, un Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario; y
como se estaba en la inteligencia de que aquél habría de ser su
carácter, y no éste, dado que estaban rotas las relaciones entre los dos
países, el Gobierno se negó a recibirlo; y encontrábase haciendo
gestiones el diplomático norteamericano para ser admitido, cuando un
movimiento revolucionario depuso a Herrera y elevó a la presidencia a
Paredes. Negóse también el nuevo Presidente a recibir a Slidell, y
perdida ya por éste toda esperanza de ser admitido, en 21 de marzo de
1846, regresó a los Estados Unidos.
Al enterarse el Presidente Polk de la ineficacia de la actuación
diplomática, le dió órdenes a Taylor de que avanzara; y antes de que
hubiera transcurrido el mes antes citado, las fuerzas al mando de este
General se habían aproximado a la ciudad de Matamoros, emplazando tan
cerca de la plaza sus baterías, que la dominaban perfectamente. Al mismo
tiempo la escuadra bloqueaba la boca del río Grande, a fin de impedir
que por esta vía recibieran recursos y alimentos los habitantes de dicha
ciudad. De hecho los Estados Unidos iniciaban la guerra, y
comprendiéndolo así el Presidente Paredes, en 23 de abril publicó un
manifiesto declarando que frente a la actitud de la vecina República,
Méjico no tenía otro camino que el de responder a la guerra con la
guerra, y que ya había dispuesto que el General en Jefe de la división
de la frontera del Norte hostilizara al enemigo.
El 24 de abril tiene lugar la primera escaramuza. Una fuerza mejicana se
encontró con un destacamento de dragones americanos y le hizo 16
muertos. Este era el pretexto que el Gobierno de Polk necesitaba para
romper las hostilidades de manera oficial. El día 9 de mayo llegó a
Washington la noticia de dicho combate, y el día 11 el Presidente se
dirigió al Congreso para que éste, reconociendo la existencia de un
estado de guerra, proveyera lo conducente a facilitar al Ejecutivo
hombres y recursos. Achacábase en ese documento la responsabilidad de la
guerra al Gobierno de Méjico.
Después de reiteradas amenazas--se decía--Méjico ha roto nuestra
frontera invadiendo el territorio de los Estados Unidos y
derramando sangre americana en nuestro suelo; por otra parte,
también ha declarado su gobierno que las hostilidades han comenzado
y que las dos naciones se encuentran en guerra. Ante estos hechos,
ocurridos a pesar de nuestros esfuerzos por evitarlos, nos exigen
el deber y el patriotismo que reivindiquemos con toda energía el
honor, los derechos y los intereses de nuestro país.
No nos extrañan las palabras de Polk. No recordamos que en ningún caso
la nación agresora, en una guerra injusta, no haya tratado de eludir la
responsabilidad de su conducta.
El propio día 11 la Cámara de Representantes declaró, sin que hubiera
debate, que existía el estado de guerra, y además autorizó al Presidente
para alistar 50,000 hombres y para disponer de un crédito hasta de
$10,000.000. Sólo catorce representantes votaron en contra del "bill",
figurando entre éstos John Quincy Adams. Al día siguiente fué aprobado
en el Senado por cuarenta votos contra dos.
No pasó mucho tiempo antes de que el propio Presidente Polk se encargara
de decir, de manera encubierta, pero indudable, que la guerra que se
estaba haciendo era de conquista. En 8 de agosto del año que acabamos de
citar, envió un Mensaje al Congreso: empezaba diciendo que lo que se
ventilaba en la guerra era una cuestión de límites entre las dos
Repúblicas, y que se le debía autorizar para disponer hasta de
$2,000.000 a fin de pagarle a Méjico, en justa compensación, "cualquier
concesión que tuviera que hacer"; y terminaba recordando que cuando el
Gobierno estuvo en negociaciones para adquirir primero la Louisiana y
después la Florida, se había autorizado al Presidente para disponer de
determinadas sumas de dinero. ¿A qué otro cosa que a la compra de
territorios mejicanos se podía aludir por el Presidente al hablar de
retribuirle a Méjico "las concesiones que hiciera"?
El Congreso se dió cuenta de que el Presidente se había referido a la
posibilidad de que se compraran territorios mejicanos. Lo prueba el
hecho de que con motivo del "bill" que se presentó en la Cámara de
Representantes, concediendo el crédito pedido, introdujo una enmienda el
Representante David Wilmot, de Pensylvania, prohibiendo la esclavitud en
"el territorio que se adquiriera de Méjico". El "bill", con la enmienda,
fué aprobado en la Cámara, pero fracasó en el Senado; y tan necesario lo
estimaba el Presidente, que en su Mensaje anual de 8 de diciembre volvió
a insistir en que se le otorgara el crédito en cuestión.
Con motivo de esta petición se inició un debate en el Senado, que duró
varios días, pudiéndose apreciar que el Norte y el Sur estaban más
separados que nunca. La famosa enmienda de Wilmot prohibiendo la
esclavitud "en los territorios que se adquirieran en Méjico", fué
reproducida, combatiéndola el senador Colquitt, de Georgia, en un
violento discurso. Daniel Webster, por su parte, pidió se declarase que
los Estados Unidos no hacían la guerra para ensanchar sus linderos a
costa de Méjico, y que sólo aspiraban a que esta nación se prestara a
tener un arreglo sobre sus límites. John C. Calhoun presentó otra moción
pidiendo se declarara que "la aprobación de cualquier ley que directa o
indirectamente privase a los ciudadanos de cualquier estado de la Unión
del derecho de emigrar con sus propiedades a cualquier territorio de los
Estados Unidos, sería considerada como una violación de la
Constitución". Thomas H. Benton combatió esta moción, y por cierto que
al hacerlo no tuvo inconveniente en declarar que el principal
responsable ante la historia, de la guerra, era Calhoun. Al fin, después
de tanta discusión, se autorizó al Presidente para disponer de un
crédito de $3,000.000.
Mientras estas cosas ocurrían en Washington, la campaña se desenvolvía
en forma bien desdichada para Méjico. Los diversos ejércitos que
invadieron el territorio mejicano no encontraron la resistencia que era
de esperar se les hiciera. Debióse esto a que ni aun en situación tan
angustiosa los partidos supieron darse una tregua en sus eternas
rivalidades; el patriotismo no se pudo imponer al espíritu partidarista,
y de ahí que la mayor parte de los Estados se mostraran "poco menos que
indiferentes" ante el invasor, según nos dice el historiador Jerónimo
Becker.
El ejército mandado por Taylor, después de derrotar a los mejicanos en
Palo Alto y en Resaca de Guerrero, se apoderó de Matamoros y otra
fuerza mandada por el general Scott puso sitio a Veracruz, logrando que
la plaza capitulara, tras un tremendo bombardeo, en 27 de febrero de
1847. Otros lugares, como Nuevo Méjico y California, fueron ocupados sin
resistencia.
Tantos contratiempos sirvieron de pretexto no para que el país
reaccionase, sino para que un nuevo movimiento revolucionario arrojara
de la presidencia a Paredes y colocara de nuevo en su lugar a Santa
Anna. Este, poniéndose al frente de un ejército, trató de cortarle el
paso al general Scott, que se dirigía sobre la capital; pero, derrotados
los mejicanos en Cerro Gordo, Puebla y Churubusco, en 14 de septiembre,
tras un corto armisticio, penetraron los invasores en aquélla.
En 22 de noviembre del año 1847, a que nos venimos refiriendo, los
mejicanos pidieron la paz. Las dos naciones nombraron sus comisionados;
se iniciaron las negociaciones en Guadalupe Hidalgo, y en 2 de febrero
del año siguiente se firmó el tratado que lleva el nombre de esta
ciudad.
Por este tratado se fijó como lindero entre los Estados Unidos y Méjico,
el río Grande, por una parte; por otra, el Gila, afluente del Colorado,
y últimamente la línea divisoria entre las dos Californias. En
compensación, Méjico recibiría $15,000.000. De esta manera se anexaban
los Estados Unidos todo el territorio de la Alta California y de Nuevo
México, con una extensión superficial de 522,568 millas cuadradas.
Dentro de esa área se formaron después los estados de California, Nevada
y Utah y parte de Wyoming, Colorado, Arizona y Nuevo Méjico.
(F)
(1846) OREGON.
El tratado de Gante, celebrado a fines del mes de diciembre de 1814,
puso fin a la guerra entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos,
iniciada en 18 de junio de 1812. Pero apenas suscrito ese Tratado, una
nueva cuestión puso en pugna los intereses de las dos naciones: nos
referimos a la discusión sobre el mejor derecho a ocupar el territorio
de Oregon, limitado al Norte por el paralelo 54° 40', al Sur por
California, al Este por las Montañas Rocallosas y al Oeste por el
Océano Pacífico. Antes de que se originara esa discusión, habían
visitado dicho territorio arriesgados exploradores españoles, ingleses,
rusos y franceses, pero ninguna de las expediciones había realizado una
verdadera ocupación. España, por su carácter de nación descubridora,
parecía estar asistida de mejor derecho a poseer el Oregon, pero en
realidad nunca le reconoció importancia a esa posesión. Con tales
antecedentes, ¿cuáles podían ser los títulos de los Estados Unidos y de
la Gran Bretaña para ejercer semejante dominación? Vamos a examinarlos.
Los títulos de los norteamericanos eran éstos: 1º El viaje de la
"Columbia", embarcación mandada por el capitán Robert Gray, que con
fines comerciales llegó en 1792 a las costas de Oregon, navegando y
remontando después un caudaloso río, hasta entonces desconocido, que fué
bautizado con el nombre de aquella embarcación; tomando además los
expedicionarios posesión del país en nombre de los Estados Unidos. 2º El
viaje de Meriwether Lewis y William Clark, enviados en 1803 por el
presidente Jefferson--a quien no se ocultaba la necesidad de que la
nación tuviera un frente al Océano Pacífico--y los que después de
atravesar la cordillera de las Rocallosas llegaron hasta el nacimiento
del río "Columbia", navegando éste hasta el Pacífico; suministrando a su
regreso preciosos datos y antecedentes sobre el país. 3º La compra a
Francia de la Louisiana; por estar comprendido Oregon en los términos de
la cesión de dicho territorio, no obstante la aparente vaguedad de
aquéllos. Y 4º El hecho de que la ciudad de Astoria, fundada y habitada
por ciudadanos norteamericanos, y que había sido ocupada por los
ingleses durante la guerra de 1812, hubiese sido devuelta a los Estados
Unidos en cumplimiento de la cláusula del Tratado de Gante, según la
cual las dos naciones se debían devolver las posesiones que
respectivamente se hubiesen arrebatado.
Frente a esos títulos, invocaba la Gran Bretaña los diversos viajes de
sus navegantes a Oregon, algunos anteriores al del capitán Gray; y,
especialmente, los aprovechamientos que realizaba en dicha región la
"Hudson Bay Company", empresa fundada desde 1670 y a la que el Gobierno
Británico había otorgado el monopolio en el comercio de las pieles,
desde Montreal hasta la isla de Vancouver.
En 1818, las dos naciones concertaron un modus vivendi. Por el tratado
de este año, en que se fijó el paralelo 49 como límite al Este de las
montañas Rocallosas, entre los Estados Unidos y el Canadá, se convino al
mismo tiempo, con respecto al territorio de Oregon, que durante diez
años habría de estar abierto a la colonización de los dos países, sin
que esto alterase las respectivas posiciones de los reclamantes, esto
es: los derechos de que creían estar asistidos al pretender el dominio
de dicha región.
Al año siguiente de suscrito este Tratado, se concertó el de la Florida,
a que antes nos hemos referido, y de sus términos hicieron derivar los
norteamericanos un nuevo título a su pretensión. Por este Tratado, según
se recordará, no sólo fué cedida la Florida a los Estados Unidos, sino
que quedaron fijados de manera definitiva, según su artículo tercero,
los límites entre la Louisiana y las posesiones españolas situadas al
Oeste, quedando comprendido, como parte de ésta, el territorio que nos
ocupa.
Había otra nación, que creía también tener derecho a explotar el
territorio de Oregon: Rusia. En junio de 1799 el Emperador Pablo le
otorgó a una Compañía formada por rusos el privilegio exclusivo de hacer
el comercio en las islas Aleucianas y costas inmediatas, y como esta
Compañía pretendiera, algunos años después, instalar un Establecimiento
en la bahía de Bodega, situada al Norte del sitio en que hoy está
emplazada la ciudad de San Francisco, en 22 de julio de 1823 el
Secretario de Estado, John Quincy Adams, protestó por medio de una nota,
diciendo que los Estados Unidos no habían de consentir nuevas
colonizaciones en la América y la que se recordará fué uno de los
antecedentes de la doctrina de Monroe. A consecuencia de esta protesta,
en 17 de abril del año siguiente, se concertó en San Petersburgo un
tratado entre los Estados Unidos y Rusia, por el cual este Imperio
renunció a todo derecho y soberanía sobre los territorios situados al
Sur del paralelo 54° 50' y a su vez por otro tratado suscrito entre
Rusia y la Gran Bretaña, en 28 de febrero de 1825, la primera reiteró
esa renuncia y obtuvo de la segunda que se le reconociera el derecho a
una estrecha faja de territorio, a lo largo de la costa, desde el Océano
Artico hasta el mencionado paralelo.
Quedaban pues en manos de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña, los
destinos de Oregon. La situación no llevaba trazas de variar, y en 6 de
agosto de 1827 las dos naciones suscriben un tratado, prorrogando
indefinidamente el concertado en 1818; pudiendo cualquiera de las dos
partes darlo por terminado, mediante aviso a la otra con un año de
anticipación. Permanecía pues el país abierto a la colonización de las
dos naciones, sin restricciones de ninguna clase.
En la lucha entre las dos colonizaciones, indudablemente que la
norteamericana habría de llevar y llevaba sobre la inglesa la mejor
parte. Los ciudadanos de los Estados Unidos que se dirigían a Oregon, se
iban a establecer, a fijar su residencia; con lo cual está visto que
dicha región habría de llegar a ser el asiento de una comunidad de
norteamericanos; mientras que por parte de los ingleses no había más
actividad que la de la "Hudson Bay Company." Los ingleses iban pues de
tránsito, a obtener del país los mayores rendimientos y a retirarse
después. Eran "aves de paso", podríamos decir, recordando la frase de un
insigne cubano, dicha en memorable ocasión.
Así y todo, por el año 1838, la "Hudson Bay Company" daba señales de una
actividad tan absorbente, que el Senador Linn propuso en el Alto Cuerpo
de que formaba parte que se pusiese término al tratado y que el Ejército
de los Estados Unidos ocupara el país. Nada acordó el Senado; mostró la
mayor indiferencia y en ella permaneció también cuando, en enero del año
1839, dió lectura Linn a un escrito que suscribían los norteamericanos
residentes en Oregon, demandando el reconocimiento y la protección de
los Estados Unidos y en el que decían que si éstos lograban establecer
en dicho país un gobierno adecuado a la protección de vidas y haciendas,
éste no tardaría en asombrar al mundo por sus riquezas, atrayendo un
gran número de inmigrantes; pero que mientras esto no se hiciera, no
pasaría de ser lo que era, "un refugio para los renegados de la
civilización".
Indudablemente que para el gobierno no constituía motivo de preocupación
la adquisición de Oregon. A los esfuerzos realizados por Linn en el
Senado y a que nos acabamos de referir, siguieron otros en diciembre de
1839 y en enero de 1841, pero en estas ocasiones dicho congresista no
fué más afortunado que en las anteriores. Al suscribirse el Tratado
llamado de Aushburton, entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos, por
el que se resolvió una cuestión de linderos entre el estado de Maine y
las provincias inglesas adyacentes, así como otros asuntos de menor
cuantía, con poco trabajo se hubiera podido dejar resuelta la cuestión
de Oregon, pero ni siquiera se intentó el esfuerzo. Hay que tener en
cuenta que en aquel entonces ocupaba la Secretaría de Estado Daniel
Webster y que probablemente los mismos intereses que lo impulsaban a
favorecer la anexión de los territorios situados al Sur de la línea del
"compromiso de Missouri", le exigían que se opusiera a la adquisición de
los que estaban situados al Norte de dicha línea.
El senador Linn volvió a las andadas. En diciembre del año 1842 propuso
que la soberanía de los Estados Unidos se hiciera extensiva al
territorio de Oregon. Esta vez fué más afortunado. En 3 de febrero de
1843, después de un debate en que intervinieron Benton, Choate y
Calhoun, fué aprobada dicha resolución. No tuvo ésta la misma suerte en
el otro Cuerpo colegislador. La Cámara, en 16 del propio mes, acordó
rechazarla, de acuerdo con el informe que emitiera la Comisión de
Relaciones Exteriores.
Tres semanas después de haber rechazado la Cámara el citado proyecto de
resolución, llegaba a Washington, procedente de Oregon, el Dr. Marcus
Whitman, misionero norteamericano enviado a aquel país desde el año 1834
por la iglesia metodista y quien habiéndose enterado, cuando se
negociaba el Tratado de Aushburton, de que se proyectaba cederlo a la
Gran Bretaña, se decidió a ir a la capital de la República con ánimo de
convencer a todos de que los Estados Unidos no debían abandonar sus
derechos sobre tan rico país. El viaje del Dr. Whitman revela lo que
puede una voluntad enérgica puesta al servicio de una causa. Había que
salvar una distancia de cuatro mil millas, cruzando territorios
inexplorados, habitados por indios, sin vías de comunicación y cuando
comenzaba el invierno. Nada de eso lo detuvo: "sé que arriesgo la
vida--decía al emprender su viaje--pero ésta vale bien poco al lado de
lo que significa salvar este país para los Estados Unidos."
Cuando Whitman llegó a Washington, se enteró de que ya el Tratado se
había firmado, pero que en éste no se resolvía nada acerca de Oregon.
Dióse entonces a la tarea de impresionar los ánimos en favor del país, e
indudablemente que consiguió su propósito. Celebró entrevistas con el
Presidente y con algunos Secretarios y legisladores y a todos les
arrancó la promesa de que Oregon no sería abandonado por los Estados
Unidos en manos de Inglaterra. En el verano del mismo año, emprendió su
viaje de retorno, llevando un crecido número de familias inmigrantes.
Al año siguiente, al iniciarse la campaña presidencial, los demócratas
consignaron entre los puntos de su programa de gobierno la ocupación de
Oregon, lo que demuestra que la visita de Whitman había producido una
reacción en la opinión pública en favor de la adquisición de dicho
territorio. Fué en esa misma campaña en la que, según se recordará, los
demócratas ofrecieron al país la "reanexión de Tejas". Con respecto a
sus propósitos sobre Oregon, se adoptó esta frase o estribillo, repetida
en todos los actos de propaganda: "fifty-four forty or fight"; es decir,
o se llegaba hasta el paralelo 54° 40', límite Norte de Oregon, o de lo
contrario habría guerra.
Obtenido el triunfo por el Partido Demócrata, los miembros
pertenecientes al mismo en la Cámara, queriendo hacer buenas las
promesas hechas, en febrero de 1845 aprobaron un _bill_ por el que se
disponía que el gobierno ocupase a Oregon. Pero en este _bill_ se
proveía, además, que en el nuevo territorio se habría de prohibir la
esclavitud, y como este extremo no agradase a la mayoría en el Senado,
el proyecto "quedó sobre la mesa", en dicha alta Cámara,
indefinidamente. Por su parte el Presidente Polk, candidato triunfante
por dicho partido, una vez electo, no dió muestras de tener interés en
que se activase el asunto de Oregon. Limitóse la Secretaría de Estado a
continuar con calma las negociaciones iniciadas desde enero de 1844,
entre dicho centro y Richard Pakenham, Enviado por el Gobierno de la
Gran Bretaña con ese objeto. En estas negociaciones Inglaterra había
exteriorizado su aspiración, que no era otra que la de llegar hasta la
ribera Norte del río Columbia.
En 16 de abril de 1846 el Congreso, tras dilatadas discusiones, en que
se mantuvieron puntos de vista muy diversos, aprobó una resolución
conjunta, en cuyo preámbulo se decía que era necesario resolver de una
vez la cuestión de Oregon, tanto porque a este país no le convenía el
estado de incertidumbre en que se encontraba, sometido a dos
jurisdicciones, lo que era causa de continuos conflictos, cuanto porque
semejante situación era un obstáculo para la buena inteligencia entre la
Gran Bretaña y los Estados Unidos. Su parte dispositiva rezaba así:
Se resuelve por el Senado y la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos de América, reunidos en Congreso, autorizar al
Presidente de los Estados Unidos, para que cuando lo juzgue
discreto, le haga saber al gobierno de la Gran Bretaña, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 2º del tratado de 6 de agosto de
1827, que esta convención debe quedar sin efecto.
Como se ve, el Congreso echaba sobre los hombros del Presidente la
responsabilidad del asunto, y comprendiendo Polk que estaba obligado a
actuar de manera eficaz, decidióse a acelerar las negociaciones
iniciadas.
Dos meses después enviaba al Senado un proyecto de tratado, resultado de
las negociaciones con el Enviado de la Gran Bretaña, pero que aún no
había sido suscrito y por el cual se fijaba el paralelo 49 como la línea
divisoria entre las dos naciones. Esto rompía los precedentes. Los
tratados siempre habían sido enviados al Senado para su ratificación,
después de suscritos, pero nunca habían sido elevados en consulta antes
de ser firmados. Esta nueva práctica obedecía, dice Willis Fletcher
Johnson, a que estando Polk comprometido con el país a que el límite
Norte del tan discutido territorio habría de llegar hasta el paralelo
54° 40' y no hasta el 49°, lo que reducía el área a que creían tener
derecho los Estados Unidos, no quería asumir, por sí solo, la
responsabilidad de su traición. Con efecto, Polk no ya en la campaña
política que lo llevó a la presidencia, sino en su discurso de cuatro de
marzo de 1845, al inaugurar ésta, había dicho: "nuestro título a todo el
territorio de Oregon es claro e indiscutible."
Poco esfuerzo costó, sin embargo, que el Senado mostrase su conformidad
con el Tratado. A los demócratas, que eran amigos del Presidente,
decididos a aprobarlo, sumáronse los whigs.
Realmente la opinión del país no era unánime en este asunto. Si había
quienes creían que los Estados Unidos debían ocupar todo el territorio
de Oregon, había también quienes opinaban que esa ocupación debía llegar
solamente hasta el paralelo 49° y hasta había quienes pensaban que los
Estados Unidos debían renunciar a todo derecho en dicho territorio. Si
no era, pues, unánime la opinión del país y si la fijación del paralelo
49º equivalía a transigir el asunto asignándole una parte del territorio
a los Estados Unidos y otra a la Gran Bretaña, se explica que el Senado,
deseoso ya de solucionar este asunto, mostrase su conformidad con el
Tratado. Tal acuerdo se adoptó en 18 de junio, y el 17 del mes siguiente
se canjeaban las ratificaciones en Londres.
En el área del territorio adquirido por los Estados Unidos en esta forma
y compuesta de 288.859 millas cuadradas, erigiéronse después los Estados
de Oregon, Washington e Idaho y parte de los de Montana y Wyoming.
(G)
(1854) (EL VALLE DE MESILLA).
Poco después de suscrito el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, a que antes
nos hemos referido, surgieron de nuevo algunas dificultades entre el
gobierno de los Estados Unidos y el de Méjico, originadas por cierta
incertidumbre acerca de cuál era la verdadera línea divisoria entre el
Estado de Chihuahua y el territorio de Nuevo Méjico. Tratábase de
determinar a cuál de las dos naciones pertenecía un área de 45.535
millas cuadradas dentro de la cual estaba situado el Valle de Mesilla,
famoso por la feracidad de sus tierras y por sus ricas minas de plata.
En 1851, puestos de acuerdo los dos gobiernos, designan una comisión
formada por miembros de una y otra parte, que trasladándose al
territorio objeto de la disputa, debía estudiar el asunto y emitir
dictamen; pero el trabajo de esta comisión resultó estéril. En el seno
de los mismos comisionados norteamericanos ocurrieron desavenencias, se
mantuvieron puntos de vista diversos, y el resultado fué que dicha
comisión dió por terminados sus trabajos, sin que los mismos hubieran
dado resultado.
No se detuvo el gobierno de Washington ante esta dificultad. Apenas
ocupó Pierce la presidencia, el año de 1853, nombró a James Gadsden
Ministro en Méjico y le dió instrucciones para solucionar el asunto de
la diferencia de linderos. Apenas se inició Gadsden en el desempeño de
sus funciones, dedicóse con ahinco a gestionar la solución de la
cuestión pendiente y al fin culminaron sus esfuerzos en un tratado que
suscribió con el gobierno mejicano, en trece de diciembre de dicho año.
A tenor de esta convención, el territorio objeto de la disputa pasaba al
dominio de los Estados Unidos, recibiendo Méjico en compensación la
cantidad de $20,000.000.00. En 10 de febrero de 1854, el Presidente
envió dicho tratado al Senado con la recomendación de que fuera aprobado
siempre que se introdujeran en el mismo algunas modificaciones, entre
otras, la de reducir a $15,000.000.00 el importe de la indemnización que
se debía pagar.
En 25 de abril el Senado aprobó el Tratado, reduciéndose el importe de
la indemnización a $10,000.000.00 y aceptada esta modificación por el
Gobierno de Méjico, quedó realizada la adquisición del nuevo territorio;
que después, por acta del Congreso de 4 de agosto del propio año, fué
incorporado al territorio de Nuevo Méjico.
II
LA ADQUISICION DE TERRITORIOS DISTANTES
(A)
(1867) ALASKA.
En 15 de julio de 1741 el navegante ruso Capitán Fschirikow descubrió
las tierras del Alaska, las que desde entonces, por razón de dicho
descubrimiento, quedaron agregadas a la corona de los Czares. A fines
del siglo XVIII radicaban en Alaska unas sesenta compañías rusas
dedicadas al comercio de pieles, que se refundieron en 1799 en una sola:
la "Compañía Ruso-Americana", que, política y comercialmente, llegó a
ser muy poderosa. Era la que ejercía las funciones de gobierno en dicho
territorio; incluso nombraba a los jueces; y en su afán de dominación
pretendía que las posesiones de Rusia se extendieran hacia el Sur,
ocupando, según vimos en el capítulo precedente, todo el Oregon y que el
Océano Pacífico, en su parte septentrional, fuera un mar cerrado al
comercio de otras naciones.
Así las cosas, en septiembre del año 1821 el Czar lanza su famoso úkase
declarando que el dominio de Rusia se extendía por toda la costa del
Pacífico, hacia el norte del paralelo 51°, y prohibiendo a los
extranjeros que comerciaran en aquella región y fué, esta disposición,
la que motivó la célebre nota de Adams, de julio de 1823, negándole a
Rusia el derecho de fundar nuevos establecimientos en este continente, y
la que constituye el antecedente de una de las dos declaraciones que
encierra la doctrina consignada por el Presidente Monroe en su Mensaje
de 2 de diciembre de ese año.
Ante la resuelta actitud de los Estados Unidos, el Gobierno de Rusia se
apresuró a suscribir el tratado de 17 de abril de 1824, a que nos
referimos en el capítulo precedente. Por este tratado se reconocía la
dominación de los Estados Unidos sobre los territorios situados al Sur
del paralelo 54° 40', así como el derecho de navegar libremente por
aquellos mares.
Con la libertad de navegación, reconocida a los Estados Unidos, cesó el
monopolio que ejercía la "Compañía Ruso-Americana", cuyos negocios
habían venido a menos hacía años, desde que sus directores convirtieron
a Silka, población de la Alaska en que radicaba el centro de las
operaciones de aquélla, en una pequeña corte que competía en esplendor y
derroche con la de San Petersburgo. Al decaer la "Compañía
Ruso-Americana", tuvo que decaer también la importancia de los intereses
rusos en dicha región. Nada ocurrió, sin embargo, por el momento. Pero
algunos años después habría de acaecer otro hecho que hizo nacer en el
Gobierno de San Petersburgo el propósito de abandonar la Alaska. Ese
suceso no fué otro que el Tratado de 1846, por el cual la Gran Bretaña y
los Estados Unidos se dividieron el territorio de Oregon. Pudo
convenirle a Rusia mantener aquella posición mientras fué la única gran
potencia que dominó en el Pacífico, pero desde el momento que la Gran
Bretaña, por razón de su nueva posesión, estaba en condiciones de
discutirle ese predominio, conveníale, más que ir a mantener esa
disputa, reforzarse en sus posiciones del Asia.
A Rusia le convenía, pues, deshacerse de la Alaska, y no había mejor
comprador que los Estados Unidos; por la posición de éstos y porque de
acuerdo con la doctrina de Monroe, no habrían de tolerar que dicho
territorio fuese enagenado en favor de otra potencia europea.
En 1854, durante la guerra de Crimea, necesitando dinero el Gobierno de
Rusia, le propuso al de los Estados Unidos, por medio de su Ministro
acreditado en Washington, la venta de la Alaska; pero la propuesta no
encontró un ambiente preparado y ni siquiera fué tomada en
consideración. Cuatro años más tarde algunas personas influyentes del
Gobierno de los Estados Unidos hacen saber al Ministro ruso que dicho
gobierno pagaría hasta $5,000.000 por la Alaska y éste contesta, después
de consultar con el gobierno imperial, que dicha suma resultaba muy
pequeña. Y no se mueve más el asunto, hasta que en enero de 1866,
durante la presidencia de Johnson, la legislatura del territorio de
Washington acuerda pedir a los poderes nacionales que gestionen la
adquisición del territorio que nos ocupa, como conveniente y necesario a
la nación. Esta idea fué recogida en las esferas del Gobierno por
William Henry Seward, que desempeñaba la Secretaría de Estado, y de
cuyas ideas favorables a la expansión territorial de la Nación tenemos
muchos ejemplos.
Inició Seward las gestiones con el barón de Stoeckl, y tras pocos
esfuerzos redactaron ambos el tratado por el cual los Estados Unidos
compraron en precio de $7,200.000.00 el territorio que durante 126 años
había pertenecido a la corona de los Czares y que ocupa un área de
quinientas setenta y siete mil trescientas noventa millas cuadradas. En
9 de abril de 1867 el Senado aprobó el Tratado y en 20 de junio fueron
canjeadas las ratificaciones en Washington.
Este Tratado encierra una novedad con respecto a los anteriores, es
decir, aquellos por los cuales los Estados Unidos realizaron las
adquisiciones territoriales de que precedentemente nos hemos ocupado, y
es, la de que no le ofrecieron a la parte vendedora que el territorio
enagenado en ninguna oportunidad habría de ser admitido en la Unión. No
se ha previsto la posibilidad de que algún día la Constitución sea
aplicada a Alaska: parece que su destino es el de ser siempre una
colonia. Hasta 1844 estuvo gobernada como un Distrito militar, y a
partir de este año se estableció un gobierno civil nombrado por el
Presidente, pero sin la representación popular concedida siempre por la
Unión a sus territorios. No tiene, pues, esta región, para los Estados
Unidos, otro carácter que el de una mera dependencia.
(B)
(1898) HAWAY.
En la Polinesia, en pleno Océano Pacífico podríamos decir, encuéntrase
el grupo de islas Sandwich, aisladas de todo sistema continental o
insular. Más próximas a la América que al Asia, distan sin embargo de
San Francisco de California unas 2.100 millas. Ocho de ellas son
habitables y tienen un área de 6.800 millas cuadradas, de la que
corresponde las dos terceras partes a Haway, que es la más importante de
todas y con cuyo nombre generalmente se conoce el grupo. Descubriólas en
1535 el piloto Juan Gaetano, italiano de nacimiento, puesto al servicio
del Rey de España, pero ni dicho navegante ni el explorador Cook, que
las visitó en 1778, tomaron de ellas posesión. En 1784 desembarcó
Vancouver, pretendiendo ocuparla para la Corona Británica, pero ésta no
se dió por enterada de semejante ocupación y los nativos continuaron,
como hasta entonces, sometidos al reyezuelo que los gobernaba.
Al estudiar la forma en que surgieron en las Islas Sandwich los
intereses norteamericanos, otra vez nos encontramos con que es la
iniciativa individual, la actividad privada, el factor primordial a que
se hace forzoso acudir. Con efecto: apenas suscrito con la Gran Bretaña
el Tratado de 1783, que puso término a la guerra de independencia,
iniciaron los comerciantes de Boston el tráfico de mercancías con China.
En 1784 llegó a Cantón el primer barco; dos años después llegaban cinco,
y al siguiente nada menos que quince. Iban los barcos cargados de pieles
y regresaban con te, sedas y otros productos chinos. Varias causas, de
diversa índole, contribuían a dar importancia a este comercio, y de
ellas era la más importante la de que por estar empeñadas por aquel
entonces las naciones de Europa en las guerras que duraron desde fines
del siglo XVIII hasta principios del siguiente, no pudieron dedicar sus
actividades a las empresas mercantiles.
Los navegantes norteamericanos, desde que se iniciaron los primeros
viajes, deteníanse en Haway, que les quedaba en la ruta, y donde había
elementos para reparar las averías y para aprovisionarse. Añádase a esto
que los nativos, que fueron siempre de superior condición a los de las
otras islas del Pacífico, acogían hospitalariamente a los viajeros, y se
comprenderá fácilmente que Haway, por estas y otras razones, había de
resultar una "estación" de inmejorables condiciones.
Pero no pasó mucho tiempo antes de que Haway fuese para los
norteamericanos algo más que una simple estación para el avituallamiento
de los barcos, para secar las pieles que habían de ser vendidas en
Oriente, o para resguardarse de las tempestades en los meses de
invierno. Muy pronto llegó a ser el centro de una importante actividad
comercial. Descubriéronse en las islas espléndidos bosques de sándalo, y
los norteamericanos se dedicaron a extraer dicha madera en grandes
cantidades, que vendían a precios muy remuneradores. La pesca de la
ballena en el Pacífico llegó a constituir también un negocio muy
lucrativo; y Haway, como lugar de depósito, resultaba de excepcional
interés. Júzguese cuál no sería su auge que en una ocasión, en 1822, se
llegaron a contar en Honolulu hasta veintidós barcos pescadores de
dichos cetáceos.
Pero al mismo tiempo que los intereses comerciales de los
norteamericanos en el Archipiélago iban tomando cada vez mayor
incremento, los hijos de la poderosa República dejaban sentir su
influencia bajo otros aspectos. A los ciudadanos que iban en busca de
negocios, de ganancias, siguió un buen golpe de misioneros protestantes,
guiados por el deseo de convertir a los nativos al cristianismo,
logrando su empeño gracias a las buenas relaciones que se mantuvieron
entre indígenas y americanos desde que llegaron los primeros de éstos, a
fines del siglo XVIII.
Vióse en todo el influjo de la mano civilizadora de los norteamericanos:
en las escuelas que se levantaron, los caminos que se trazaron, la forma
de cultivar la tierra y sobre todo en la adopción de leyes y de un
sistema constitucional de gobierno. No tardaron en establecerse
relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Haway. En 1820 se
envió un Cónsul al Archipiélago, y en 1828 se celebró entre los dos
países un Tratado de "comercio, amistad y navegación", que aunque no
llegó a ser ratificado por el Senado de los Estados Unidos, el Gobierno
de Haway, le concedió una completa eficacia. Al año siguiente, por
último, dicho gobierno recibió un Mensaje del Presidente de los Estados
Unidos, reconociendo con toda formalidad la independencia de Haway.
No tardó la codicia de las naciones europeas en fijarse en Haway. En
1836 la Gran Bretaña obtiene casi a viva fuerza, enfilando sobre
Honolulu los cañones de sus barcos de guerra, la celebración de un
tratado análogo al que fué estipulado con los Estados Unidos, y en 1839
Francia obtiene otro, recurriendo a iguales medios, y como se susurrara
que no habían de quedar en eso dichas ambiciones, al menos las de
Inglaterra, en marzo de 1842, Legare, Secretario de Estado, le dirigió
una carta a Everet, Ministro de los Estados Unidos ante el gobierno de
Londres--y que no fué otra cosa que la aplicación de la doctrina de
Monroe a un territorio no americano--significándole le hiciera saber a
dicho gobierno que aquella nación no habría de consentir que Haway
cayera en manos de una potencia europea y que si para evitarlo era
necesario acudir a la fuerza, a ella se apelaría.
Diéronse cuenta los habitantes de Haway de que ante el peligro de las
amenazas europeas y para preservar la independencia, no había más camino
que el de estrechar las relaciones de las islas con los Estados Unidos,
y, convencidos de ello, pusieron sus empeños al logro de ese propósito.
A fines del propio año de 1842, el Gobierno de Haway envió al de
Washington dos comisionados, Timoteo Haalillo, indígena, y William
Richards, sacerdote de origen norteamericano, que debían recabar de este
gobierno el compromiso de que gestionase de los europeos un
reconocimiento tan formal y eficaz que pusiera a salvo al país de
futuros temores y acechanzas. Dichos comisionados iniciaron sus
gestiones en la Secretaría de Estado, y en verdad que su resultado no
pudo ser más satisfactorio. En el mes de diciembre del referido año de
1842, obtuvieron de Daniel Webster, que desempeñaba aquel Departamento,
la siguiente declaración, que colmaba sus deseos:
Los Estados Unidos consideran que el Gobierno que rige las islas
Sandwich ha emanado del pueblo, y en tal virtud entiende el
Presidente que está en el interés de todas las naciones que
sostienen relaciones comerciales con dichas islas que ese gobierno,
lejos de ser amenazado, sea respetado en el exterior. Es sabido que
la mayoría de los barcos que visitan las islas pertenecen a los
Estados Unidos, lo que indica que esta nación ha de estar más
interesada en el destino de las islas que ninguna otra. Por este
motivo el Presidente no tiene inconveniente en declarar,
interpretando los sentimientos del gobierno, que el de las islas
Sandwich debe ser respetado; que ninguna nación puede tomar
posesión de dichas islas para fines de conquista o de colonización,
ni podrá tampoco controlar dicho gobierno para recabar ventajas
comerciales ni para ningún otro propósito.
Estos principios fueron ratificados por el Presidente Tyler en su
Mensaje al Congreso de 30 de diciembre del tan citado año. El párrafo
más importante de dicho mensaje decía así:
A pesar de las estrechas relaciones que los Estados Unidos
mantienen con dichas islas, no es el propósito de nuestro gobierno
recabar ninguna ventaja de nuestra posición; nos basta con que el
gobierno de Haway mantenga, mediante su independencia, su seguridad
y prosperidad; y si alguna nación pretendiera atentar contra dicha
independencia, la importancia de aquellas relaciones sería
suficiente para justificar que nos colocáramos frente a semejante
actitud.
No obstante el tono claro y terminante de estas declaraciones, la Gran
Bretaña y Francia pretendieron desconocerlas; pero apenas puesta en
evidencia esa disposición o esa actitud, el Gobierno de los Estados
Unidos supo y pudo exigir que la política que había enunciado con
respecto a las islas Sandwich fuera respetada. En febrero de 1843 se
presentó en la bahía de Honolulu un barco de guerra inglés, enviándole
su comandante Lord George Paulet, al Rey, un despacho en que formulaba
una serie de reclamaciones por supuestos daños y ofensas inferidas a
súbditos de Su Majestad Británica, bajo la amenaza de que si dichas
reclamaciones no eran satisfechas dentro de veinticuatro horas, habría
de bombardear la población. Pareciéronle al rey de Haway muy exageradas
las reclamaciones, y como por otra parte pensó que no le convenía entrar
en negociaciones con quienes en forma tan violenta se producían, adoptó
el partido de poner el gobierno en manos de los reclamantes. Apenas dada
a conocer al Comandante del crucero inglés la actitud del Rey, exigióle
aquél la entrega del gobierno, izándose en los edificios públicos la
bandera inglesa.
Acto seguido el Rey apeló al Gobierno de Washington; la Secretaría de
Estado protestó, por medio de su ministro en Londres, invocando las
declaraciones a que precedentemente nos hemos referido, de las que
constaba la actitud de los Estados Unidos con respecto a Haway, y el
gobierno británico resolvió desautorizar la conducta de Lord George
Paulet y que se devolviera a los nativos su independencia.
Hubo más: no sólo en abril del propio año reconoció la Gran Bretaña con
toda formalidad la independencia de las islas, sino que temerosa de que
Francia abrigara algún propósito con respecto a las mismas, en
noviembre, por iniciativa suya, puestos de acuerdo los dos gobiernos, se
comprometieron a respetar dicha independencia y a no ocupar las islas en
ningún caso, ni como protectorado ni en ninguna otra forma.
No tardó el Gobierno de Francia en olvidarse de ese compromiso. En 1849,
so pretexto de que el Gobierno de Haway había violado un tratado de
comercio que con el mismo tenía celebrado, comenzó a realizar
determinados actos que constituían verdaderos atentados contra la
soberanía de las islas. Unas veces se ocupaba un edificio público; otras
se desembarcaban fuerzas y ya cansado el gobierno de Haway, en 1851,
previo acuerdo de las dos Cámaras, apeló al de los Estados Unidos,
poniendo todos sus derechos de Estado soberano bajo la protección de
éstos y confiándoles, al propio tiempo, la solución de las cuestiones
pendientes con Francia. No fué necesario llegar a esto. Daniel Webster,
que desempeñaba de nuevo la Secretaría de Estado, inició ciertas
gestiones con el gobierno de Luis Napoleón y por consecuencia de las
mismas éste retiró sus demandas e hizo protestas de que habría de
respetar la soberanía de las islas.
Con motivo de estos sucesos hubo de declarar una vez más el Gobierno de
Washington, por boca de John M. Clayton--que durante la ocurrencia de
los mismos desempeñó también la Secretaría de Estado--que aquél no
habría de consentir que las islas Sandwich pasaran a manos de una
potencia europea; sin que esto quisiera decir que los Estados Unidos
tuvieran el propósito de controlarlas, pues sólo aspiraban a que
mantuvieran su independencia.
Pocos años después cambiaba radicalmente la actitud del gobierno de los
Estados Unidos con respecto a la soberanía de Haway. Hasta ahora lo
hemos visto decidido a que las islas mantengan su independencia, pero a
fines del año 1853 William L. Marcy, Secretario de Estado, dirige una
carta al Ministro en París reveladora de que el gobierno acariciaba el
proyecto de anexarlas a la República.
Parece cosa indudable, decía, que las islas han de caer
definitivamente bajo el control de los Estados Unidos, y a eso de
seguro que no se habrán de oponer la Gran Bretaña ni Francia,
siempre que tal cosa ocurra por medios justos.
Obedecía semejante cambio en la actitud del Gobierno de Washington a que
con posterioridad a la adquisición de California se había iniciado un
intenso comercio entre San Francisco y el Asia, y con tal motivo para
los Estados Unidos ofrecía más interés que nunca la posesión de
Honolulu, por la necesidad de dar garantías a aquel comercio y por el
peligro de que las islas fueran ocupadas por la Gran Bretaña o por
Francia.
Contaba Marcy, para realizar su proyecto de anexión, con algo más que
con el estímulo de los intereses americanos vinculados en Haway: contaba
con la cooperación del gobierno de las islas. Con efecto, a principios
del año 1854, el Rey de éstas y el Representante de los Estados Unidos
concertaron la anexión por medio de un tratado. Pero contenía éste una
cláusula que fué causa de que el Presidente se decidiera a abandonarlo,
a no presentarlo al Senado, ante la seguridad de que este cuerpo lo
habría de rechazar: la relativa a que Haway ingresaría en la Unión como
un Estado. Por muy grande que fuera el interés de los Estados Unidos en
adquirirlo, ese interés no era suficiente para establecer el precedente
de que un territorio, que no era continental y que estaba poblado por
otra raza, ingresase como un Estado.
Algunos años después, al terminar la guerra de secesión, decayó el
comercio americano en el Pacífico, y en consecuencia decayó también el
interés de Haway para los Estados Unidos. Obedeció esto a varias causas.
En primer lugar, porque ante el temor a los buques de guerra de los
confederados, casi todos los mercantes de bandera americana se habían
ausentado de aquellos mares, y después, porque la pesca de la ballena
había decaído notablemente, en parte debido a que el número de estos
cetáceos había disminuído y en parte a que su aceite fué sustituído,
para muchos usos, por el aceite mineral. Todo esto fué causa de que los
norteamericanos, que estaban interesados en negocios en Haway,
demandaran protección. Particularmente la industria azucarera necesitaba
que se le ofrecieran algunas ventajas, y como ninguna resultaba más
adecuada que la que podía reportar el tratado de reciprocidad, el
gobierno de Washington, atento a esos clamores, en mayo de 1867 hubo de
concertar semejante tratado, a la sazón en que Johnson ocupada la
Presidencia y Seward la Secretaría de Estado. La legislatura de Haway
inmediatamente lo ratificó, pero no le cupo la misma suerte en el Senado
de los Estados Unidos, que hubo de rechazarlo debido, más que nada, al
espíritu de oposición de que estaba animado a cuanto emanara del
Presidente Johnson.
No desmayaron los defensores de aquellos intereses. El proyecto de
anexión parecía abandonado, pero el deseo de concertar un tratado de
reciprocidad que mejorase las condiciones económicas de las islas era
cada vez más sentido. Al fin, en 1876, se concertó dicho tratado y, por
consecuencia del mismo, la exportación de azúcar a San Francisco tomó un
incremento muy grande.
En 1881, el gobierno de la Gran Bretaña pretendió celebrar un tratado
análogo con el gobierno de Haway, pero los Estados Unidos se opusieron.
El ilustre James G. Blaine, que desempeñaba en aquel entonces la
Secretaría de Estado, se opuso franca y abiertamente al concierto de ese
tratado. A su juicio, el tratamiento que le daba Haway a los Estados
Unidos, de ser "la nación más favorecida", no se podía aplicar al mismo
tiempo a otro país. E hizo más dicho funcionario: aprovechó la ocasión
para declarar no solamente que los Estados Unidos, en ningún caso,
permitirían que dichas islas pasaran al dominio de una potencia europea,
sino que por no formar parte del "sistema asiático", en el caso de que
obtuvieran la independencia, se asimilarían al "sistema americano", por
exigirlo así las leyes naturales y las necesidades de la política.
En 1887 el gobierno de Haway alquiló la Bahía Perla, para una estación,
a los Estados Unidos. Resultaba dicho lugar un punto estratégico
excelente para una base de operaciones. Comprendió el Gobierno de
Washington que era necesario dar ese paso, no sólo porque había que
brindar garantías a los capitales norteamericanos invertidos en las
islas, sino para ganar consideración e importancia, para infundir
respeto al Gobierno Británico, que habría de temer, en caso de una
guerra, los perjuicios que a su comercio podía causarle la armada de los
Estados Unidos. Fué por esto, sin duda, por lo que la Gran Bretaña
protestó de la cesión; pero semejante protesta no fué tomada en
consideración.
Pocos años después se iniciaron en las islas los acontecimientos que
habían de dar al traste con su independencia.
El año 1891, por muerte de la reina Kalakaua, ocupó el trono su hermana
Liliuokalani, la que apenas inició su gobierno reveló estar poseída de
instintos reaccionarios y tiránicos. El sistema liberal de Gobierno la
estorbaba y como no quería que se le opusiera inconveniente a cuanto se
le antojaba, no tardó en verse en conflicto con las Cámaras. Quería
derogar la Constitución vigente y promulgar otra en su lugar, dentro de
la cual cuadraban mejor sus medidas arbitrarias y en la que no se
reconociera más autoridad que la suya, y como entendiera que no podía
dar este paso sin contar con la voluntad del Congreso, para ganárselo
trató de corromperlo, repartiendo entre sus miembros los productos de
una lotería que estableció, al estilo de la de Louisiana, y los del
monopolio del opio, que también implantó. A principios del año 1893 dió
la reina el golpe de estado, derogando por medio de un Decreto la
Constitución vigente y promulgando en su lugar otra redactada a su
antojo, en la que de hecho quedaba suprimido el gobierno representativo
y en la que los blancos quedaban privados de los beneficios de la
ciudadanía, excepto aquellos que se casasen con las indígenas.
Apenas dado el golpe de estado, el elemento blanco y numerosos
ciudadanos nativos de las islas se aprestaron a combatir el nuevo
régimen, iniciando en todo el país un movimiento de protesta tan
vigoroso, que la reina, temerosa de la suerte que le pudiera caber, se
rodeó de numerosas fuerzas del ejército. Entre una y otros, entre la
reina y los protestantes, decidióse el país por estos últimos, y como
aquélla se diera cuenta de toda la gravedad de la situación, abandonó el
poder antes de que los sucesos, tomando para ella un sesgo más
desagradable, hicieran peligrar su vida. En lugar de la autoridad
monárquica, hízose cargo del gobierno, con carácter provisional, un
Comité que se denominó de salvación pública. La rapidez con que actuó
este Comité y la eficacia de las medidas que adoptó, no fueron
suficientes para impedir que los elementos refractarios al orden, ávidos
siempre de saciar sus malsanos apetitos, hicieran de las suyas,
dedicándose, principalmente, al saqueo de la propiedad privada. Para
conjurar el conflicto, el Comité apeló al Ministro de los Estados
Unidos, pidiéndole que dispusiera el desembarco de la marinería del
crucero "Boston" que acababa de arribar a Honolulu. El Ministro atendió
la solicitud y como desembarcaron varios pelotones, no tardó en
restablecerse la normalidad. A esta medida siguió otra de mayor
trascendencia: la deposición de la reina, por ser incompatible su
gobierno con la existencia de las libertades públicas. Casi al mismo
tiempo el ejército se sometió al Gobierno Provisional, acto que vino a
consagrar y a afianzar la autoridad de éste, y por su parte los
representantes de todas las Naciones extranjeras acreditados en Haway no
tardaron también en reconocer la nueva situación.
No sin protesta resignó la reina su autoridad. Apenas abandonó el poder
redactó una proclama en la que hizo constar que de no ser por la
cooperación que brindó el Ministro de los Estados Unidos a los elementos
que la combatían, cooperación que se tradujo en el desembarco de las
fuerzas del crucero "Boston", probablemente no hubiera perdido su trono.
Al propio tiempo designó la reina una Comisión que se había de dirigir a
Washington para protestar contra lo que se había hecho y a pedir que se
la restableciera en su trono, mediante la protección del Gobierno de
los Estados Unidos.
Mientras tanto el Gobierno provisional inclinaba la suerte de las islas
del lado de los Estados Unidos. Primero pidió al Ministro Stevens que
proclamara el protectorado de su nación sobre las islas, y dicho
funcionario no sólo lo hizo así, sino que sustituyó la bandera de Haway
por la de los Estados Unidos. Después designó dicho gobierno una
Comisión que debía negociar en Washington la celebración de un tratado
de anexión. Integraban dicha Comisión, Lorrin A. Thurston, W. C. Wilder,
William R. Castle, Charles L. Carter y Joseph Marsden, todos nacidos en
Haway pero de origen norteamericano. El día tres de febrero del año 1893
llegaron a Washington los comisionados. Dentro de breves días debía
cesar en su cargo el Presidente Harrison. En aquella fecha, Grover
Cleveland, que cuatro años antes había abandonado el propio cargo, ya
estaba elegido. Se iba a efectuar algo más que un cambio de personas:
iba a ocurrir un cambio de política: Harrison era republicano y su
ilustre sucesor pertenecía al Partido Demócrata.
Harrison era partidario de la anexión, y a instancias suyas, por haber
dispuesto que se activase la negociación del Tratado, dentro de breves
días quedó éste suscrito. El día quince del propio mes en que arribaron
a Washington los comisionados, envió el Presidente el Tratado al Senado
para su ratificación. He aquí los términos en que defendía la solución
anexionista.
Nuestra administración ha hecho algo más que respetar la existencia
del Gobierno independiente en las islas Haway: ha favorecido esa
independencia; pero es claro que ese respeto sólo debe mantenerse
en tanto que dicho gobierno sea capaz de proteger las vidas y
haciendas y en tanto en cuanto no dé lugar a la ocupación de las
islas por un poder extraño. Se había podido observar, en nuestras
amistosas relaciones diplomáticas con Haway y en nuestra cortesía
para con sus gobernantes, que a éstos les habíamos brindado siempre
nuestro apoyo moral. No hemos sido nosotros los culpables de la
caída de la monarquía; la única responsable ha sido la reina
Liliuokalani por su política reaccionaria al par que
revolucionaria, que ha puesto en peligro los intereses de los
Estados Unidos y los de todos los extranjeros en las islas,
haciendo imposible la paz de éstas, e impidiendo al propio tiempo
la posibilidad de que se mantenga una administración civil que sea
decente. Era imposible que se mantuviera la monarquía en esas
condiciones; el gobierno de la reina resultaba muy débil, aparte de
que sólo la rodeaban personas desacreditadas y sin escrúpulos. La
restauración de la reina no es deseable; resulta imposible, y si
tal restauración se obtuviera--que sólo se podría conseguir merced
a la acción de los Estados Unidos--la misma sería seguida de
desastres incontables, de la desorganización de todos los negocios.
La influencia e intereses de los Estados Unidos en las islas,
debemos tratar de que vayan en aumento, no de que disminuyan.
Estamos hoy frente a dos caminos: el protectorado de los Estados
Unidos o una anexión total y completa. Esta última solución es la
que se ha adoptado en el tratado, y es, sin duda alguna, la que ha
de promover mejor los intereses del pueblo de Haway y la que ha de
brindar mejores garantías a los de los Estados Unidos. Estos
intereses hoy no están seguros: necesitan la garantía de que las
islas no serán ocupadas en el futuro por ninguna otra gran
potencia. Nuestros derechos resultan tan indiscutibles, tan clara
resulta nuestra posición, que ningún gobierno ha protestado contra
la anexión. Todos los representantes extranjeros acreditados en
Honolulu, han reconocido al gobierno provisional y es unánime la
opinión de que la reina no debe ser restaurada.
Nada pudo hacer el Senado en aquella legislatura. Otros asuntos, tan
importantes como éste, entretenían su atención y fué así que en 4 de
marzo, al ocupar la presidencia Grover Cleveland, aquel alto cuerpo aún
no había sometido el tratado a discusión.
Uno de los primeros actos realizados por Cleveland al inaugurar su
gobierno fué el de pedir al Senado que le devolviese dicho tratado, "con
el propósito de reexaminarlo". Esa petición fué correspondida. Deseaba
el Presidente examinar detalladamente todos los antecedentes
relacionados con los sucesos acaecidos en Haway, pues era su propósito
que las cosas volvieran al estado que tenían cuando fué destronada la
reina, si se comprobaba el cargo, hecho por ésta, de que su deposición
había sido el resultado de las maquinaciones ilegítimas del
representante de los Estados Unidos en las islas. Había, pues, a juicio
de Cleveland, que investigar la verdad de lo que había ocurrido y para
emprender ese trabajo designó a James H. Blount, prominente
personalidad, que había sido Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara, y quien para llenar su misión debía trasladarse
a Haway en concepto de representante personal del Presidente. Fué esta
la primera vez que se hacía semejante nombramiento. Después, en otras
ocasiones ha sido hecho, cuando el Presidente ha tenido necesidad de
realizar ciertas gestiones en otro país. Dicho nombramiento no fué
sometido al Senado. Blount iba dotado de plenas facultades, en todo lo
que se refiriese a las relaciones de los Estados Unidos con las islas.
En 29 de marzo llegó Blount a Honolulu, y a los dos días ya había
dispuesto que se arriara de los edificios públicos la bandera americana;
que se izara en su lugar la de Haway y que se embarcaran las tropas de
los Estados Unidos que cuidaban del orden. Durante varias semanas estuvo
entregado a la tarea de investigar los hechos. Celebró infinidad de
entrevistas; habiéndosele formulado, por cierto, el cargo de que esas
entrevistas se celebraban casi exclusivamente con los amigos de la ex
reina. Como resultado de estas investigaciones, rindió un informe al
Presidente, exponiéndole que la caída de la reina había obedecido a
determinados actos, carentes de toda justificación, realizados por el
Ministro de los Estados Unidos, y el apoyo que las fuerzas de éstos
habían prestado a los insurrectos.
El Presidente, en su Mensaje anual de diciembre de 1893, informó al
Congreso que aquél era el resultado de la investigación de Blount, y
expuso además que abrigaba el propósito de que se restaurase a la reina,
restableciéndose el orden de cosas anteriores; reservándose para después
suministrar al Congreso, por medio de un Mensaje especial, todos los
antecedentes del asunto, a fin de que lo conociera en todos sus
detalles.
Ese Mensaje fué el de 19 de diciembre de 1893. Comenzaba Cleveland en
dicho documento por hacer la historia, con verdadero lujo de detalles,
de cuanto había ocurrido en Haway, y después de discurrir acerca de que
la moral internacional debía ser una sola y no una para las naciones
fuertes y otra para las débiles, y de explicar que por lo mismo que el
Derecho Internacional carecía de un Tribunal que lo hiciera cumplir y
respetar, resultaba más punible la infracción de sus cánones, terminaba
refiriendo que le había dado instrucciones al Ministro de los Estados
Unidos para que, poniéndose de acuerdo con la reina, trabajase para que
ésta fuera repuesta en el trono, siempre que de antemano se
comprometiera a conceder una amplia amnistía a todos los que habían
tomado participación en los sucesos que produjeron su caída.
Desde el mes de octubre de 1893 ocupaba Albert S. Willis el cargo de
Ministro en Honolulu, acreditado ante el Gobierno provisional que
presidía Stanford B. Dole; pues Stevens había renunciado desde que
públicamente fué desautorizada su conducta por el Presidente. Nada más
difícil, dice Fletcher Johnson, que la posición de Willis: estaba
acreditado ante el gobierno provisional y recibía órdenes de laborar por
que ese gobierno fuera sustituído por otro. Sin pérdida de tiempo
dedicóse el Ministro a la ardua tarea que se le había encomendado; se
trataba de órdenes que no podía discutir, aun cuando éstas lo colocaran
en una situación reñida con la lógica. Al principio la reina se negó a
aceptar la condición que le imponía el gobierno de los Estados Unidos
para ayudarla. No quería prometer amnistía alguna; antes al contrario,
hablaba de que los que habían sido sus contrarios habrían de responder
de su conducta con sus vidas y de que expatriaría a todos los blancos,
menos los casados con las indígenas; pero ante la actitud sostenida del
Ministro, ofreció al fin la amnistía.
Una vez dado ese paso, se dirigió Willis al gobierno provisional
pidiéndole resignara su autoridad en favor de la reina, pero aquí surgió
el obstáculo insuperable: dicho gobierno, en forma terminante, negóse a
ello. Stanford B. Dole, que lo presidía, armado de toda razón, respondió
al Ministro que el asunto relativo a la restauración de la reina era
puramente nacional, ajeno por completo a todo poder extraño; que sólo
era lícita la intervención del gobierno de los Estados Unidos, en el
caso de que los dos bandos lo hubieran llamado como árbitro y que si en
los sucesos anteriores se habían mezclado oficiales del Ejército
norteamericano, éste era un problema que interesaba sólo a dicho
gobierno, pero no al que provisionalmente regía en Haway. Comunicada
dicha respuesta al Presidente Cleveland, no le quedaba otro medio, para
hacer cumplir sus órdenes, que el de acudir a la fuerza; pero no pensó
en ello. Prefirió dar cuenta del asunto al Congreso, y éste por su parte
nada hizo.
Mientras tanto, el día 4 de julio de 1894 se proclama la República en
Haway, estableciéndose un gobierno constitucional bajo la presidencia de
Dole. Surgió el nuevo régimen en las mejores condiciones de viabilidad,
las que pocos meses después se vieron acrecentadas cuando con motivo de
una intentona de revolución por parte de los realistas, sofocada apenas
surgió, la reina, después de ser arrestada, hubo de renunciar al trono
con toda formalidad.
Poco tiempo después de establecida la República, ocurrió un suceso que
de hecho constituyó un reconocimiento por parte de los Estados Unidos,
para aquélla. El Gobierno de la Gran Bretaña se dirigió al de Haway,
pidiéndole autorización para establecer en una de las islas del grupo
una estación para un cable submarino.
El gobierno fué propicio a conceder el permiso, pero como de acuerdo con
un tratado celebrado el año 1850 entre los Estados Unidos y Haway, no se
podía otorgar una concesión a un gobierno extranjero sin el
consentimiento del de Washington, a éste se acudió en demanda de dicha
autorización. El Presidente Cleveland trasmitió el asunto al Congreso,
recomendando favorablemente la concesión, pero aquél la desestimó por no
considerarla compatible con los intereses de la Unión.
Nada más se volvió a tratar con respecto a Haway, durante el término de
la presidencia de Cleveland; pero en 1897, apenas lo sustituyó William
Mc-Kinley, renovaron sus esfuerzos los partidarios de la anexión,
logrando su propósito, pues se suscribió en 16 de junio un Tratado en el
cual el gobierno de las islas hacía cesión de éstas al de los Estados
Unidos. Dicho Tratado estaba concebido en los mismos términos que el
redactado en 1893; sólo diferían en que en aquella oportunidad se le
otorgaba una pensión a la reina, mientras que ahora no. Al conocerse el
Tratado en el Senado, se levantó contra el mismo una viva oposición. Los
demócratas, especialmente los amigos del expresidente Cleveland, eran
opuestos al Tratado, mientras que los republicanos lo defendían. Pasaron
algunos meses, y como no se viera la posibilidad de obtener las dos
terceras partes que se necesitaban para conseguir la ratificación, ante
el peligro de la derrota, que fué el mismo que se corrió cuando la
anexión de Texas, se apeló al propio remedio a que entonces se recurrió:
el de salvar la dificultad por medio de una "resolución conjunta", ya
que ésta, para ser aprobada, sólo requería la mayoría ordinaria. A
principios del año 1898 se presentaron en el Senado y en la Cámara,
simultáneamente, sendos proyectos de "resolución conjunta", y de acuerdo
con los reglamentos de dichos cuerpos debía quedar detenida la discusión
del Tratado hasta tanto que no fueran votados dichos proyectos. En
éstos, con toda habilidad, se introdujo una modificación con respecto a
algo muy importante que se establecía en el Tratado. Se había consignado
en éste que Haway habría de ser en el futuro un Estado de la Unión, y
como fuera éste, precisamente, el blanco a que se dirigían los tiros de
los opositores, se excluyó tal promesa de los citados proyectos de
"resoluciones conjuntas", limitándose éstas a consignar, que los Estados
Unidos admitían a Haway como parte de su territorio.
Por estos mismos días ocurrían otros sucesos, de tanta importancia que
hicieron decaer el interés del asunto de Haway: nos referimos a la
tirantez de relaciones con España con motivo de la cuestión cubana y que
culminó en la declaración de guerra que hizo el Congreso en 21 de abril.
Mas, por singular coincidencia, los sucesos de esta misma guerra
pusieron de manifiesto la conveniencia de adquirir a Haway. El ejército
que debía pelear en Filipinas no podía emprender su largo viaje sin
contar con hacer alguna escala, y ningún lugar más a propósito que la
bahía de Honolulu. El Gobierno de Haway hizo el ofrecimiento, y éste fué
aceptado y cuando la expedición llegó a las islas, el pueblo la acogió
con muestras de entusiasmo. No tardó, pues, en agitarse de nuevo en el
Congreso el asunto de la anexión de Haway, iniciándose el debate en la
Cámara. Se adujeron por los opositores algunos de los argumentos
esgrimidos cuando se trató de la compra de la Louisiana. Otra vez se
dijo que con la anexión se infringían los principios políticos
contenidos en la declaración de independencia y que no se podía
considerar como una posible consecuencia de la facultad de hacer
tratados la adquisición del territorio extranjero. También se dijo que
con la adquisición de Haway se infringía la doctrina de Monroe, supuesto
que si los Estados Unidos no admitían en su continente la ingerencia de
un poder extraño, tampoco ellos, por su parte, debían adquirir
territorio en otro continente, y que el resultado de la anexión habría
de ser el de convertir a la nación en potencia colonial, lo que
implicaba un aumento considerable del Ejército y la Marina de guerra.
Casi toda la oposición, especialmente la que se hizo en el Senado,
estuvo inspirada en los intereses de los azucareros de los Estados
Unidos, los que veían un perjuicio en la competencia que habría de
hacerles el azúcar de Haway; pero a pesar de ella, en 15 de junio aprobó
la Cámara el proyecto de anexión, y el Senado lo hizo en 6 del mes
siguiente.
El día 12 de agosto del propio año tuvo efecto en las islas el acto de
su ocupación por el Gobierno de los Estados Unidos, y en abril de 1900
aprobó el Congreso la Ley por la cual se rigen. Está inspirada dicha ley
en las que anteriormente habían sido redactadas para gobernar los
territorios contiguos a la Unión. La Constitución fué aplicada a Haway,
gozando sus hijos de la ciudadanía de los Estados Unidos y en cuanto al
gobierno, constituyóse éste con un gobernador, nombrado por el
Presidente, y una Cámara de origen popular, la que tiene el derecho de
enviar a Washington un delegado ante la Cámara de Representantes, con
voz, pero sin voto.
(C)
(1898) PUERTO RICO, LAS FILIPINAS Y GUAM.
Apenas iniciada la revolución cubana que estalló el año de 1895, púsose
de manifiesto la simpatía del pueblo norteamericano por la causa de los
revolucionarios. El Gobierno se había mantenido impasible ante el
conflicto, no obstante las excitaciones que le dirigía una buena parte
de la opinión para que actuase, de alguna manera, en favor de los
cubanos. Resistió cuanto pudo, pero llegó un momento en que tuvo que
ceder a la opinión. Fué entonces, cuando la Secretaría de Estado le
dirigió al Gobierno de Madrid la famosa nota de 23 de septiembre de 1897
requiriéndolo para que el mes siguiente dejara pacificada la isla.
España en 25 de noviembre le concedió a Cuba la autonomía; pero ya era
tarde: los revolucionarios no quisieron aceptarla y continuó por parte
del pueblo norteamericano el sentimiento de hostilidad hacia la
dominación de aquella nación en la isla. Después, la explosión del
acorazado _Maine_ en el puerto de la Habana, en la noche del día 15 de
febrero del año siguiente, producida, según informó la comisión
americana nombrada al efecto, por una mina submarina, precipitó los
acontecimientos y decidió la suerte de Cuba. En 18 de abril ambas
Cámaras, aprobaron la siguiente "Resolución Conjunta" que dos días
después sancionó el Presidente:
Considerando que el aborrecible estado de cosas que ha existido en
Cuba, durante los tres últimos años, en Isla tan próxima a nuestro
territorio, ha herido el sentido moral del pueblo de los Estados
Unidos, ha sido un desdoro para la civilización cristiana y ha
llegado a su período crítico con la destrucción de un barco de
guerra norteamericano y con la muerte de 266 de sus oficiales y
tripulantes, cuando el buque visitaba amistosamente el puerto de la
Habana;
Considerando que tal estado de cosas no puede ser tolerado por más
tiempo, según manifestó ya el Presidente de los Estados Unidos, en
Mensaje que envió el 11 de abril al Congreso, invitando a éste a
que adopte resoluciones:
El Senado y la Cámara de Representantes, reunidos en Congreso
acuerdan:
"Primero: Que el pueblo de Cuba es y debe ser libre e
independiente.
"Segundo: Que es deber de los Estados Unidos exigir y por la
presente su Gobierno exige, que el Gobierno español renuncie
inmediatamente a su autoridad y gobierno en Cuba y retire sus
fuerzas, terrestres y navales, de las tierras y mares de la Isla.
"Tercero: Que se autoriza al Presidente de los Estados Unidos y se
le encarga y ordena que utilice todas las fuerzas militares y
navales de los Estados Unidos y llame al servicio activo las
milicias de los distintos Estados de la Unión, en el número que sea
necesario para llevar a efecto estos acuerdos.
"Y cuarto: Que los Estados Unidos, por la presente, niegan que
tengan ningún deseo ni intención de ejercer jurisdicción, ni
soberanía, ni de intervenir en el Gobierno de Cuba, si no es para
su pacificación y afirman su propósito de dejar el dominio y
gobierno de la Isla al pueblo de ésta, una vez realizada dicha
pacificación."
El Gobierno de Madrid estimó que la negación de la soberanía de España
en Cuba y la amenaza de una intervención armada equivalía a una
declaración de guerra e inmediatamente retiró su representación
diplomática de los Estados Unidos, quedando rotas las hostilidades.
Realmente, la acción de los Estados Unidos se encaminaba a obtener la
independencia de Cuba; pero eso no significaba que las operaciones
militares habrían de tener por único escenario a dicha isla. Las
necesidades de la guerra exigían que las actividades militares se
desenvolvieran en las diversas posesiones españolas y así se hizo, según
inmediatamente hemos de ver.
Cuatro días después de votada la Resolución Conjunta, el Comodoro Dewey,
al mando de la escuadra americana del Pacífico, estacionada en aguas
chinas, se dirigió en busca de la española, mandada por el Almirante
Montejo y que se encontraba en la bahía de Manila, frente al puerto de
Cavite. La noche del día 30, la escuadra americana, aprovechando la
obscuridad, inesperadamente, con gran sorpresa para las autoridades
españolas, penetró en la bahía y al amanecer del día siguiente, apenas
había aclarado, se inició la batalla, quedando hundidos o apresados
todos los barcos españoles, poco después del mediodía.
El Comodoro Dewey no disponía de tropas de desembarco y debido a esto,
no pudo atacar a Manila, permaneciendo la escuadra, en espera de
refuerzos. A los tres meses llegaron éstos, e iniciado el ataque se
rindió la ciudad el día 13 de agosto.
La otra batalla naval de esta guerra tuvo por teatro a Santiago de Cuba.
La escuadra española, que estaba anclada en dicha bahía, desde el 19 de
mayo, recibió órdenes de salir. El Almirante Cervera sabía que iba al
sacrificio, pero obedeció. Así sucedió: en la mañana del día 3 de julio
la escuadra se hizo a la mar y apenas había abandonado el puerto, a
corta distancia de éste, la escuadra americana que lo bloqueaba fué
destruyendo uno a uno los barcos que la formaban.
Al mismo tiempo, el ejército americano que había desembarcado y que en
1º de dicho mes había sostenido los combates del _Caney_ y _San Juan_,
ponía sitio a la ciudad, la que se rindió el día 16 de ese mes.
A fines de este mismo mes, otro ejército desembarcaba en Puerto Rico y
se hacía dueño de las poblaciones más importantes sin encontrar
resistencia.
Ante situación tan difícil para España, su Gobierno juzgó oportuno pedir
la paz y así lo hizo, dándole instrucciones al efecto a Cambon,
Embajador de Francia en Washington. España pretendió, en esas
negociaciones, salvar del desastre la posesión de sus colonias con
excepción de Cuba. No era justo, se decía, considerar como una conquista
definitiva a todas las colonias por el simple hecho de que en una de
ellas la suerte de las armas haya sonreído al soldado americano; y con
respecto a Cuba, temerosa de "los peligros de una independencia
prematura" y "en interés de las personas y de los bienes de los
españoles, de los extranjeros y aun de los americanos que allí residen",
era preferible cederla a los Estados Unidos.
Varios días duraron estas negociaciones y al fin el 12 de agosto firmóse
el protocolo preliminar. Se estipulaba en este documento, que España
renunciaría su soberanía sobre Cuba; que cedería a los Estados Unidos la
isla de Puerto Rico y las demás de las Indias Occidentales, así como una
del grupo de las Ladronas y que con respecto a las Filipinas, el Tratado
de Paz determinaría lo concerniente a su intervención, disposición y
gobierno y que cada nación nombraría cinco comisionados que se reunirían
en París el día 1º de octubre, lo más tarde, para negociar la paz y que
mientras tanto se suspenderían las hostilidades.
En la expresada fecha se reunieron en París, en uno de los salones del
Ministerio de Negocios Extranjeros, los comisionados de la paz. El Rey
de España estaba representado por Eugenio Montero Ríos, Buenaventura de
Abarzuza, José de Garnica, Wenceslao Ramírez de Villa-Urrutia y Rafael
Cerero y representaban al Presidente de los Estados Unidos, William R.
Day, Cushman K. Davis, William P. Frye, George Gray y Witelaw Reid.
El primer asunto de que se trató en las conferencias, fué el relativo a
Cuba. Pretendieron los comisionados españoles que se estipulara en el
Tratado que los Estados Unidos asumirían la soberanía de la isla; pero
los americanos negáronse a semejante pretensión, como no podían por
menos, dado que en la Resolución Conjunta que provocó la guerra, había
declarado el Congreso que el pueblo cubano debía ser libre e
independiente. Cuando se convencieron los comisionados españoles de que
esa pretensión era inaceptable, plantearon otra, la de que la isla se
hiciera cargo de la llamada deuda cubana, que sumaba unos $350,000.000.
Igualmente se opusieron los comisionados americanos a dicha pretensión,
por estimar que la referida deuda no había sido contraída en beneficio
de Cuba. Lo que en definitiva se convino con respecto a esta isla, fué
objeto del artículo 1º del Tratado, cuyo tenor es el siguiente:
España renuncia todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba.
En atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a
ser ocupada por los Estados Unidos, los Estados Unidos mientras
dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones
que por el hecho de ocuparlas, les impone el Derecho internacional,
para la protección de vidas y haciendas.
Pocos inconvenientes pusieron los españoles a la cesión a los Estados
Unidos de la isla de Puerto Rico y de las demás islas que poseía España
en las Indias Occidentales, así como a la de Guam, en el Archipiélago de
las Marianas o Ladronas. Donde surgieron las dificultades, fué al tratar
de las Filipinas. El protocolo preliminar no contenía una solución
definitiva y el presidente de los Estados Unidos, por su parte, no le
había dado instrucciones concretas a los comisionados. Estos estaban
divididos en sus opiniones. Day y Gray entendían que dichas islas debían
quedar en poder de España; Davis y Frye eran partidarios de que los
Estados Unidos adquirieran una de las islas, la de Luzón, para
destinarla a estación naval y por su parte Reid entendía que los
Estados Unidos se debían anexar todo el Archipiélago. Esta última fué la
opinión que prevaleció, en definitiva, entre los comisionados.
Contribuyó a que la misma imperase, un informe que le pidieron los
comisionados al General Merrit, recién llegado a París, de las
Filipinas. Dijo el General Merrit, que el pueblo filipino no estaba en
condiciones de establecer un gobierno independiente y eficaz y que la
parte más ilustrada de la población era partidaria de que las islas se
sometieran a la soberanía de los Estados Unidos. Realmente, esta
solución era la más adecuada. Dejar el destino de las islas, en aquellos
momentos, en manos de los filipinos, era entregar el país a la anarquía;
y por otro lado, tampoco era justo que quedaran sometidas a España, pues
como entonces se dijo por los que defendían la anexión, si la guerra se
había hecho para terminar con el desgobierno de una colonia ¿por qué se
había de permitir que otra colonia quedara sumida en ese mismo desorden?
Los comisionados españoles resistieron cuanto pudieron a la cesión,
alegando que la toma y ocupación de Manila no equivalía a la conquista
de las islas y que el Embajador Cambon había sido instruído, cuando
negoció el protocolo preliminar, a nombre de España, de que ésta se
reservaba su soberanía sobre las Filipinas. No negaron los americanos
que el Embajador Cambon hubiera pretendido hacer esa declaración, pero a
su vez adujeron que el Gobierno de Washington, frente a la misma, había
sostenido que la situación de Filipinas habría de ser resuelta en el
Tratado de Paz, criterio que en definitiva se había consignado en el
Protocolo y como insistieran en exigir semejante condición, los
comisionados españoles al fin accedieron a ella, en la siguiente forma:
España cedía las islas a los Estados Unidos y recibía $20,000.000.00,
como indemnización, no como venta.
Tales fueron las estipulaciones del Tratado de Paz, en lo referente a la
cesión de las islas de Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Fué suscrito
en 10 de diciembre y ratificado por el Senado de los Estados Unidos en 6
de febrero del año siguiente.
Puerto Rico y Filipinas se gobiernan hoy, respectivamente, por un
Gobernador nombrado por el Presidente de los Estados Unidos y dos
cámaras legislativas; una baja de origen popular y otra alta formada por
funcionarios de cierta categoría y por un corto número de prominentes
ciudadanos designados por el Gobernador. La organización del gobierno de
estas posesiones, se asemeja mucho a la de las colonias británicas. En
cambio la isla de Guam, se gobierna, como la de Tutuila, por un oficial
de la marina investido de plenas facultades. La escasez y poca cultura
de la población de esta isla ha sido sin duda el motivo de que el
Gobierno de Washington no haya establecido en la misma, cual lo ha hecho
en Puerto Rico y las Filipinas, el principio de la representación
popular.
(D)
(1899) TUTUILA.
El grupo de islas Samoa o de los Navegantes, se encuentra en la
Polinesia, Oceanía. Sus tierras ocupan un área de 2,787 kilómetros.
Hasta ya entrado el siglo XIX no fueron bien conocidas estas islas.
Fueron los norteamericanos los primeros que sostuvieron relaciones
comerciales con ellas. En la segunda mitad de dicho siglo, se estableció
en el archipiélago, la "Polynesian Land Company" que llegó a adquirir
gran importancia y a ejercer una verdadera influencia en sus destinos.
Los alemanes no tardaron en seguir a los norteamericanos; establecieron
a su vez la casa de comercio de Goddeffroy, cuyos negocios tuvieron
verdadera importancia. Unos y otros pretendieron siempre mezclarse en
los asuntos políticos interiores, a fin de ponerlos al servicio de sus
respectivos intereses, hasta tal punto, que la historia de Samoa, en la
segunda mitad del siglo pasado, no es más que la historia de la
rivalidad entre dos familias, la de los Malietoa y la de los Tubua,
alentadas y mantenidas en sus aspiraciones por americanos y alemanes.
El año 1875 los Malietoa, apoyados por el Cónsul de los Estados Unidos,
Coronel Steinberger, lograron elegir Rey a uno de sus miembros; pero los
Tubua, apoyados por los alemanes, promovieron una revolución que les
arrebató el gobierno y una vez que consiguieron el poder, concertaron,
en julio de 1877, un tratado con Alemania por el que le dieron el
tratamiento de nación más favorecida. No se conformaron los intereses
norteamericanos vinculados en las islas, con el predominio de Alemania;
agitáronse y obtuvieron a su vez del gobierno de las mismas, en enero
del año siguiente, la cesión a los Estados Unidos de la espléndida
bahía de Pago-Pago. El gobierno alemán protestó de dicha cesión y
deseoso de aumentar su influencia en Samoa, en enero de 1879 celebró un
nuevo tratado, que casi equivalía a la cesión del archipiélago en su
favor y que produjo el resultado de poner el comercio, en su casi
totalidad, en manos alemanas.
La lucha entre los dos bandos que se disputaban el poder, no
desapareció: se mantuvo en las mismas condiciones, avivada siempre por
los elementos extranjeros, alemanes y norteamericanos, al que se agregó
uno más, deseoso también de ejercer influencia en las islas: el inglés.
El año de 1889, Bismarck convoca a una conferencia en Berlín a la Gran
Bretaña y a los Estados Unidos a fin de tomar una orientación definitiva
y como resultado de esa conferencia, se suscribió una convención, cuyas
estipulaciones más importantes fueron éstas: se mantendría la soberanía
e independencia de las islas, pero las tres naciones controlarían el
poder judicial y las aduanas, sin que ninguna de ellas pudiera tener
mayor autoridad y mayores privilegios que las otras; los Estados Unidos
conservarían el puerto de Pago-Pago y a su vez Alemania podría
establecer una estación carbonera en Apia.
Durante diez años se mantuvo esa convención, pero como en 1898 se
reprodujeron los disturbios en las islas, Alemania propuso darla por
terminada; suprimir su soberanía y repartirse el territorio. Así se
acordó por el tratado concertado entre la Gran Bretaña, Alemania y los
Estados Unidos, en 2 de diciembre de 1899. De acuerdo con esta
convención, los Estados Unidos se quedaron con una de las islas, la de
Tutuila y Alemania con las de Upolu y Sawaii y por su parte la Gran
Bretaña recibió de este Imperio, determinadas compensaciones en Africa.
Los Estados Unidos gobiernan la isla de Tutuila por medio de un oficial
de marina, investido de plenos poderes.
(E)
(1916) LAS ANTILLAS DANESAS.
A unas cincuenta millas al Este de Puerto Rico, se encuentra el grupo de
islas conocidas con el nombre de antillas danesas. Son tres: San
Thomas, San Juan y Santa Cruz. La primera de éstas es la más importante,
teniendo su costa sur la ciudad de Carlota Amalia, con un magnífico
puerto. Entre las tres ocupan un área de unas 140 millas cuadradas y se
calcula la población en más de 30,000 habitantes.
A principios del año 1865, a la sazón en que Lincoln ocupaba la
Presidencia y Seward la Secretaría de Estado, el Gobierno inició
negociaciones con el de Dinamarca para la compra de las islas. Por
consecuencia de dichas negociaciones, en 24 de octubre de 1867 se
celebró un Tratado en Copenhague. Según sus estipulaciones, Dinamarca
cedía a los Estados Unidos, en precio de $7,500.000.00, dos de las
islas, la de San Thomas y la de San Juan, previo un plebiscito de los
habitantes de las mismas y bajo la condición de que éstos fueran
admitidos, como ciudadanos de la Unión, una vez realizada la anexión.
El pueblo de las islas, casi unáni
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